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En apenas tres meses, la oposición parlamentaria –Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular– falló en dos intentos de vacar al presidente Pedro Castillo. Después de esas batallas perdidas, ahora las referidas bancadas evalúan nuevos escenarios con una mirada a largo plazo. Sin embargo, primero deberán resolver algunas fisuras internas que han ido aumentando en las últimas semanas.
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“La oposición en estos momentos está en período de duelo. La última derrota [en la vacancia] ha causado fricciones. Lo peor fue confiar en que Acción Popular votaría a favor para despercudirse del caso de ‘Los Niños’. Fallaron los cálculos”, reconoce una fuente congresal que participó en las coordinaciones del bloque opositor.
A estas fricciones se suman las causadas durante el camino para la censura del ahora exministro de Salud Hernán Condori. Fuerza Popular inició el proceso, Renovación Popular pidió una interpelación (con lo cual quedó sin efecto la moción fujimorista) y finalmente Avanza País retomó el tema. “Tras todas estas fricciones, los grupos políticos prefieren mirar el largo plazo, pues no quieren sentarse ahora a abordar el análisis de la derrota en la segunda vacancia”, explica otra fuente parlamentaria.
Escenarios
Diversas fuentes coinciden en que no se puede descartar un tercer intento de vacancia, pero con mayor cautela para evitar una nueva derrota. “Tendría que ocurrir un tema muy escandaloso que vincule directamente a Pedro Castillo. Un video o un audio”, dice una fuente opositora.
Bajo esa premisa, la figura de la acusación constitucional ha tomado mayor fuerza en el bloque, pese a que se trata de un camino a largo plazo.
“Es un camino jurídicamente viable, aunque políticamente forzado. Pero tiene que darse un aire de tiempo, porque la derrota de la vacancia ha quitado peso [a la oposición]”, declara otra fuente. “Ahora se quiere una prueba indubitable para una vacancia, y para la acusación con solo un indicio puedes inhabilitarlo [al presidente]. Debería ser al revés”, agrega la fuente consultada.
Por otro lado, las fuentes de este Diario coinciden en señalar que la acusación constitucional es un camino a largo plazo y puede darse a través de dos procesos: uno ya en curso y otro que aún está en etapa de planeamiento.
El primero tiene que ver con la denuncia constitucional por traición a la patria originada a raíz de las declaraciones –luego rectificadas– de Castillo respecto a la posibilidad de ceder mar a Bolivia. La denuncia está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la espera de que la Comisión Permanente sesione para aprobar el informe de calificación y se nombre al legislador ponente del caso.
Según explicaron fuentes de la Mesa Directiva, la titular de la subcomisión, Rosío Torres, pidió más tiempo para afinar los anexos del informe de calificación. Se prevé que se termine con ese trabajo la próxima semana y luego se convoque a la Comisión Permanente.
La segunda posibilidad es elaborar una nueva denuncia constitucional recogiendo los argumentos del último intento de vacancia, añadiendo nuevas revelaciones que podrían darse tras la reciente orden de detención de los sobrinos del jefe del Estado y del ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.
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El Congreso tiene dos opciones: un tercer intento de vacancia o una denuncia constitucional.
Puntos de discordia
Un proceso de acusación constitucional podría demorar como mínimo unos 52 días, ajustándose a los plazos reglamentarios. Pero dada la exigencia de un debido proceso, los plazos terminan alargándose: en el caso de la denuncia por traición a la patria en curso, ya van 57 días y el proceso está por la mitad.
Las fuentes también refieren que no hay muchas expectativas con la denuncia por traición a la patria, por lo que apostarían por otros delitos. Sin embargo, el artículo 117 de la Constitución indica que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su período por traición a la patria, por impedir elecciones o por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en la Carta Magna.
Hay proyectos de ley que proponen reformar dicho artículo. Uno de ellos surgió del Partido Morado, lo cual garantiza un posible apoyo de las bancadas de centro. Por ende, podrían alcanzarse los 87 votos necesarios –en dos legislaturas– para su aprobación.
“Si hay algo mal o podrido, hay que sacarlo sin destruir la casa; lo que falta es el matamoscas. Se necesita cambiar una parte de la Constitución para que la ciudadanía se defienda de un presidente incompetente”, escribió la legisladora Susel Paredes en su cuenta de Twitter tras la vacancia.
A fines de febrero, Ruth Luque, de Juntos por el Perú, aseguró en Twitter: “La gravedad de los hechos amerita encontrar una salida dentro del Estado de derecho: renuncia, acusación constitucional o vacancia”.
Existe otra vía que evalúa la oposición, la cual requiere una menor votación (66 adhesiones, una ley interpretativa. Esta es una figura que ya ha usado este Congreso, por ejemplo, con la norma del 2021 en la que se interpreta la cuestión de confianza.
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El especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera señaló que la Comisión de Constitución podría viabilizar tal interpretación. “Hay una especie de vacío que podría generar una interpretación que haga viable dicha acusación y decantar en una ley interpretativa. La acusación por traición a la patria no la veo viable, pues es una figura a la cual los operadores de justicia califican como compleja”, dijo el consultor de 50+1 Grupo de Análisis Político.
En opinión de Cabrera, la acusación podría acabar con la suspensión de Castillo, pues hay un antecedente. Se refiere a la suspensión que aprobó el pleno en contra de Martín Vizcarra el 30 de setiembre del 2019, aunque esta no se aplicó porque el Congreso ya había sido disuelto.
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