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Por segunda vez, el Congreso dio marcha atrás en su plan de someter a votación el informe que recomienda destituir a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta causa grave.
El debate del documento era el único tema que se encontraba en la agenda de la sesión del pleno del último miércoles, pero el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que se reprogramará “en estricto respeto al debido proceso”, como también ocurrió el pasado jueves 2.
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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
Aunque la Junta de Portavoces había acordado desacatar la orden de suspender provisionalmente el proceso contra los magistrados de la JNJ, dictada por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el martes pasado, luego las bancadas parlamentarias analizaron el costo político y las posibles consecuencias legales de ello, por lo que optaron por recular, señalaron diversas fuentes parlamentarias.
El portavoz alterno de Podemos Perú, Carlos Zeballos, señaló: “Ayer [martes 7] solo estuvimos voceros. [Luego] creo que se ha podido tomar un análisis mediante bancadas. Hay, de repente, integrantes que han mostrado algún interés, y eso se ha visto reflejado”.
El legislador Diego Bazán, de Avanza País, añadió que “la ciudadanía está muy atenta a todas las decisiones de este Congreso”, por lo que se deben “tomar decisiones mesuradas”.
"Existe incomodidad en que el Poder Judicial intervenga en decisiones que son absolutas del Congreso; sin embargo, todo se tiene que hacer por el conducto regular".
Diego Bazán, congresista de Avanza País
Con el nuevo acuerdo, Soto tuvo que presidir una sesión del pleno que solo duró siete minutos. En ese lapso, el relator del Congreso leyó tres oficios presentados por los integrantes de la JNJ y Soto informó que la procuraduría pública del Parlamento presentó una apelación a la decisión de la sala.
El Parlamento esperará a que se resuelva la apelación para citar a los magistrados y debatir el informe, señaló Zeballos en diálogo con la prensa.
El polémico informe contra Imelda Tumialán (presidenta de la JNJ), Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Inés Tello y Guillermo Thornberry fue elaborado por la Comisión de Justicia y requiere al menos 87 votos para ser aprobado en el pleno.
En el documento se señalan tres hechos calificados como “causa grave”. El primero es una supuesta injerencia de la JNJ en la independencia de poderes por exhortar al Congreso a que reflexione sobre el antejuicio y juicio político contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos; el segundo, la permanencia de la magistrada Inés Tello en la JNJ a pesar de superar los 75 años de edad; y el tercero, no presentar de manera oportuna un informe anual al Parlamento.
Recurren al sistema de justicia
Antes de la sesión del pleno, Alejandro Soto recibió un oficio de los siete integrantes de la JNJ, que estaban citados para que ejerzan su derecho a la defensa. En el documento, informaron que no se presentarían.
Los magistrados argumentaron que debían someterse a la resolución judicial que ordena suspender el proceso.
“Corresponde a los miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia acatar de manera expresa la mencionada resolución, en estricto respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales. [...] Los integrantes del pleno de la junta se encuentran impedidos legalmente de asistir a la citación que nos fuera cursada”, señalaron.
Días atrás, antes de conocerse la resolución de la sala, acreditaron como sus abogados a los constitucionalistas Samuel Abad Yupanqui y Omar Cairo Rondán.
En tanto, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los tres integrantes de la Tercera Sala Constitucional, los jueces superiores Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Ministerio Público abre investigación preliminar contra jueces de la tercera sala constitucional.
Ministerio Público abre investigación preliminar contra jueces de la tercera sala constitucional.
Con esa decisión, el Ministerio Público atendió en cuestión de horas la denuncia penal que presentó la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra los magistrados.
El caso está en manos de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
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