Cuba opina que el reemplazo del D.U. 003 acota el riesgo para financistas de constructoras involucradas en el Caso Lava Jato. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
Cuba opina que el reemplazo del D.U. 003 acota el riesgo para financistas de constructoras involucradas en el Caso Lava Jato. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
Diego Chirinos

El ajuste fiscal y el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de bebidas alcohólicas y azucaradas, tabaco, automóviles y combustibles son las primeras batallas económicas de este gobierno. El economista identifica “luces y grises” en estas medidas, a la espera de reformas más profundas.

—El gobierno ya dejó ver algunas líneas de sus planes económicos. ¿Qué evaluación hace de esos primeros pasos?
El de Martín Vizcarra es un gobierno largo que durará tres años y cuatro meses. El de transición fue el de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, uno esperaría del gobierno políticas de largo plazo y no solo de corto alcance como estabilizar el déficit fiscal. Las decisiones iniciales son buenas, pero no lo buenas que hubiésemos esperado.

—¿En qué aspectos no lo son?
El gobierno pidió facultades para mejorar el tema de renta e IGV y bajar exoneraciones, pero a la vez solicita exoneraciones para la acuicultura y el sector forestal. Es un mensaje contradictorio. En cuanto al aumento del ISC, aunque el fondo sea acertado, hay un problema de implementación. A este gobierno le falta microeconomía. Enfrentar los retos del Perú ya no requiere guantes de boxeo, sino bisturí fino.

—Algunos retos del Ejecutivo son bajar la pobreza al 18%, subir la tasa de crecimiento al 5% hacia el 2021 y aumentar dos puntos la recaudación. ¿Le parecen viables?
Lo tributario es lo más sencillo. En abril se registró un récord de la última década, básicamente por las utilidades no pagadas por la minería el año pasado. Si a eso le sumas ajustes para bajar la evasión y el impulso del ISC, el próximo año el déficit caerá de 3,5% a 2,5%. El problema será remar para bajarlo a 1%. La meta de pobreza también es fácil de alcanzar porque muchas familias están en el límite de la pobreza monetaria. Reducir un punto por año es hasta modesto. Al 5% de crecimiento económico también se podría llegar incluso desde ahora. Aunque para eso se necesitarían buenos contratos de asociaciones público-privadas y hablar de regulación con más finura. No malas señales como la de los peajes.

—¿Considera acertado el plan de austeridad iniciado por el MEF?
El gobierno quiere bajar el déficit. En eso será exitoso. Ahora, si eso complica la administración de un ministerio u obliga a despedir expertos que ayudaban de forma clave en algún tema, habrá consecuencias negativas.

—El plan, a la vez, retira dinero de la economía. ¿Esto podría resultar contraproducente en el largo plazo?
Si el recorte de gastos no va de la mano con una aceleración de la inversión, podría tener efectos no deseados. Son S/2.000 millones que ya no vas a gastar y que antes movían la economía. Y con el aumento del ISC hay otros S/2.000 millones menos. Si bien no detendrá la recuperación económica, eso podría ralentizarla. El 4% de crecimiento esperado para el resto del año podría verse afectado. Bajar el déficit es siempre contractivo.

—Si bien la iniciativa de ajuste es del Ejecutivo, ¿el Congreso también tiene un rol que cumplir en ella?
El responsable es el MEF, pero necesita que el Congreso no ponga trabas con malas políticas. La homologación de pensiones de policías y militares, por ejemplo, tiene un costo similar a todo el paquete del aumento al ISC. Eso contradice la política de ajuste.

—El aumento del ISC es probablemente la medida económica más controversial. ¿Es mayor el beneficio o el potencial perjuicio de esta?
Con el aumento del ISC y el ajuste se ve un país muy serio en lo fiscal. Eso lo aplauden los mercados, pero no el ciudadano. Una familia que pensaba comprarse al crédito un auto y ahora subió más de 10%, ya no podrá hacerlo. El aumento debió ser paulatino, mejor explicado, y no en forma de paquete. Estos asustan a la población.

—Según el propio MEF, la intención es desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas, cigarros y vehículos usados. Muchos se preguntan si esa debería ser su tarea. ¿Cuál es su opinión?
Los selectivos pesan poco en la estructura tributaria y su razón de ser es castigar el consumo de bienes dañinos. Sí es labor del MEF velar por minimizar esas externalidades. El problema no es el diagnóstico sino el remedio. El aumento al combustible está bien, pero al tabaco o al alcohol no puedes ponerle un impuesto de espaldas al contrabando. El paquete del ISC parecería estar de espaldas a la realidad. Ojalá reculen ante la evidencia.

