Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez: “El presidente está claramente inhabilitado” | ENTREVISTA

En poco más de 180 días, desde que iniciara su gobierno, Pedro Castillo habrá tenido cuatro equipos ministeriales. El más reciente primer ministro, Héctor Valer, tuvo apenas tres días en el cargo. Según el defensor Walter Gutiérrez, el mandatario viola constantemente la Constitución con sus acciones y sus omisiones.

LEE TAMBIÉN | Episodios terminales 1. El Gabinete Valer y ‘Los Bibertos’. Una crónica de Fernando Vivas

—El presidente suele decir que sus ministros están en “constante evaluación”, pero parece que los evaluara recién después de darles el fajín. ¿Qué mensaje está dándonos?

Queda en evidencia que el presidente no está preparado para conducir la presidencia de la República. No solo debe conocer la Constitución, sino que debe saber que esa facultad que él tiene de designar ministros no es irrestricta, tiene límites. Un presidente tiene como mandato preservar la buena administración. También es un mandato constitucional que el presidente lidere la lucha anticorrupción; pero, según lo que vemos, no está cumpliendo. Hay un conjunto de reiteradas transgresiones de la Constitución, un despacho paralelo y un Gabinete saliente lleno de sombras.

—Además da la sensación de que se deja a las tormentas crecer. Bellido se enfrentaba a ministros que no eran de su agrado, y la crisis escaló hasta su salida. La semana pasada, la desobediencia de un jefe policial hacia el ministro del Interior desencadenó una crisis que terminó por hacer caer a un Gabinete. ¿Es un problema de acciones o de omisiones?

Yo creo que el presidente tiene deficiencias en la acción y en la omisión. En la acción, un ejemplo concreto es que eligió primero a un presidente del Consejo de Ministros que claramente es misógino y no cree en la igualdad de la mujer (Guido Bellido), pero el mandatario se superó a sí mismo y eligió a alguien que, además, es agresor (Héctor Valer). También hay omisión, porque no obstante salen denuncias y se conocen un conjunto de estropicios en el sector Transportes y en Educación, él no ha adoptado acciones. La impresión que yo tengo es que el presidente no entiende las reglas de la democracia.

—Poco después de la designación de Héctor Valer, la defensoría emitió un comunicado. Leo un fragmento: “La designación del actual Gabinete transgrede los mandatos constitucionales de lucha contra la corrupción y el delito”. ¿Cómo los transgredió?

La principal obligación del presidente –está en el artículo 118 de la Constitución– es cumplir y hacer cumplir la ley. Y eso implica la lucha contra la corrupción y el cumplimiento del principio de legalidad. Uno se pregunta si, designando a un presidente del Consejo de Ministros con ese rosario de imputaciones que tiene, ¿cumplió la Constitución? Designando ministros completamente improvisados, ¿cumple con la preservación de la buena marcha de la administración? No lo cumple. Y diría algo más: el presidente, con una resolución, acaba de licenciar al procurador. Él no podía hacer eso. Independientemente del informe de la contraloría –que no comparto, necesariamente–, la vía para sacarlo no es la utilizada, tenían que haberle iniciado un proceso. El presidente violó el principio de legalidad, porque no puede hacer lo que quiere sino lo que la ley permite, y además se ha deshecho de alguien que lo había denunciado.

—En enero usted dijo en CNN: “Los próximos meses nos revelarán si estamos frente a un hombre que está pidiendo ayuda o un hombre irresponsable”. ¿Estos pocos días que han pasado le dan insumos para una primera hipótesis.

