Estas son las 19 denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía que el Congreso no resuelve todavía

De la cifra anterior, tres datan del 2019 y otras once denuncias fueron presentadas durante el 2020. No obstante, ninguna ha tenido una respuesta resolutoria por parte del Legislativo.

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La mayoría de los casos se encuentra a la espera en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la primera instancia por la que deben pasar las denuncias a fin de ser procesadas.

De estos, algunos expedientes están pendientes de ser delegados a uno de los integrantes del citado grupo de trabajo para su estudio.

Mientras tanto, otras denuncias, como las que existe contra los excongresistas Daniel Salaverry, Héctor Becerril, Lizbeth Robles y Clemente Flores —así como contra el exconsejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila— se encuentran en proceso de investigación y con el correspondiente informe final pendiente de ser emitido.

Hasta la fecha, existen otras 5 denuncias constitucionales que la Fiscalía de la Nación ha presentado desde inicios de este año. Se trata de un nuevo caso contra el exjuez supremo César Hinostroza y otras denuncias contra los excongresistas Javier Velásquez Quesquén, César Vásquez, Jorge Romero Castro y César Campos, que también tendrán que ser delegadas a uno de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Situación de Alarcón

Este jueves, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá el informe fiscal de una de las tres denuncias constitucionales que se presentó contra el congresista Edgar Alarcón (UPP) en el 2019.

Se trata de un caso de presunto enriquecimiento ilícito que Alarcón habría cometido durante su gestión como excontralor general de la República. En el informe final de este caso, elaborado por la congresista Felícita Tocto (Descentralización Democrática), se recomienda su acusación.

Sobre esta denuncia —en la que se atribuye que el congresista de Unión Por el Perú presentaría un desbalance de S/201.337,24 correspondientes al periodo 2016 y 2017— Alarcón ha sostenido que la fiscalía ha hecho una pericia con información que no se ajusta a la realidad.

“No hay pruebas de origen ilícito alguno de mi patrimonio. Para que haya enriquecimiento ilícito debe existir abuso del cargo y tampoco hay indicios de ello”, dijo Alarcón en su defensa.

Existen otros dos casos vinculados al excontralor que se encuentran aún a la espera de su resolución. Uno está vinculado también a su gestión fiscalizadora por contratos a terceras personas que no estarían justificadas y que habrían ocasionado un perjuicio de S/81,121.73 al Estado Peruano. En una tercera denuncia, Alarcón Tejada fue comprendido junto a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma por cohecho pasivo y tráfico de influencias, por presuntamente beneficiar al exalcalde de Chiclayo David Cornejo.

Cabe precisar que los tres han negado los cargos imputados en su contra y han alegado que todo era parte de su función, tanto congresal, como al frente de la Contraloría.

Otro de los casos que también se encuentra a la espera es la denuncia contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarry, por la irrupción a una oficina de la Fiscalía de la Nación, allanada por el Equipo Especial Lava Jato, en enero del 2019.

La denuncia fue sustentada por el fiscal supremo adjunto Luzgardo Ramiro González, quien dijo que “se deslacró ilegalmente la oficina para sustraer documentos para frustrar la investigación fiscal” seguida contra contra la la excongresista Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular (FP), en enero del 2019.

Remarcó que el día en que se produjo la ilegal irrupción, Chávarry Vallejos estuvo presente, como quedó registrado en videos adjuntos a la investigación. Por tanto, el ahora destituido fiscal supremo habría planificado y ordenado el ingreso ilegal a una oficina lacrada del Ministerio Público.

En sus descargos, Chávarry dijo que la denuncia se basa “en hechos falsos que no han ocurrido”.

“El deslacrado lo efectuó la señora Rosa Venegas (su exasesora); hay dos investigaciones que han indicado que ella ingresó (…) a mí no me entregó nada”, señaló Chávarry ante el grupo de trabajo.

A la espera del debate en el Pleno

El caso del exjuez supremo César Hinostroza, también merece especial atención. Y es que han pasado 30 meses desde que la Fiscalía de la Nación interpuso la denuncia constitucional con él y los exconsejeros Guido Aguila e Iván Noguera, pero hasta el momento no sale de las manos del fuero legislativo.

A finales del mes de enero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación contra los tres por el delito de presunta organización criminal; sin embargo, el caso no ha sido agendado en el pleno que se desarrollará este jueves.

Desde España y de manera virtual, Hinostroza dijo ante la Comisión Permanente que existía una doble investigación en su contra por estos hechos y, por tanto, no era legal. Además, afirmó que “me han negado el derecho a la prueba”.

“Pido que se desapruebe este informe por graves vicios de inconstitucionalidad. De lo contrario, tendré que seguir incrementando como un argumento más en mi pedido de asilo político aquí al Reino de España por violaciones a mis derechos fundamentales en mi país”, argumentó entonces.

Fuentes del Ministerio Público han considerado que este caso es de trascendencia, puesto que ya se podría solicitar una ampliación de su extradición ante la justicia de España, donde Hinostroza se encuentra a la espera de que se concluya su proceso de extradición.

En mayo del 2019, la justicia de España rechazó extraditar al exjuez supremo por el delito de organización criminal en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Esto, porque el anterior Congreso disuelto solo aprobó acusar a Hinostroza por dicho delito, mas no a los exconsejeros.

Por tanto, bajo el razonamiento jurídico de España, no podía haber una organización criminal compuesta por una sola persona. Por ello, solo aprobó su extradición por los presuntos delitos patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.

”El proceso no es tan sencillo”

En diálogo con El Comercio, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, sostuvo que la labor no es nada sencilla, pero que han venido avanzado. Agregó que su meta es que antes de julio de este año se haya resuelto entre el 90% y 95% de los casos que tienen en manos.

Reconoció que la gestión del Parlamento no ha sido el mejor, pues se han enfocado “en leyes o normas declarativas que finalmente ahí quedan. Entonces, perdemos tiempo”.

Recordó que el próximo 7 de febrero recién cumplirá dos meses al frente de dicho grupo de trabajo, tras suceder en el cargo a Luis Roel (AP).

Apuntó que vienen trabajando mediante dos sesiones a la semana: una ordinaria y otra extraordinaria.

“El proceso no es tan sencillo. Por ejemplo, yo soy ponente en el caso de (Héctor) Becerril y está por programar ya la audiencia en la que tenemos que llamarlo para que declare”, sostuvo.

Sobre el trámite del caso del excongresista Daniel Salaverry, refirió que hubo problemas para notificarle del inicio del proceso en su contra, pues cuando acudieron a entregarle la notificación a su abogado, este dijo que había dejado la defensa.

Entonces, a través de un mensajero del Congreso, se acudió al domicilio consignado en la ficha Reniec de Salaverry, pero no quisieron recibirle el documento. “Finalmente, hemos tenido que notificarlo con edicto en el Diario El Peruano”, dijo Pérez Ochoa.

No obstante, remarcó que este jueves se analizará y votará el informe presentado por la congresista Felícita Tocto por el caso del congresista Edgar Alarcón.

Asimismo, comentó que ya ha tenido reuniones con la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, quien ha mostrado más disposición.

“Por ejemplo, este viernes tenemos reunión de la (Comisión) Permanente para ver el caso de los dos exconsejeros del CNM que no han podido ser notificados”, anotó.

Concluyó afirmando que es su intención avanzar con los casos, pues tiene un compromiso con su bancada, la cual le dio la responsabilidad en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “Y obviamente con el país que espera que cambiemos esa imagen de que los estamos blindando”, sentenció.

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