Inmunidad parlamentaria: ¿Cómo se ha venido aplicando y qué impacto tendrá su eliminación?

De ser aprobado el texto por el pleno en esta y la siguiente legislatura, la propuesta reformaría la Constitución en su artículo 93, retirando el vigente trámite de levantamiento de la inmunidad tanto para el procesamiento como para el arresto de un parlamentario. En su lugar, se establecería que estos sean directos y de competencia exclusiva de la Corte Suprema. También se establecería que, para delitos cometidos antes de ejercer la función de congresista, aplique la justicia ordinaria.

El texto de la propuesta no especifica términos relativos a la prisión, como sí lo hace el artículo vigente de la Carta Magna. Sin embargo, en diálogo con El Comercio, el congresista Omar Chehade -presidente de la Comisión de Constitución- aclaró que, al ser la Corte Suprema la encargada del procesamiento, cualquier medida de privación de libertad sí sería aplicable. Además, añadió que otras precisiones al respecto serían reguladas con normas conexas.

“Si [el legislador] es procesado por la Corte Suprema, y tiene una medida cautelar de prisión preventiva, entonces, obviamente, irá a prisión. Este es un texto constitucional: ‘ley de leyes’. Por técnica legislativa, los detalles son tipificados en leyes ordinarias”, dijo el parlamentario.

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¿Cómo está regulada y cómo se aplica la inmunidad parlamentaria actualmente?

Bajo la regulación vigente, es la Corte Suprema de Justicia, mediante su Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la que formula estos pedidos al Congreso. En el propio Legislativo, existe a la vez una comisión homónima, que está conformada por cinco legisladores. Cuando la Suprema presenta la solicitud formal, la presidencia del Congreso notifica a ese grupo de trabajo para la evaluación.

Todo este procedimiento está establecido por el artículo 16 del Reglamento del Congreso. Para admitir la solicitud, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso se asegura de que no existan motivaciones políticas detrás del eventual procesamiento o arresto del funcionario.

Luego, si la Comisión admite el pedido, se inicia un procedimiento en ese fuero, donde se le permite al congresista imputado declarar en su propia defensa o junto a un abogado.

Después de esta fase, en un plazo que no exceda los 15 días, la Comisión dictamina. Solo con ese dictamen que apruebe el levantamiento, el debate y la votación pasan al Pleno del Congreso. Se requiere mayoría simple de votos.

El abogado constitucionalista Rafael Sánchez Ríos recuerda que la inmunidad, como prerrogativa de los congresistas, se estableció con el propósito de evitar persecuciones políticas. Así, burocratizando su levantamiento en el propio Congreso, la pretensión es que se filtren casos de verdadera motivación penal. Sin embargo, advierte que la inmunidad no ha sido aplicada bajo esa lógica, sino que ha terminado como un mecanismo para obstaculizar la acción de la justicia.

“La inmunidad parlamentaria fue diseñada con la idea de evitar la persecución política de los congresistas mediante acusaciones o procesos direccionados con ese fin. Es una lógica de protección que originalmente apunta a situaciones ajustables a regímenes autoritarios. Sin embargo, en la Constitución, esta inmunidad está concebida de manera bastante amplia y generosa. Y esto ha devenido en una manipulación o en una discrecionalidad mal entendida a nivel del Congreso”, señala Sánchez.

Una historia repetida

Durante los últimos dos Congresos, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema ha formulado solicitudes por hasta 21 legisladores diferentes. En la anterior gestión, dos de esos casos fueron de arresto: el de Benicio Ríos y el de Edwin Donayre. Aquí recordamos algunos casos y a cuántas etapas llegó su trámite en el Congreso:

La eliminación de la inmunidad no aplicaría para congresistas ya sentenciados

Actualmente, en el Congreso sigue en suspenso el caso del legislador Humberto Acuña (Alianza para el Progreso). En setiembre de este año, Acuña fue sentenciado en doble instancia a tres años de prisión suspendida y de inhabilitación de cargo público por su complicidad en el delito de cohecho activo genérico.

De acuerdo con la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lambayeque, que ratificó el fallo, Acuña permitió el pago de un soborno a un policía para evitar que lo investigara como gobernador de la región. A fin de revocar su condena, Acuña interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, el cual fue admitido y se encuentra en proceso.

Consultado sobre este caso, el abogado penalista Carlos Caro Coria precisa que, de ser aprobada la reforma que propone la Comisión de Constitución del Congreso, esta no sería aplicable a situaciones de procesos concluidos como el de Acuña. En otras palabras, aún se le tendría que levantar la inmunidad bajo los estándares clásicos. O, en todo caso, el desafuero, como lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.

“Una modificación de este tipo no se aplica hacia atrás. En el supuesto de que esta reforma se concrete oportunamente, casos como el de Acuña tendrían que acogerse al texto anterior de la Constitución. Este caso de Acuña es particular porque su gestión parlamentaria acaba en julio y lo único efectivo que se le ha dictado es la inhabilitación. Entonces, si el levantamiento de su inmunidad no procede para antes de julio, no se haría efectiva ninguna sanción”, indicó Caro.

El penalista anota también que los recursos de casación no imposibilitan que la Corte Suprema solicite el levantamiento de inmunidad de los congresistas, sino que ellos lo han interpretado equivocadamente así. “La casación no impide la ejecución de la pena. Se trata de un recurso extraordinario que no detiene los efectos de la sentencia firme. Pero ese siempre ha sido un argumento del Congreso para frenar levantamientos de inmunidad”, señaló.

La abogada penalista Liliana Calderón Jacinto coincide sobre este punto. “En el caso de Acuña, no se podría argumentar que no existe sentencia firme. La casación no funciona como una segunda instancia adicional o tercera instancia, sino que es un recurso extraordinario que se presenta cuando la persona siente vulnerado su derecho al debido proceso”.

De la misma manera, para el también penalista Andy Carrión Zenteno, la eliminación de la inmunidad parlamentaria no podría aplicarse a casos que ya estén sentenciados al momento en que se oficialice la reforma.

“Por principio de legalidad, por más modificación que se impulse o concrete, sigue rigiendo la norma que en su momento estaba vigente. Esta modificatoria alcanza, pero siempre a los casos a futuro”, remarcó Carrión.

El pasado 5 de julio, el Pleno del Congreso había aprobado, con 110 votos a favor, un texto sustitutorio que proponía no solo eliminar la inmunidad parlamentaria, sino también inhabilitar prerrogativas similares para altos funcionarios, como el presidente de la República, el defensor del Pueblo y los miembros del TC.

La decisión fue cuestionada porque no hubo dictamen de por medio para esas modificaciones. De no votarse hasta el término de la presente legislatura, ese otro texto pasaría al archivo.

• Lo que pasó el 5 de julio: Congreso elimina inmunidad parlamentaria y modifica otros artículos de la Constitución sin previo análisis

Este es el texto del predictamen de la Comisión de Constitución:

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