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La presidenta Dina Boluarte contestó cerca de 45 preguntas durante su interrogatorio ante la Fiscalía de la Nación, en el marco de la investigación por presuntamente haber beneficiado a su amigo Víctor Torres y a un consorcio cuando se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, indicaron fuentes a El Comercio.
La mañana de este lunes, la mandataria, investigada en este caso por presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado, acudió a la sede principal Ministerio Público, donde permaneció por poco más de tres horas. Mientras tanto, su abogado pidió a la fiscalía que concluya la investigación.
Boluarte Zegarra ya había sido citada en abril, pero en esa oportunidad guardó silencio. La jefa de Estado es investigada por la Fiscalía de la Nación debido a su condición de aforada.
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En este caso, la presidenta tuvo que responder por el presunto favorecimiento a Torres Merino -amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria- quien se encuentra en condición de “aspirante a colaborador eficaz” ante la fiscalía; y por presuntamente haberse interesado en la contratación de un consorcio vinculado a los hermanos Cluteldo Beltrán Salinas y Eduvigis Beltrán Salinas.
Como se recuerda, en su declaración como aspirante a colaborador eficaz, Torres Merino confirmó haber recibido la ayuda de Nicanor Boluarte y la actual presidenta, al momento de ser favorecido en cuatro contratos en el “Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” por el monto de S/47 mil.
Según registros del sistema de proveedores, los contratos se dieron entre el 2021 y 2022, cuando Boluarte Zegarra se desempeñaba como ministra de Estado. En estas, Torres Merino habría elaborado servicios como “capacitador en pausas activas para el Programa Nacional del Midis” y para realizar la “identificación de oportunidades”.
Con la participación de Nicanor Boluarte Zegarra se me favorece en la contratación como locador de servicios en el programa Qali Warma. Como segundo hecho, se me favoreció a través de Nicanor Boluarte con la recomendación para influenciar en el Programa Nacional Plataformas de Acción para le Inclusión Social – PAIS, del Midis.”
Víctor Torres Merino, aspirante a colaborador eficaz.
Sobre los hermanos Beltrán fluye la investigación contra la presidenta de la República a razón de las declaraciones que brindó la profesora Maritza Sánchez Perales, quien afirmó haber apoyado la candidatura de Pedro Castillo y haber manejado la agenda de la entonces candidata presidencial Dina Boluarte Zegarra a través de un “cuaderno amarillo”.
Según la testigo, habría participado de una reunión con la presencia de Boluarte Zegarra, Eduvigis Beltrán y una cuarta persona, el 19 de mayo del año 2021, durante la cual se le habría solicitado al empresario S/ 150 mil soles para el pago de grupos musicales que tocarían en la campaña presidencial, según lo informó en su momento Cuarto Poder.
A cambio, se le habría dejado participar a un consorcio vinculado a Eduvigis Beltrán, que fue sancionado con la inhabilitación para contratar con el Estado. No obstante, logró hacerse de los contratos N.° 0002- 2023/AYACUCHO y N.° 0003-2023/AYACUCHO -con presuntos documentos falsos- por un monto total de S/4,700,00.00 para el abastecimiento de alimentos a Qali Warma del Midis.
Solicitaron concluir investigación contra mandataria
En declaraciones a la prensa, Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria sostuvo que la presencia de Dina Boluarte ante el Ministerio Público fue solicitada por la defensa de la presidenta.
El abogado sostuvo que la mandataria respondió entre 40 y 45 preguntas que se le realizó, incluidas las que formuló la Procuraduría General del Estado. Esta última, cuestionó Portugal, no estaba habilitada para interrogar durante esta diligencia, pero respondieron en “aras de la transparencia”.
“(Se le preguntó) Si conoce a los supuestos empresarios, si conoce a los miembros del comité de compras. Por cierto, los miembros del comité de compras y los funcionarios que estuvieron a cargo este proceso no recibieron ninguna llamada de la presidenta, no interfirieron porque la presidenta, dentro de la estructura que tiene en el organigrama de MIDIS, no le vincula ningún tipo de acto funcional de ejecución”, sostuvo.
En otro momento, Portugal rechazó las declaraciones brindadas por Víctor Torres Merino, en el marco del proceso de colaboración eficaz al que se ha sometido y en el que ha declarado el presunto favorecimiento que habría recibido.
“(Es una) pregunta sugestiva, porque significaría que la presidenta conoce ese asunto y significaría aceptar que la afirmación de Víctor Torres Merino es cierta y no podemos brindar o la presidenta no puede brindar una explicación sobre hechos inexistentes”, afirmó.
