Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

► Revisa aquí las ediciones anteriores de "La posverdad de la política" 

Esta afirmación es falsa
En comunicación con este Diario, el excontralor Edgar Alarcón insistió en señalar que las denuncias en su contra que derivaron en su caída empezaron a raíz de la firma de la auditoría sobre el Caso Chinchero, que involucraba al ahora presidente Martín Vizcarra, en mayo del 2017.

Pero la selectiva memoria de Alarcón omite algunos episodios. El primer escándalo de su gestión se dio a raíz de la contratación del excongresista Juan José Díaz Dios como coordinador parlamentario, en agosto del 2016. Tuvo que renunciar en 24 horas.

En setiembre, el semanario Hildebrandt en sus trece hizo la primera publicación sobre las compras de vehículos suntuosos hechas por Alarcón. Meses después, El Comercio profundizó la investigación y encontró que el entonces contralor había adquirido decenas de vehículos junto a sus hijos. Estas transacciones estaban prohibidas por la Ley Orgánica de la Contraloría. Las denuncias salieron a iniciativa de medios independientes, no del Gobierno.

Además, el auditor Walter Grados remitió una denuncia en su contra por estas compras y por el favorecimiento a una trabajadora realizada a la Comisión de Fiscalización en agosto del 2016, mucho antes de que estallara el Caso Chinchero.

Esta afirmación es imprecisa
A través de una carta, el expresidente Alberto Fujimori se quejó por las condiciones en las que su hija Keiko Fujimori fue trasladada a la Clínica Centenario tras presentar malestares coronarios, el sábado pasado. Fujimori se quejó de que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario hayan trasladado a la lideresa de Fuerza Popular enmarrocada en una furgoneta.

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, explicó que Fujimori fue enmarrocada en cumplimiento de los protocolos del INPE, y que ella fue informada sobre esta situación. Además, señaló que el traslado se realizó en una furgoneta, pues era la forma más inmediata de movilizarla ya que la ambulancia se encontraba “en otro establecimiento penitenciario”.

En tanto, su abogada, Giulliana Loza, reconoció que haberla trasladado enmarrocada responde a un protocolo del Instituto Nacional Penitenciario, aunque solicitó que este tipo de medidas sean reconsideradas por considerarla innecesaria. En comunicación con El Comercio, Loza afirmó que la forma del traslado los preocupó mucho, pues “las molestias presentadas pudieron desencadenar un evento cardiaco mayor”.

Esta afirmación es imprecisa
En mayo, El Comercio advirtió que el mandato de seis magistrados del Tribunal Constitucional estaba por vencer. En ese momento no se había avanzado en la búsqueda de sus reemplazantes, y más bien el debate se había entrampado en la conformación de la comisión especial que propondría a los candidatos. La situación permaneció así hasta inicios de la semana pasada, el 11 de setiembre, cuando el pleno aprobó a los integrantes de este grupo.

Esta comisión tuvo su sesión de instalación el viernes 13 de setiembre, y el miércoles 18 presentó su lista con once candidatos al máximo ente de interpretación de la Constitución, en medio de reclamos para que se establezcan criterios objetivos para proponer candidatos. El congresista Marco Arana había propuesto que se tomen 20 días para evaluar y presentar nombres, pero el grupo decidió que se planteen los nombres desde la sesión del pasado martes. El pleno someterá a votación estas candidaturas el próximo 30 de setiembre.

Si bien la comisión está cumpliendo con los plazos legales, como lo ha señalado el propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea, el tiempo que ha tomado en proponer los candidatos ha sido corto. Para la elección del actual presidente del TC, Ernesto Blume, por ejemplo, el Congreso se tomó seis meses entre la instalación de la comisión y la votación en el pleno.

Hasta el cierre de esta edición, Torres no contestó las llamadas.

Esta afirmación es falsa
El legislador Yonhy Lescano atacó al defensor del Pueblo Walter Gutiérrez en la Comisión de Constitución a raíz de las declaraciones que este diera en marzo sobre las acusaciones por acoso sexual que pesan contra el acciopopulista. En esa oportunidad, Gutiérrez se reunió con la periodista que denunció a Lescano, revisó los mensajes y afirmó que se trataba de un caso de acoso.

En esta frase, Lescano suelta una afirmación que todavía se encuentra en investigación y una falsa. En su defensa, Lescano ha señalado que los mensajes con la presunta víctima fueron adulterados. En comunicación con este Diario, el legislador afirmó que el peritaje fiscal a esos mensajes ya ha sido realizado pero no puede revelar su resultado. Fuentes del Ministerio Público señalan que los peritos que realizaron el análisis han sido citados para los primeros días de octubre a la Primera Fiscalía de Violencia contra la mujer para que se ratifiquen en sus conclusiones. La periodista que lo acusa ha reiterado la autenticidad de los mensajes, en sus últimas entrevistas en medios.

Pero el motivo por el que aún no se ha instalado la Junta Nacional de Justicia nada tiene que ver con este tipo de declaraciones hechas por Gutiérrez, en su rol de defensor del Pueblo. Este organismo no se ha podido instalar debido a problemas en los procedimientos para la selección de sus miembros.