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El equipo especial de fiscales contra la corrupción en el Poder (Eficcop) investiga al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, por presuntos actos de obstrucción al caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Dentro de esas pesquisas, recogieron evidencia entregada por un capitán de la Policía y la declaración de un testigo protegido. Ambos implican en estos hechos al actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
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De esos elementos, el Eficcop concluye que Santiváñez habría desplegado actos para encubrir a Nicanor Boluarte y “asegurar el silencio” de uno de sus coinvestigados; y que Dina Boluarte lo habría elevado a ministro del Interior como “retribución” por esos actos y por “orquestar la desactivación” de la Diviac.
El Comercio accedió a dos disposiciones firmadas por el fiscal Carlos Ordaya, integrante del Eficcop a cargo del caso ‘Waykis en la sombra’. En la primera, se indica que su despacho está investigando al actual comandante general de la PNP por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violencia contra la autoridad y tráfico de influencias. Se trata de un caso separado, pero derivado de la carpeta que incluye a Nicanor Boluarte.
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El segundo documento da cuenta de elementos recogidos durante esa investigación que implican a Juan José Santiváñez en presuntos actos ilícitos, también ligados a “encubrir” al hermano de la presidenta. Sin embargo, dado que no lo puede investigar por ser un alto funcionario con antejuicio (inmunidad), el fiscal remitió esos hechos al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el único que puede indagar a un ministro en funciones.
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El señalamiento contra el hoy ministro, antes jefe del gabinete de asesores del Mininter y viceministro de Orden Interno: tiene entre sus principales sustentos las declaraciones y chats entregados por el capitán PNP Juan Izquierdo Yarlequé ‘Culebra’, así como las declaraciones de un testigo protegido de clave TP 11-2024.
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De estos y otros elementos, el Eficcop concluye que Juan José Santivañez quebrado “su deber y función” como funcionario para “planificar, ejecutar y encubrir el hermano de la señora presidenta” y “asegurar el silencio” de uno de sus coinvestigados
Luego, añaden que Dina Boluarte “habría propuesto” a Juan José Santiváñez en mayo pasado, entonces viceministro de Orden Interno que lo designaría como ministro del Interior “como retribución por haber coordinado y adicionado a la defensa técnica de su hermano y de Jorge Luis Ortiz Marreros (principal coinvestigado de Nicanor Boluarte), así como por orquestar la desactivación de la Diviac, aceptando la propuesta ilícita”.
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De asesor a ministro
El Eficcop comenzó en junio pasado una investigación preliminar reservada contra Víctor Zanabria y otros oficiales de la PNP implicados en los presuntos actos de encubrimiento a favor de Nicanor Boluarte.
Este mes, se levantó la reserva de esa investigación y se dispuso remitir al fiscal de la Nación los hechos que implicarían al ministro Santivañez durante su etapa como ‘no aforado’. Es decir, en su tiempo como jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior y como viceministro de Orden Interno.
En esa línea, el Eficcop señala que la relación entre Juan José Santiváñez, conocido previamente como abogado de policías, y el capitán ‘Culebra’ se remonta al 2019, cuando lo defendió en un proceso disciplinario. Retomaron comunicación en el 2022, cuando el oficial trabajaba para la Diviac e integraba el equipo especial de la PNP de apoyo al Eficcop, que lideraba Harvey Colchado.
Según la investigación fiscal, desde marzo del 2024, Santiváñez habría brindado información a ‘Culebra’ con el objetivo de “sabotear” al entonces ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, de quien era jefe del gabinete de asesores. De acuerdo a la tesis fiscal, su propósito habría sido que Dina Boluarte lo cese y él sea nombrado en ese cargo.
