Martín Vizcarra: piden a la subcomisión agilizar trámite de denuncia por disolución del Congreso en 2019

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) solicitó a la presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña (Alianza para el Progreso), que agilice el trámite de la denuncia constitucional que interpuso contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la disolución del Congreso en el 2019.

A través de su cuenta en “X” (Twitter), el legislador consideró inconstitucional la denegación fáctica de la cuestión de confianza esgrimida por Vizcarra Cornejo para justificar la disolución del Parlamento.

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Muñante también precisó que el plazo de 15 días de investigación otorgada por la Comisión Permanente a la subcomisión fue aprobado el pasado 4 de julio y pidió “tolerancia cero” contra los “golpistas”.

Además de la denuncia de Muñante, contra Martín Vizcarra también se presentaron otras por el mismo tema: la 400 de Patricia Chirinos (Avanza País) y la 466 que fue presentada por congresistas de Fuerza Popular del periodo 2020-2021.

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La denuncia también incluye al gabinete encabezado en ese entonces por Salvador del Solar y exparlamentarios como Gino Costa y Richard Arce por haber facilitado la cuestión de confianza que permitió la disolución del Legislativo en el 2019.

¿Qué dice la denuncia?

El texto presentado por Muñante sindica a Vizcarra Cornejo de no haber permitido el funcionamiento del Congreso de la República al impedir la elección de miembros del Tribunal Constitucional que se realizaba aquel día.

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En segundo lugar, lo denuncian por disolver “de forma ilegal e inconstitucional” el Parlamento antes que concluyera la votación en la cual aseguraban que aprobaban la cuestión de confianza que había solicitado Salvador del Solar, entonces primer ministro, pidiendo que se transparente el proceso de elección de integrantes del TC.

A Del Solar lo acusan de ingresar “de manera irregular” a la sala de sesiones del Legislativo para solicitar su cuestión de confianza sin ser convocado, y también por plantear una cuestión de confianza por la elección del TC, labor que aseguran es competencia exclusiva del Congreso.

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Para justificar su denuncia, Alejandro Muñante menciona la sentencia del 19 de junio del 2023 en la que el Tribunal Constitucional resuelve que el Congreso es el que interpreta el rechazo de la cuestión de confianza.

En esa línea, señala que el fallo del TC anterior del 14 de enero del 2020 que validó la disolución del Parlamento cayó en “excesos” al señalar que el Ejecutivo podría interpretar las acciones del Congreso y asumir una “denegatoria fáctica” de la confianza por más que haya un voto a favor de otorgarla.