El presidente Castillo es profundamente irresponsable. Porque una persona que no conoce, que no sabe, por lo menos advierte de esa condición y se deja ayudar. En agosto le envié un oficio señalándole los límites y los peligros que tenía esa manera de actuar, luego de la designación de su primer Gabinete. Él se entrevistó conmigo, me dijo que iba a convocar al Consejo de Estado. Nosotros siempre hemos dicho que el gobierno es menos que el Estado, y hemos apelado al principio de colaboración entre instituciones para ser más eficientes. Lo ha hecho Sagasti más de 10 veces; lo hizo Vizcarra, aunque muy políticamente; lo hizo Humala, lo hizo Toledo. Frente a la carencia que estamos viendo, al presidente Castillo le habría sido muy útil. Pero no lo convocó. Si quiere ayuda, que convoque al Consejo de Estado, es la pequeñísima oportunidad que aún le queda. Él está rodeado, secuestrado por personas que tienen intereses distintos a los del país.

—¿Qué impresión tuvo de Pedro Castillo en aquella primera reunión?

La primera impresión que tuve fue la de una persona que quería hacer bien las cosas. Un hombre sencillo, con muchas limitaciones, pero con buena intención. Fue una impresión, no una convicción. Pasados casi seis meses, no me cabe duda de que el presidente no tiene los valores democráticos, la integridad, el conocimiento de la gestión pública. Él no cree en la democracia. Nos pone frente a una posición dificilísima.

—En noviembre usted dijo a este Diario: “Estamos observando que hay un deterioro en la administración pública”. ¿Cuánto más deterioro soporta un país?

Un Estado siempre puede estar peor. Mire lo que pasó en Venezuela, en Nicaragua. ¿Hasta dónde se va a deteriorar? Hasta donde se lo permitamos nosotros. Hemos llegado a un punto donde ya no podemos permitir esta situación.

—El mensaje del presidente, donde anunció otra renovación de Gabinete, no tuvo la más mínima autocrítica, y ni siquiera mencionó a Valer, sino que les echó la culpa a terceros (el Congreso, exfuncionarios). Es decir, él piensa que el camino que sigue es el correcto? ¿No es estar muy alejado de la realidad?

El gobierno debe continuar, pero el presidente se ha autodescalificado, ha revelado que tiene incompetencias inhabilitantes para el cargo y una conducta claramente contraria hacia la Constitución. ¿A qué me refiero? Él no comparte los valores democráticos, no cumple al designar ministros con estándares básicos de integridad para la función pública, es además una persona incompetente en la gestión pública –él mismo lo ha dicho y lo revela en sus actos–, pero sobre todo me parece que está buscando un Gabinete y un presidente del Consejo de Ministros que garanticen la impunidad respecto de un conjunto de imputaciones que ya se han activado. La falta de autocrítica sobre los errores que recurrentemente ha cometido también revela que no hay vocación de enmienda y, por el contrario, hay una intención de repetición. Puestas las cosas así, me parece que se ha convertido en un transgresor doloso y contumaz de la Constitución. Por eso decía al principio que el Gobierno debe continuar, pero el presidente está claramente inhabilitado, autodescalificado. Lo que queda ahora es aplicar la Constitución; para eso existe el poder político, me refiero al Congreso.

—¿Cuáles son los caminos? La vacancia fracasó ya una vez. No solo la oposición, sino incluso antiguos aliados empiezan a usar eufemismos: ‘dar un paso al costado’. Otros hablan abiertamente de la renuncia como una posibilidad.

Yo no estoy de acuerdo con la vacancia por incapacidad moral por cuestiones legales, y porque para efectos prácticos tampoco ha funcionado. Por otro lado, tengo poca expectativa en que el presidente asuma con madurez y responsabilidad y opte por la posibilidad de renunciar. Entonces, las opciones se van cerrando. Si el presidente continúa aparcado en una posición de transgresión de la Constitución, no queda más alternativa que aplicar el artículo 100, es decir, el juicio político. El presidente quedaría inhabilitado si eso decide el Congreso.

—Y el poder quedaría en manos de la vicepresidenta Boluarte. En su lógica, ¿esto soluciona la crisis?

Yo he escuchado más de una vez a la vicepresidenta hablar de la lealtad, del valor de la lealtad. Quisiera decirle que la primera lealtad que ella tiene es con el país, la Constitución.