![Dina Boluarte junto al exministro del Interior Víctor Torres Falcón. (Foto: Mininter)](https://elcomercio.pe/resizer/v2/EEVSALI2OJCR5A7II6PX5O7JFY.jpg?auth=76a31144c073cf2c3ad10dc5901c265195431b1b87df85c7db1d3b825c2a250b&width=620&quality=75&smart=true)
Para ello, se citan chats entre ambos de marzo en que se refieren a una denuncia por la contratación de una comunicadora en el despacho de Torres Falcón y se informan sobre diligencias vinculadas a este tema. “El mencionado abogado esperaba que con el escándalo generado [...] Dina Boluarte Zegarra cese en sus funciones al ministro Víctor Torres”, dice la fiscalía.
Sin embargo, agregan, el propio Víctor Torres luego identificó a Juan José Santivañez como quien habría informado sobre la cuestionada contratación en su despacho y le pidió su carta de renuncia. Ello ocurrió el 24 de marzo. La renuncia fue aceptada al día siguiente, pero el abogado “estaba dispuesto a buscar la forma de poder ser designado como ministro”.
El 28 de marzo, según se desprende de chats entregados a la fiscalía, Santivañez volvió a comunicar con ‘Culebra’ para consultar si la vivienda de Dina Boluarte iba a ser allanada. Al día siguiente, cuando ocurrió la diligencia, el hoy ministro le habría pedido la resolución judicial que autorizó el allanamiento, aunque el oficial dijo no tenerla.
Luego del allanamiento, Víctor Torres renuncia y Santivañez busca “la manera de ser designado”. Por eso, según la fiscalía, envió un audio a ‘Culebra’ en el que le dice que necesitaba definir sus “puntos finales”. “Lo quiero saber, más que todo, es si hay algún tema ahorita contra…contra el hermano. Es importante para mí principalmente por la info”, dijo en ese audio, de acuerdo con la transcripción fiscal”.
Finalmente, el 1 de abril, Dina Boluarte nombró ministro a Walter Ortiz Acosta. Días después, este designó a Juan José Santivañez nuevamente como jefe del gabinete de asesores y luego como viceministro de Orden Interno.
Esto último, según el Eficcop, habría sido “como contraprestación por haber contribuido con la desitutición del coronel PNP Harvey Colchado como coordinador del equipo especial PNP y como jefe de la Diviac”. En ese cargo, además, sería jefe directo de Jorge Ortiz Marreros, director general de Gobierno Interior y hoy principal coinvestigado de Nicanor Boluarte.
![Juan José Santiváñez Antúnez y Dina Boluarte.](https://elcomercio.pe/resizer/v2/BAM4AE2YCNDXZCGQW3TOR5MZRY.jpeg?auth=dd943b9ab493d71c23de272d97c4d85347ce38867bd4ace796dc37c13290160e&width=620&quality=75&smart=true)
El testigo protegido
Es aquí donde la fiscalía comienza a citar la declaraciones del testigo protegido TP 11-2024. Esto declaró que Santivañez se reunía con su “amigo”, el abogado Luis Vivanco, hoy defensor legal de Nicanor Boluarte, “para encontrar estrategias legales a favor de los intereses de la presidente”.
El mismo testigo dijo que el 10 de mayo, día de las detenciones de Nicanor Boluarte y otros investigados del caso ‘Waykis en la sombra’, Santivañez contactó a Vivanco para que se reúnan y “coordinen específicamente la defensa técnica de Nicanor Boluarte”.
“[Santivañez] le indicó que por orden de la presidenta iba a asumir la defensa técnica de su hermano Nicanor Boluarte, pero, como su cargo de confianza le impedía ejercer una defensa activa, le pidió a Vivanco Gotelli que sea él quien se apersone como abogado del hermano”. El abogado se apersonó como defensor al día siguiente.
La fiscalía alega que otros de los objetivos de Santivañez, presuntamente bajo ordenes de Dina Boluarte, era evitar que Ortiz Marreros sea ubicado y capturado por la Diviac y se convierta en colaborador eficaz.