También se pronunció sobre los hechos vinculados a los hermanos Beltrán, asegurando que la presunta falsificación de los documentos, con los que habrían logrado los contratos en el Midis, se identificó debido a una fiscalización posterior.
Por tanto, aseguró que Boluarte Zegarra, dentro de la estructura como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, no le correspondía a realizar ningún tipo de operación, intervención o acto funcional en el marco el programa Qali Warma.
Además, señaló que la mandataria ha negado conocer a los empresarios y estos últimos, si bien se han acogido a su derecho de guardar silencio en esta investigación, han declarado en otro expediente -Caso de presunto lavado de activos a Perú Libre- que no conocen a Boluarte.
“Sí (lo han negado), en el caso de lavado de activo han declarado en el caso que se le investiga la presidenta, en su condición no aforada, han declarado los Beltrán; y han declarado y han señalado que no han realizado ningún tipo de aporte a la campaña de Perú Libre, y tanto menos, algún aporte a la campaña de la presidenta Dina Boluarte, que además no es su campaña es la campaña de la fórmula del expresidente Pedro Castillo”, aseguró.
Julio Sánchez, Víctor Torres y Nicanor Boluarte (derecha) detrás del nuevo partido cercano al gobierno de Dina Boluarte. Foto: Difusión
Agregó que la Onpe solicitó información a los hermanos Beltrán sobre el presunto aporte, pero estos lo han negado y los testigos que afirmaron ello tampoco han entregado pruebas.
“No han entregado una sola evidencia tras la insistencia del Ministro Público, la agenda de la supuesta señora Maritza Sánchez nunca fue entregada. Los panfletos donde supuestamente, de iniciativa propia, registraba supuestas coordinaciones que le mandaba a mi clienta, tampoco fue entregada pese a que el Ministerio Público se lo requirió (…) la supuesta foto donde aparece mi clienta con el empresario Beltrán, nunca existió porque no puede existir aquello que no se ha dado, de manera que el círculo probatorio de esa testigo que usted afirma no se ha podido probar”, manifestó.
Finalmente, el abogado Portugal indicó que al término de la declaración de Boluarte Zegarra ante la Fiscalía de la Nación, por el Caso Qali Warma, solicitaron la conclusión de esta. Ello, sostuvo, porque la misma ya tuvo una ampliación y el plazo de la misma venció hace un mes.
“Inmediatamente acabado el testimonio de mi clienta, presentamos el pedido de conclusión; no por capricho de la defensa, sino porque el Código Procesal Penal establece límites a la investigación. No hay investigación que duren cien años ni ser humano que lo resista. Es el derecho al plazo razonable que tiene usted, que tiene el policía, que tiene todo ser humano”
El pedido del abogado deberá de evaluada por el Fiscalía de la Nación que deberá decidir si amplía las pesquisas, archiva la investigación o formula la respectiva denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra.
Wilfredo Oscorima
Apela incautación de aretes en investigación con Dina Boluarte
La Sala Suprema Penal Permanente dejó al voto el recurso de apelación que presentó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a través de su abogado Humberto Abanto, en contra de la incautación de un par de aretes con diamantes, que realizó la Fiscalía de la Nación en el marco de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte, por el Caso Rolex.
El abogado recurrió en apelación a fin de que se anule la incautación de los aretes, que realizó el juez supremo de Investigación Preparatoria.
En sus argumentos, Abanto señaló la conducta de su patrocinado fue "colaborativa" con la investigación y fue él quien llevó los aretes para exhibirlos en una diligencia programada por la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, la fiscalía incautó los aretes, sin haber solicitado previamente la medida de incautación al Poder Judicial; y por el contrario, el juez de investigación preparatoria ratificó la incautación preliminar que realizó el Ministerio Público.
"La defensa de Oscorima sostiene que no concurría el peligro de la demora y que el bien estaba identificado con la exhibición. Por esos fundamentos solicitamos que se estime nuestro recurso de apelación", indicó.
La fiscal suprema, Galinka Meza, solicitó que se rechace la apelación Oscorima y su abogado, al señalar que la incautación estuvo debidamente sustentada y la defensa del gobernador de Ayacucho fue debidamente informada de los argumentos al momento de aplicar la medida.
"Dice que se estaría violando los derechos fundamentales porque se estaría sustentado en valoraciones abstractas; no obstante, la defensa no ha tenido en cuenta que la resolución impugnada ha evaluado todos los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y ha señalado que los aretes, materia de exhibición, fueron otorgados a Dina Ercila Boluarte Zegarra", señaló la fiscal.
