Desde el año pasado, los congresistas están obligados a presentar una declaración jurada de intereses (DJI) donde transparenten las empresas en las que tienen participación. Un cruce de información entre sus declaraciones y la base pública de la Sunat permite conocer que las empresas de al menos 12 congresistas registran deudas coactivas a la fecha.
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Tras una larga resistencia, el Congreso pasado aprobó una norma que los obliga a transparentar la información de sus empresas y de familiares. La contraloría es la encargada de recibir y transparentar esa información.
Hasta ayer, en el portal del órgano de control solo figuraban las declaraciones de 104 parlamentarios, pese a que el plazo venció en agosto.
Principales deudas
La cobranza coactiva ocurre cuando la Sunat envía documentos de cobranza y la persona o empresa no ha cancelado dentro del plazo.
José Luna, vocero de la bancada de Podemos, encabeza la lista de congresistas cuyas empresas figuran en los registros de la Sunat. Son cuatro firmas cuyas deudas suman S/54.014. La empresa Universidad Ciencias de la Salud S.A.C. es la que mayor deuda tiene (S/32.896). Se trata de un centro universitario ubicado en Arequipa, a la que la Sunedu le denegó el licenciamiento en el 2019. Su otra universidad, Telesup, que tampoco logró el licenciamiento, registra una deuda. La Sunat especifica que la mayoría de acreencias es por pagos no cumplidos a la ONP o Essalud. Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el legislador Luna.
El segundo congresista con mayor deuda es Héctor Valer, quien ingresó al Parlamento con Renovación Popular, pero hoy forma parte de Somos Perú-Partido Morado. Sus tres empresas deben S/42.180. Solo Luna y Valer registran casi S/100 mil en deuda coactiva.
“Está judicializado eso, está desde hace varios años. Es un acotamiento de la Sunat sin notificación alguna, respecto a mis honorarios profesionales posiblemente. Nunca me dijeron por qué. En algún momento la Sunat tendrá que darse cuenta del error que ha cometido, ahí lo están viendo los abogados”, dijo Valer.
Miguel Ciccia, de Renovación Popular, alegó que la empresa Comercial Reggio E.I.R.L., que debe un total de S/36.867, ya no funciona y que no recordaba el origen de la acreencia. Idelso García, de Alianza para el Progreso, cuya empresa Construcciones Progreso Max debe S/21.257, indicó que se trata de “un problema de la AFP”, y que no debería tener esa deuda.
Enrique Wong, vicepresidente del Congreso, tiene una clínica con sus hermanos. El lunes pasado, el centro de salud registraba una deuda de S/52.951, pero para el viernes 17, esta se redujo a S/37.975.
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