Informe de la subcomisión plantea declarar improcedente denuncia contra fiscal suprema Delia Espinoza

El informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) concluye que es improcedente la denuncia constitucional de los congresistas investigados por el caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la fiscal suprema Delia Espinoza.

Se trata de la denuncia presentada por Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón, Luis Cordero (ambos de Acción Popular), Ilich López (No Agrupados) y José Jerí (Somos Perú).

MIRA AQUÍ: Patricia Chirinos pide que juez supremo de investigación preparatoria defina fiscal competente para investigarla

Los legisladores acusan a Espinoza de presunta infracción de los artículos 39, 51, 99 y 159 de la Constitución; y por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de función pública, tipificado en los artículos 376, 418 y 361 del Código Penal, respectivamente.

Sin embargo, el documento concluye que no se cumplen con los criterios de infracción a la Constitución, y/o delitos de función previstos en la legislación penal. La votación del informe por la subcomisión será este martes 26 de marzo. La sesión se iniciará a las 5:00 p.m.

Como se recuerda, el pasado 1 de marzo la fiscal suprema Delia Espinoza incorporó en la investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a 14 legisladores.

Además de los cinco denunciantes, están comprendidos Martha Moyano, Cesar Revilla (ambos de Fuerza Popular), José María Balcázar (Perú Bicentenario), Katy Ugarte (No Agrupados) y Germán Tacuri (Bloque Magisterial).

MIRA AQUÍ: Patricia Benavides realizó “coordinaciones indebidas” hasta con ocho fuerzas políticas, según fiscalía

Del mismo modo, José Williams (Avanza País), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), a quienes se les imputan los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, patrocinio ilegal y cohecho activo genérico.

Todos ellos también son investigados por cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado, y negociación incompatible por presuntamente integrar la organización criminal que habría liderado Patricia Benavides.