—¿El aumento del ISC golpeará al consumo?
Sí, sobre todo en la industria automotriz. El impuesto del 10% a autos nuevos no encaja en la explicación de externalidades. Si fumo en público daño a los demás, pero si compro mi auto: ¿en qué afecta? Esta medida va a hacer que se retroceda al año pasado en cuanto a ventas del sector.

—La apuesta del Ejecutivo por el ISC y el ajuste no parece tener, por ahora, un plan B. ¿Sería un error no tenerlo?
El ministro Tuesta no lo ha dicho porque sería muy grosero, pero está arreglando lo que hizo [Alfredo] Thorne. El pedido de facultades pasa por retroceder en el aumento del tramo no imponible del impuesto a la renta y cambiar el régimen MYPE, que es un fracaso. Están retrocediendo sobre los errores, aplicando ahora el plan B.

—Al inicio de este gobierno, remarcó la tranquilidad que el acuerdo político entre Ejecutivo y Congreso podría dar al sector privado. Sin embargo, medidas como la del ISC y una potencial revisión de los peajes preocupan hoy a inversionistas. ¿Cómo interpreta esa dicotomía?
El gobierno quiere ir más despacio, dialogar más, pero hacerlo no debe implicar perder el liderazgo. El gobierno no puede ceder ante grupos organizados que quieren paralizar el país. Si lo hace, el crecimiento potencial –que ya se redujo de 6% a 3,5%– seguirá bajando. Al inversionista se le tiene que asegurar que recuperará su inversión. Y si decides no pagarle por peajes, igual nos cobrarán a todos los peruanos por los impuestos. Por eso digo que en la microeconomía está el detalle.

—¿A qué atribuye esa contradicción?
La ideología del gobernante y del primer ministro siempre pone el aroma a las políticas. Se reconocen como un gobierno débil y no quieren confrontar. Lamentablemente, no se puede gobernar contentando a todos.

—El primer ministro afirmó hace poco que la eliminación de exoneraciones tributarias a ciertas regiones deberá ser aprobada previamente por sus ciudadanos. ¿Ese es un intento de contentar a todos?
La política económica no se hace de forma plebiscitaria en ningún país del mundo. Es una manera destructiva de hacer políticas públicas. Uno no le pregunta al niño si lo va a vacunar.

—Sin embargo, el Ejecutivo también buscará ese tipo de consenso previo para impulsar proyectos como Tía María.
Tienen que hacer eso porque nadie quiere que Tía María vaya para adelante con muertos de por medio, pero hay un límite. No puedes vivir hackeado por pequeños grupos de poder. El gobierno no puede tener ese discurso plebiscitario. El hueco de los S/4.000 que se sacarán de la economía entre el ajuste y el aumento del ISC pasaría desapercibido con un gobierno empeñado en fomentar la inversión privada. Si esta se mueve un poco, contrarrestaría ese hueco.

—¿El repunte de la inversión privada iniciado es insuficiente para contrarrestarlo?
La idea es inyectar nuevos proyectos en esa rueda. La inversión privada del 2018 consiste en decisiones tomadas el año pasado. El riesgo está en la del 2019. Si se ve a un gobierno timorato, que retrocede y da señales confusas, se frenan las decisiones. En el 2019, las autoridades subnacionales se renuevan. La inversión pública siempre cae cuando eso sucede. Entonces, si no se dan señales claras al privado y en la parte pública se anticipa un mal desempeño, vamos a estar en riesgo.

—Hace unos días se publicó el reglamento de la Ley 30737, la cual reemplaza el Decreto de Urgencia (D.U.) 003. ¿Este decreto resuelve los problemas del primero?
Es una norma muy superior. Permitirá al funcionario público tener menos miedo para firmar y, al banco o evaluador privado, acotar el riesgo. Mejorará sus cálculos para decidir si le da o no crédito a la constructora. Ahora, de ahí a que decidan hacerlo es otra cosa. Uno puede llevar al caballo al agua, pero no obligarlo a tomarla.

—El BCR advierte señales claras de recuperación económica, ¿esto podría modificar el crecimiento del primer trimestre?
El primer trimestre está jugado y será de 2,9% o 3%. El segundo puede llegar fácilmente al 4% como piso. Mi preocupación es si habrá señales para sostenerlo. Si se sostiene, el 5% de crecimiento del PBI al que alude el ministro Tuesta llegará antes del 2021.

—¿Esto implicará un ajuste en la perspectiva de crecimiento del 2018?
Macroconsult tiene un cálculo de 3,6%. Pero si mantenemos el 4% mensual en el resto del año, es muy probable que lo revisemos a un 3,7% o 3,8%. Hoy hay un sesgo al alza.