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El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se mostró en contra del proyecto de reforma constitucional que propone eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de crear una Escuela Nacional de la Magistratura que asuma la labor de capacitar, nombrar y evaluar a jueces y fiscales.
“Consideramos que, por lo menos en este momento, no sería factible implementar”, comentó en alusión a la norma que es objeto de debate en la Comisión de Constitución, donde Villena expuso este martes 30 de abril.
En concreto, el fiscal supremo que asumió el cargo tras la suspensión de Patricia Benavides, criticó tres aspectos del proyecto de reforma constitucional que busca suplantar la JNJ con una escuela nacional.
En primer lugar, cuestionó que la iniciativa plantee que los que ingresan a la carrera mediante concurso público tenga una formación “a dedicación exclusiva” por dos años. “¿Quién le va a pagar remuneraciones en esos dos años?”, advirtió.
Villena estimó que actualmente hay un 80% de estudiantes en la Academia de la Magistratura que son auxiliares del Ministerio Público y Poder Judicial, a quienes calificó como futuros integrantes de estas instituciones porque apuntan a ser fiscales y jueces. Todos estos casos tendrían que pedir licencia para dedicarse exclusivamente a este proceso.
Donde también criticó la iniciativa fue en la conformación del Consejo Directivo, que se plantea sea integrado por tres personas: un juez supremo y un fiscal supremo, ambos en actividad o cesantes, porque se propone que ejerza esta labor por cinco años con dedicación exclusiva.
“Es decir, un fiscal supremo titular ya no va a cumplir funciones fiscales y se va a la academia de la magistratura por cinco años [...] Ahora solo hay tres fiscales supremos titulares en funciones. Con dos ya sabemos qué ocurrió con ellas, de tal forma que si se aprueba una modificación constitucional, uno de los fiscales supremos titulares tendría que ir a la escuela como representante por 5 años y a dedicación exclusiva”, advirtió.
Este aspecto también incluye el riesgo que los controles disciplinarios a jueces y fiscales supremos puedan pasar por miembros del Consejo Directivo tanto en primera como en segunda instancia, lo que obligaría inhibiciones y limitaría la posibilidad de que se realicen de manera adecuada.
“Si lo que se quería para crear autoridades de control fuera de la institución porque no queremos que las inconductas funcionales de jueces y fiscales sean vistos por sus propios pares, entonces acá nos contradecimos [...] Creemos que esto no sería posible”, indicó.
