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Antes de ser despedido del Congreso por falta grave, en mayo pasado, el funcionario Braden Paredes Calla aceptó que actuó como intermediario para que la legisladora María Cordero Jon Tay, exintegrante de Fuerza Popular, le recortara el sueldo a un trabajador parlamentario.
Paredes actuó como cómplice de Cordero para recortar parte del salario de un trabajador de la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango – Tumbes, que presidió la legisladora.
“Reconozco - en forma expresa y por escrito - mi responsabilidad en los hechos imputados, por lo que actualmente me encuentro totalmente arrepentido de mis actos”, dijo Paredes ante una comisión disciplinaria del Parlamento que investigó el caso.
“Ella [Cordero] aprovechó la confianza que había entre ambos para que yo realice los actos que se me imputan”, añadió, como quedó registrado en el expediente que abrió el Congreso por este caso, al que accedió El Comercio.
ESTA ES PARTE DE LA CONFESIÓN DE BRADEN PAREDES:
El programa “Punto Final” difundió en abril pasado audios en los que se escucha a Cordero reclamarle al trabajador afectado porque se había retrasado en los pagos.
Además, mostró conversaciones de WhastApp entre el trabajador y Paredes, en las que coordinaban la entrega del dinero.
Según el trabajador que sufrió los recortes, el acuerdo ilegal con Cordero fue entregarle la mitad de su salario de S/ 9.000 durante los primeros seis meses, pero luego ella le exigió hasta el 75 %.
Confesó por estrategia
El cómplice de la congresista se presentó ante el área de Recursos Humanos del Congreso el pasado 24 de mayo para reconocer los hechos, como también lo había hecho previamente por escrito.
El exfuncionario acudió acompañado del abogado Martín D’Azevedo, quien asumió su defensa en esa instancia.
D’Azevedo dijo a El Comercio que apelaron al artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo, que atenúa la responsabilidad cuando el funcionario reconoce la infracción de forma expresa y por escrito.
“[Pero] se le sancionó con la máxima pena, que es la destitución de su trabajo [...] a pesar de haber sustentado que era la primera vez que estaba ante un hecho así y que no lo hizo porque le nació voluntariamente, sino por considerar a la congresista como su jefa”, añadió.
Aquella vez, Paredes aseguró que su participación fue “únicamente odebeciendo y acatando” órdenes de quien consideraba su superior.
No obstante, se desempeñaba como trabajador en el área de Archivo del Congreso. Por ello, la comisión disciplinaria concluyó que no dependía laboralmente de Cordero.
La comisión disciplinaria también determinó que Cordero y Paredes coordinaban continuamente y tenían “intereses en común en el recorte de remuneraciones que se practicaba ilegalmente a la persona denunciante”.
Para la comisión, el cargo de Cordero fue un factor que inclinó a Paredes a participar en los actos de recorte de remuneraciones por las ventajas que ello conllevaría.
El grupo determinó que “el caso y las conductas de Paredes involucran la participación en la comisión de ilícitos penales, transgresiones flagrantes al código de ética de la función pública y un grave daño a la imagen del Congreso”.
Los hechos también son investigados por el Ministerio Público.
D’ Azevedo precisó que no ejerce la defensa legal de Paredes ante la fiscalía, por lo que no tiene certeza si se acogió a la figura de la confesión sincera.
El ex funcionario no respondió a nuestros intentos de comunicación hasta la publicación de este informe.
Caso pendiente en Ética
Cordero no ha recibido ninguna sanción hasta el momento por parte del Congreso, más de tres meses después de que se revelara el caso.
La Comisión de Ética le inició una investigación preliminar en abril pasado por una denuncia presentada por la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular). No obstante, esta sigue en curso.
Fuentes de la comisión informaron que Cordero fue citada dos veces para que dé sus descargos, pero no acudió.
Precisaron que en ambas oportunidades presentó licencias por enfermedad el mismo día en que debía presentarse.
Además, Cordero presentó una recusación contra dos miembros de la comisión: los legisladores Diego Bazán (Avanza País) y Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), por presuntamente adelantar opinión.
Bazán precisó a El Comercio que la recusación en su contra ya fue rechazada por la comisión. Lo mismo ocurrió en el caso de Barbarán.
Investigación en riesgo
Para el presente periodo legislativo, el congresista Esdras Medina, de la bancada Unidad y Diálogo, presidiría la Comisión de Ética.
Esa bancada la integra, entre otros, el hermano de María Cordero, el congresista Gustavo Cordero Jon Tay.
La propia María Cordero intentó unirse al grupo, pero el reglamento del Parlamento impide que congresistas expulsados de su bancada inicial se incorporen a otra.
El Comercio intentó dialogar con Cordero vía telefónica, pero la legisladora dijo estar ocupada y cortó la comunicación. Le envíamos mensajes vía WhatApp sobre este informe con el objetivo de consignar sus descargos, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.
