La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes los informes de calificación que declaran procedentes las denuncias presentadas contra las congresistas Rosio Torres, Magaly Ruiz, María Acuña Peralta (todas ellas de Alianza para el Progreso) y Katy Ugarte (No Agrupados) por presunto recorte de sueldos.
En primer lugar se aprobaron por unanimidad las denuncias acumuladas contra Torres Salinas por 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Lo mismo pasó con los documentos referidos a los caso de Ugarte Mamani, Ruiz Rodríguez y Acuña Peralta (19 votos).
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De este modo, los documentos pasarán a la Comisión Permanente, que establecerá el plazo dentro del cual la subcomisión realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de 15 días hábiles, prorrogable por una sola vez.
Los casos
En el caso de Magaly Ruiz, su extrabajador Carlos Marina Puscán acusó al exasesor de la parlamentaria, Johnny Romero Nima, de obligarlo a entregar un “aporte voluntario” de 1500 soles mensuales.
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Sobre Rosio Torres, se detalla que el encargado de cobrar el dinero cada mes era el sobrino de la parlamentaria, Juan Daniel Pérez Guerra. Incluso la integrante de APP fue grabada borrando los mensajes de WhatsApp con su familiar.
Respecto a Katy Ugarte, “Cuarto Poder” reveló que habría pagado publicidad a diversos medios de comunicación del Cusco para difundir su labor en dicha región, previo descuento de sueldos a sus trabajadores.
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En tanto, sobre María Acuña Peralta se señala que en el programa “Beto a saber” difundió un audio donde se escucha a la legisladora buscar un acuerdo con un trabajador de su despacho en Chiclayo con la finalidad de no ser denunciada.
Según este último caso, el denunciante indica que solo percibía mil soles mensuales, suma que no recibía puntualmente. También indica que le adeudaban el pago de los meses de noviembre y diciembre del 2021, y enero del 2022.
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Cabe indicar que este martes la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Acuña Peralta como presunta autora del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho.
Como parte del anuncio, el Ministerio Público procedió a realizar diligencias en las instalaciones del Poder Legislativo para recabar información pertinente para la investigación.
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