—Un presidente en apuros extremos suele apelar al instinto de supervivencia. Recuerdo a Kuczynski pidiendo a Juan Luis Cipriani interceder para una cita con Keiko Fujimori, o incluso indultando al padre de esta. ¿Algún emisario del gobierno de Castillo se ha acercado a usted, le ha tendido una mano para pedir ayuda?

En estos momentos, no. En el discurso de 28 de julio estaba en el Congreso y, por casualidad, me tocó sentarme al lado de Vladimir Cerrón durante unos minutos. El señor Cerrón me dijo: “Defensor, quisiera tener una reunión con usted, porque yo también tengo derechos”. Mi respuesta fue: “Sí, desde luego, pero quiero recordarle que la defensoría defiende principalmente los derechos de las personas vulnerables, y usted no se ve muy vulnerable”. Se rio y allí terminó. No hubo otra vez.

—Héctor Valer, pocos días antes de ser fugaz primer ministro, dijo que la defensoría “no sirve para nada”.

Eso revela una profunda ignorancia y un desprecio por las instituciones. Valer dio además un dato curioso: que la defensoría tiene un presupuesto de S/7 mil millones, y dijo que debería ser un organismo constitucionalmente autónomo. Bueno, no tenemos ese presupuesto, sino apenas uno de sesenta y tantos millones. En segundo lugar, ya somos una institución autónoma. En todos estos años hemos sido contrapeso de los gobiernos.

“Hay un deterioro, no solo del Ejecutivo”

—El Congreso puso en agenda elección del defensor del Pueblo y no se concretó. Walter Albán y Eduardo Vega estuvieron como interinos cinco años. ¿Por qué cree que no se ocupan del asunto? Parece que le dieran la razón a Valer.

No, al contrario, y es justamente porque a la Defensoría del Pueblo se le tiene miedo, porque somos colaboradores incómodos, colaboradores críticos. Porque al poder no le gusta el control es que se la trata así a la defensoría. Lo que se busca es tener un defensor interino y poder ningunearlo, no hacerle caso, tacharlo para apocar su gestión.

—¿Cuánto tiempo más espera estar en el cargo interinamente?

Máximo dos meses. Pero soy una persona responsable, le he dicho cuáles son mis planes, pero sabemos que la coyuntura se burla de lo que uno planifica.

—El Congreso parece ser oposición, salvo en las contrarreformas: la Sunedu, la formalización del transporte, la evaluación docente, la minería informal. Si no hubiera un Ejecutivo tan caótico, quizá esto no pasaría desapercibido.

El Congreso también tiene lo suyo, desafortunadamente. El principal acto de poder es dar una norma, y el Congreso no se ha caracterizado por tener las mejores normas. Han creado un conjunto de disposiciones que lo que hacen es debilitar la institucionalidad de sectores como Educación, Transportes y otros. Hay un deterioro, no solo en el Poder Ejecutivo.

—Tenemos un Congreso de amateurs, como dice Eduardo Dargent. ¿Resultó favorable la ley que impide la reelección de parlamentarios?

Para formar un buen político, un buen congresista, no se necesitan cinco años, sino 15 o 20. Fue un error la no reelección. Un congresista tiene que saber los presupuestos, conocer las políticas públicas, la normativa, la estructura del Estado. Se necesita una larga trayectoria. Esa fue una medida populista y engañosa para el sistema. Me he reunido con muchos congresistas y la gran mayoría tiene mucha voluntad, pero eso no alcanza.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

• ¿Cómo salimos de esta crisis? Analistas y periodistas comparten sus posturas
• Editorial: La renuncia de Pedro Castillo es la mejor salida
• Solo 4 iniciativas de Pedro Castillo han sido aprobadas por el Congreso
• Se rompe la alianza entre Pedro Castillo y Nuevo Perú: ¿Cómo queda la agrupación de Verónika Mendoza?