Ortiz no fue detenido el mismo 10 de marzo, sino que se entregó a la Policía al día siguiente por la noche. De acuerdo con la investigación del caso ‘Waykis en la Sombra’, este investigado fue clave en el esquema de nombramientos de prefectos para favorecer la inscripción del partido de Nicanor Boluarte.
Al respecto, el TP 11-2024 declaró que Santivañez “habría actuado por orden de la presidenta, evitando que el investigado Jorge Luis Ortiz Marreros sea ubicado y capturado por personal policial perteneciente a la Diviac, ya que esa situación podía desencadenar que solicite el inicio de una proceso de colaboración eficaz y aporte elementos de convicción en contra de Nicanor Boluarte”.
“[Santivañez], aprovechándose de su cargo, al ser jefe directo de Jorge Luis Ortiz Marreros, se comunicó con este, en circunstancias que se encontraba como no habido, y le indicó que él se haría cargo de su defensa técnica y de todo aquello que derive de la investigación en su contra, condicionándolo a que no delate a Nicanor Boluarte, lo cual fue aceptado”.
El testigo añadió que el hoy ministro también le comunicó “que debía desaparecer su teléfono celular porque dicho equipo tenía información que perjudicaría a Nicanor Boluarte. En ese sentido, tengo conocimiento [de] que cambió de equipo celular”.
El testimonio también le atribuye a Santivañez haberle comunicado “su sobrino, Carlos Alvizuri Marín, comentándole que él se encontraba, en la sombra, a cargo de la defensa de Nicanor Boluarte y de Jorge Ortiz Marrero”. Por ello, de acuerdo con el TP, le pidió que se apersona como abogado de Ortiz, de forma similar a cómo Vivanco se apersonó como abogado de Boluarte, lo que fue aceptado. “[Alzuviri] tenía que neutralizar que se convierta en colaborador eficaz y perjudique a Nicanor Boluarte”, añadió.
Según el Eficcop, Alzuviri Marín es sobrino de Santivañez Antúnez. Sin embargo, el ministro ha negado ser su pariente.
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Por otro lado, el testigo aseguró que se mismo 11 de mayo, Santivañez recibió información de inteligencia respecto que la Diviac estaba por capturar a Ortiz Marreros. Por ello, le dijo a Carlos Alzuviri “que era necesario convencer a Jorge Ortiz para que se presenta a las instalaciones de la Diviac y se ponga a disposición del Eficcop”.
Este testimonio se complementa con una declaración de ‘Culebra’, quien por entonces seguía en la Diviac. Este declaró que Santivañez se comunicó con él para decirle que Ortiz Marreros se iba a entregar junto a su abogado. “Le indiqué que iba a coordinar con personal PNP encargado de dicho caso para su entrega”.
Con todo esto, el Eficcop presume que Santivañez “habría desplegado diversas conductas contrarias a la ley, quebrantando su deber y función como alto funcionario [....] para planificar, ejecutar y encubrir al hermano de la señora presidenta”. Los mismo alegan respecto a Ortiz Marretos y que “para asegurar su silencio, desplegó actos concretos” de encubrimiento a favor de Nicanor Boluarte.
El 16 de mayo, añade, Santivañez acudió a Palacio de Gobierno y se reunió con la presidenta. En ese encuentro, ella “le habría propuesto que lo designaría como ministro del Interior como retribución por haber coordinado y adicionado a la defensa técnica de su hermano [...] y la de Jorge Luis Ortiz Marreros - especialmente después de sus detenciones preliminares así como por orquestas la desactivación de la Diviac, aceptando la propuesta ilícita”.
En la parte dispositiva de la resolución, el fiscal Ordaya dispone informar al fiscal de la Nación sobre “hechos que habría desempeñado [Santivañez] en su condición de funcionario aforado”, para que este “adopte las decisiones de su competencia”. Con ello, Juan Carlos Villena podría iniciar una nueva investigación al ministro o incluir estos hechos en las pesquisas que ya le inició por presunto abuso de autoridad.
