Solo en lo que va del 2025, el Congreso de la República ha aprobado pagar la defensa legal de cinco congresistas investigados por la Fiscalía de la Nación. Estos son Gustavo Cordero (Somos Perú), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Marleny Portero (Acción Popular), Kelly Portalatino y Américo Gonza (Perú Libre).
Los acuerdos fueron adoptados por la Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), entre febrero y marzo actual.
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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
De acuerdo con lo establecido por Ley del Servicio Civil, los legisladores tendrán que reembolsar los gastos asumidos por el Congreso si, al finalizar los procesos penales, son condenados.
La misma ley establece que los servidores civiles tienen derecho a recibir defensa y asesoría legal financiada por la entidad a la que pertenecen. Este respaldo cubre su representación en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, así como en investigaciones congresales y policiales.
Por presunta organización criminal
Los congresistas Portero y Gonza enfrentan una investigación fiscal por presunta organización criminal y tráfico de influencias agravado.
En enero de 2023, los legisladores fueron incluidos por el Ministerio Público en el Caso Los Niños, que ya se seguía contra el expresidente Pedro Castillo y otros congresistas.
Según la tesis fiscal, un grupo de legisladores se habría comprometido a votar en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros a cambio de obtener beneficios indebidos.
De acuerdo con el testimonio del colaborador eficaz CE-11-2022, Castillo encargó al exasesor Auner Vásquez captar a congresistas de Acción Popular, entre quienes se encontraría Portero.
En marzo de 2023, la fiscalía allanó las viviendas de Portero, Gonza y otros legisladores por ese caso, como parte de un megaoperativo denominado “Los pequeños II”. La diligencia fue autorizada por el juez supremo Juan Carlos Checkley y estuvo a cargo del fiscal Marco Huamán.
Los acuerdos del Congreso de pagar los gastos de Portero y Gonza fueron adoptados los pasados 11 y 4 de marzo, respectivamente, en sesiones de la Mesa Directiva. Esta la integran Salhuana (presidente), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País), primera, segundo y tercer vicepresidente del Parlamento, respectivamente.
El Comercio buscó obtener los comentarios de Portero; no obstante, informó mediante su personal de prensa que no responderá por el momento.
No fue posible localizar a Gonza hasta la publicación de este nota. El legislador ha acusado a la fiscalía de estar “alineada” e “ideologizada”.
Cohecho y negociación incompatible
En tanto, el congresista Cordero es investigado por los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio.
El 1 de marzo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo incluyó junto a otros legisladores en la carpeta fiscal 1228- 2023, sobre una investigación contra la extitular del Ministerio Público Patricia Benavides.
La hipótesis fiscal es que Benavides se comprometió a archivar denuncias contra diversos congresistas a cambio de que estos voten a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Por ese caso, el pasado 11 de marzo, la Mesa Directiva dispuso que la Dirección General de Administración del Congreso realice las acciones administrativas y presupuestales necesarias para la contratación de la defensa legal de Cordero.
En paralelo, Cordero y otros cuatro congresistas denunciaron constitucionalmente a Espinoza. Le atribuyen haber incurrido en infracción constitucional y ser responsable de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de función pública.
El mismo 11 de marzo, la mesa autorizó solventar la defensa legal de Kelly Portalino, investigada por presunta negociación incompatible.
De acuerdo con la fiscalía, Portalatino habría realizado gestiones indebidas para la contratación de un funcionario en el Ministerio de Salud y otro en la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso.
La legisladora no respondió a nuestros intentos de comunicación hasta el cierre de esta publicación. No obstante, en febrero pasado acusó al Ministerio Público de perder “todo tipo de objetividad”.
De acuerdo con Portalatino, “todos los testigos habían manifestado que los hechos que se le imputan eran inadecuados y falsos”. Agregó, en diálogo con Canal N, que generaría una defensa férrea para evitar que se manche su imagen como política y mujer.
“No es un gasto arbitrario”
En el caso de Patricia Chirinos, el Congreso cubrirá los gastos de su defensa en una investigación por presunto peculado doloso.
No es la primera vez que el Parlamento aprueba solventar la defensa legal de Chirinos. El año pasado también lo hizo en otra investigación fiscal en su contra por presunta organización criminal.
Por ese caso, Chirinos planteó que su defensa lo asuma el Estudio Abanto Verástegui Abogados, que presentó una propuesta de honorarios por S/ 41.200 por todo el proceso penal. Así lo revelan documentos a los que accedió este Diario mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La legisladora respondió a El Comercio, mediante su despacho parlamentario, que no es un desembolso sin sustento del Congreso.
“No se trata de ningún favor ni de un gasto arbitrario del Congreso. Es el ejercicio de un derecho contemplado por ley, que garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia de todo servidor público en el marco de una investigación”, dijo.
Propone cambios
La congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) planteó mediante un proyecto de ley que los funcionarios públicos procesados sean defendidos por abogados de la Defensa Pública.
Paredes aseguró que su iniciativa busca corregir el uso indebido de los recursos públicos destinados a la defensa legal de servidores que, sobre todo, han incurrido en delitos.
La legisladora destacó que el Estado está solventando los gastos por la defensa del exministro del Interior Juan José Santiváñez, y lo hizo también por policías procesados en el Caso Escuadrón de la Muerte.
No obstante, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía señaló que la propuesta no considera que buena parte de servidores civiles que no son mediáticos terminan involucrados “en investigaciones sin fundamento, por el solo hecho de ser funcionarios públicos”.
“El Estado debe colaborar con esos funcionarios para que puedan tener una defensa de su propia elección. Los defensores públicos, lamentablemente, ya tienen una serie de dificultades por falta de personal, carga laboral, capacidades, operatividad; entonces, darles una carga adicional va en desmedro de ellos y de quienes buscan una defensa eficiente”, dijo.
En opinión de Andía, la propuesta de Susel Paredes no es la verdadera solución al problema. “Es cierto que se ha visto defensas que son exorbitantes. Mi parecer es que ponerle un límite, haciendo un estudio de mercado adecuado, podría ser una solución. Además, recordemos que si el funcionario es sentenciado, tiene que devolver el dinero. Ahí habría que poner algún tipo de medida que asegure la devolución”.
El abogado André Sota, profesor de Derecho Penal en ESAN, agregó que la ley vigente abre la posibilidad de que los funcionarios accedan a una defensa eficaz. “No veo dónde está el perjuicio para el Estado porque el dinero se recuperaría si el funcionario ha cometido un delito”.
Sota señaló que el proyecto de ley no cumple con un análisis de costo - beneficio. “El costo para el Estado será tremendo. No se incentivará a las personas a que puedan acceder a un cargo público. [...] Decir que van a poder contar con la defensa pública, desafortunadamente es dejarlos sin una defensa eficaz”, dijo.
Sota se refirió a la posibilidad de establecer topes en los montos, para evitar fraudes a la ley, y un sistema escalonado de cobros, de acuerdo con las etapas del proceso penal.
Además…
Pago por armadas
El Congreso financia la defensa legal de los legisladores en cuatro pagos escalonados. El primero equivale al 35% del total y se entrega tras la presentación del informe de evaluación preliminar del caso. El segundo, correspondiente al 15%, se otorga una vez que el abogado presenta un informe detallando las acciones realizadas hasta la conclusión de la etapa de indagación preliminar, previo a la emisión de la resolución de sobreseimiento o formalización de la denuncia.
El tercer pago, que representa el 25%, se efectúa tras la entrega del informe sobre las estrategias y acciones a seguir en el juicio contra el funcionario. Finalmente, el último 25% se abona tras la resolución que pone fin al proceso judicial.
