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A poco más de dos meses de vencer el plazo, al interior del Congreso suman tres los proyectos de ley a través de los cuales se plantea ampliar —una vez más— el plazo para la formalización de pequeños mineros y mineros artesanales ya inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en medio de cuestionamientos y una crisis de criminalidad.
La última ampliación se dio a fines del 2021. Una de las iniciativas acumuladas en el dictamen fue del actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), siendo aprobado a mediados de diciembre de ese año por el pleno y promulgada por el entonces presidente Pedro Castillo, sin mayor observación. El plazo: 31 de diciembre del 2024, el cual ahora está próximo a vencer nuevamente.
Sin embargo, el tema del Reinfo arrastra varios cuestionamientos por la poca fiscalización que tiene el Estado en la materia y porque, en la práctica, ha permitido dar un manto de protección a la minería ilegal, la cual alude estar en proceso de formalización para operar sin ningún tipo de límites y con impunidad. Lo que trae, a su vez, otros esquemas criminales.
La última de las propuestas para ampliar una vez más ese plazo proviene del legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú), quien plantea extenderlo por otros dos años hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, sin excepción. Esto, según indica, a fin de “no generar mayor desempleo en el país y evitar acciones de inseguridad ciudadana”.
Precisamente, en su exposición de motivos, Luna Gálvez sostiene que ante la paralización de actividades se generaría una “desempleo masivo”, pues miles tendrían que cambiar de actividad. En segundo lugar, asegura, al no tener los recursos económicos, los mismos “podrían ser obligados a generar situaciones indeseadas de inseguridad ciudadana”.
“Al ampliarse el plazo, va a permitir que el proceso iniciado hace muchos [años] atrás continúe, por lo que los recursos empleados por el Estado peruano —para formalizar a los mineros artesanales— no se desperdicie al interrumpirse este proceso sin haber logrado su cometido o al menos gran parte de su objetivo”, justifica Luna.
| PROYECTO | AL DETALLE |
|---|---|
| 1. Proyecto de Ley N°9259/2024-CR | Autor: José Luna Gálvez (Podemos Perú) Plantea: Ampliar el plazo de formalización de pequeña minería y minería artesanal al 31 de diciembre de 2026. Fecha: 17 de octubre de 2024 Estado: En comisión |
| 2. Proyecto de Ley N°8899/2024-CR | Autor: Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) Plantea: Ampliar el plazo de formalización de pequeña minería y minería artesanal al 31 de diciembre de 2026 Fecha: 12 de setiembre de 2024 Estado: En comisión |
| 3. Proyecto de Ley N°7462/2023-CR | Autor: Segundo Quiroz Barboza (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) Plantea: Ampliar el plazo de formalización de pequeña minería y minería artesanal al 31 de diciembre del 2027. Fecha: 3 de abril de 2024 Estado: En comisión |
Las otras propuestas
Pero este proyecto se suma a otros dos ya planteados este mismo año en ese sentido, tanto en abril y setiembre pasado. Este último, formulado por el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), quien igualmente propone extender el plazo hasta diciembre de 2026, con el fin de “garantizar” el proceso de formalización.
“Las solicitudes en trámite (…) que, al entrar en vigencia esta ley, no hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares de concesiones mineras, las hectáreas materia de solicitud serán consideradas concesiones mineras ociosas”, plantea. Así, aquellas concesiones “ociosas o inactivas” estarían sujetas a los procedimientos que disponga la autoridad competente.
Por otro lado, la propuesta presentada en abril va más allá y plantea extender el plazo de formalización hasta el 31 de diciembre del 2027 y encarga al Ejecutivo un “plan de culminación del proceso de formalización”, una vez entre en vigor el nuevo plazo.
Salvo el proyecto de Luna, ambas propuestas fueron suscritas por Paul Gutiérrez, actualmente presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, grupo al cual han sido derivados los tres proyectos. Ninguno tiene dictamen aún; sin embargo, el actual Congreso deberá sentar posición próximamente.
Puntos de vista
Distintas voces consultadas por El Comercio advierten que una nueva ampliación no es el camino y, por el contrario, lo califican de un error. En más de dos décadas, apenas se ha formalizado a 11 mil mineros a nivel nacional.
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la Compañía Minera Poderosa, explicó que se tratan de iniciativas que lo que buscan es prorrogar un mecanismo que, en la práctica, “ha demostrado su disfuncionalidad”.
No solo porque ha fracasado -agregó- sino porque lo que ha hecho es incentivar “de manera perversa” el crecimiento de una actividad que está ligada, lamentablemente, a la criminalidad.
“Plantear en esta coyuntura una ampliación del Reinfo es hacerle el juego a estos grupos que vienen delinquiendo con total impunidad. Hay unos vasos comunicantes entre la minería ilegal y otros ilícitos que el país viene sufriendo, como el sicariato, la trata de personas, trabajo infantil, la contaminación ambiental”, cuestionó.
A su juicio, se debe ‘separar la paja del trigo’ y distinguir entre aquellos mineros artesanales legítimamente interesados en el proceso de formalización de aquellos que “se escudan en este mecanismo para delinquir”. Se debe partir del diagnóstico de que el actual esquema ha fracasado, subrayó, y explorar otras fórmulas, mas no la ampliación.
En la actualidad -apuntó- la minería ilegal ya tiene presencia en 16 regiones del país y es la principal economía ilícita del Perú, generando recursos que están alrededor de los US$4 mil millones.
Por su parte, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), comentó que sería muy desacertado extender la vida del Reinfo. Dijo que se invoca un potencial desempleo, cuando en realidad se debe discutir el tema de fondo, que es crear empleos de calidad.
El titular del Reinfo, explicó, no es la persona que entra finalmente a la mina a realizar los trabajos de extracción, sino quien logra conseguir los explosivos, habilita el dinero y finalmente transa con el mineral extraído. Quienes realmente realizan el trabajo lo hacen en condiciones muy precarias y arriesgando su salud. A su juicio, sobre eso se debería legislar.
“Lamentablemente, los congresistas que proponen estas ideas o no conocen esta actividad a fondo o, conociéndola, están privilegiando a aquellos titulares de los Reinfos que son aquellos que son los que lucran, junto con los dueños de las plantas sin minas, de manera no ética”, cuestionó.
Gobitz mencionó que la intención al crear el Reinfo seguramente fue positiva; “pero los hechos concretos nos han dicho que muy pocos se han formalizado y, pretender extenderlo, sería un despropósito”.
Por otro lado, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, incidió en que hay una constante de extender el plazo desde hace varios años sin ningún incentivo real para la formalización, lo que genera por el contrario un “desincentivo e impunidad”
“Porque los que están inscritos no son susceptibles de una sanción penal; es decir, la fiscalía y la policía no pueden intervenirlos, a pesar de estar vinculados a actividades que atentan contra el ambiente. Como están amparados en el proceso formalización pueden seguir operando, destruyendo, con la autorización y la impunidad que el Estado les da”, remarcó a este Diario.
A opinión de Ipenza, los proyectos deberían ser desestimados y también debería haber mayor fiscalización como Estado.
En tanto ello ocurre, al interior del Ejecutivo se trabaja en un nuevo marco legal, denominada “Ley Mape” (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal). Sin embargo, aún no es presentado al Congreso. El premier Gustavo Adrianzén indicó este miércoles que ello ocurrirá recién la próxima semana.