La otra disposición fiscal también da cuenta de hechos atribuidos a Santivañez, aunque ya como ministro del Interior. Allí se le atribuye haber coordinado una campaña para “desprestigiar y desacreditar públicamente a la Diviac y su anterior jefe, el coronel PNP Harvey Colchado, brindando información inexacta respecto al uso de recursos estatales de inteligencia [...] [La intención] fue generar motivaciones para su próxima decisión, la supresión de la Diviac”.
Luego de hacer referencia a una reunión del 21 de mayo entre Santiváñez y ‘Culebra’ en un chifa de San Borja, en la que el primer diría que la presidenta le “había ordenado que tenía que desactivar la Diviac para perjudicar la investigación penal contra Nicanor Boluarte”, así como para que para ser ministro “todo vale”. Esa conversación se condice con los audios difundidos el último fin de semana, que han sido negados por el ministro.
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Descargo
En diálogo con El Comercio, el ministro Santiváñez calificó de “falsas y descabelladas” las versiones en su contra y afirmó que el capitán Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, está detrás de ellas “con la única intención de desvirtuar las investigaciones en su contra”.
Además, reconoció que se reunió con el abogado Luis Vivanco, defensa legal de Nicanor Boluarte, pero “que las reuniones fueron como consecuencia del grupo de abogados que preparaba una propuesta sobre terrosimo urbano”.
“Las reuniones fueron con varios abogados expertos en derecho penal, entre ellos estaba el doctor Vivanco. Incluso hay fotos. Ese alegato es una mentira que no puede sostenerse. Todas las reuniones con este equipo de trabajo han sido en el Ministerio del Interior y están en el portal de transparencia”, señaló.
También dijo que “no es verdad” la versión sobre su comunicación con Ortiz Marreros cuando estuvo como no habido.
“Los hechos ocurrieron de esta manera: cuando sale su orden de captura, él me llama porque yo era su jefe y estaba fuera de Lima. Le recomendé inmediatamente que se ponga a derecho [...] Me comunico con uno de los oficiales de la Diviac para que estén atentos a su llegada a la prefectura [...] Ese oficial con el que me comuniqué fue el capitán Izquierdo, ‘Culebra’”, aseveró Santiváñez.
En otro momento, el ministro negó ser tío del abogado Carlos Alvizuri.
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Santiváñez cuestionó que el fiscal Ordaya haya mantenido el expediente en reserva, “cuando la ley establece que el plazo maximo para mantener una investigación en reserva es de 20 días y solo se prorroga con mandato judicial”.
Asimismo, anunció que denunciará al fiscal Ordaya por “abuso de autoridad y usurpación de funciones” y una queja ante la Autoridad Nacional de Control.
“Él, irregularmente, excediendo sus funciones y sin mandato judicial, mantuvo la carpeta en reserva por meses por lo que estoy procediendo a interponer la queja funcional ante la Autoridad Nacional de Control y ampliando mi denuncia por organización criminal contra dicho fiscal”, indicó.
“Él es un fiscal común y, de acuerdo al marco constitucional, no puede investigarme y tampoco tiene la facultad de imputarme nada porque yo soy un aforado. Él no puede ligeramente y excediendo sus funciones hacer ninguna imputación en mi contra como lo ha hecho”, subrayó.
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Finalmente, el ministro descartó que vaya a renunciar al cargo. “En lo absoluto porque todas estas afirmaciones son falsas y yo no voy a tolerar que por mentiras armadas por quienes no tienen calidad moral generen una campaña de desprestigio”, dijo.
Este Diario también solicitó los descargos del abogado Luis Vivanco y el general Víctor Zanabria, pero al cierre de esta edición no respondieron.
- Santiváñez enfrenta una investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad.
- El viernes, Santiváñez volvió a intercambiar efusivos saludos con la presidenta Dina Boluarte. Esta vez lo hizo durante una procesión por el día de Santa Rosa de Lima.
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