Roberto Sánchez: Antauristas intentan librarlo de acusación fiscal y pedido de cinco años de prisión

Aunque de cara a la segunda vuelta electoral, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, ha intentado en más de una oportunidad marcar distancia de su aliado el cabecilla etnocacerista Antauro Humala, siguen evidenciandose hechos que revelan su cercanía con el condenado por el Andahuaylazo.

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Ahora, uno de los fundadores del otrora Partido ANTAURO (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros), declarado ilegal y disuelto por orden del Poder Judicial, junto a un cercano colaborador y exmilitante de esa agrupación violentista presentaron un recurso de hábeas corpus a favor de Sánchez que pretende anular el proceso en su contra por el presunto delito de falseamiento de la información sobre la recepción de aportes de campaña recibidos, entre el 2018 y 2020.

La demanda de hábeas corpus, que dio a conocer “Cuarto Poder” y a la que también tuvo acceso El Comercio, fue presentada por Tomás Soldevilla Guerra y Jesús Barboza Cruz.

El recurso fue admitido a trámite el 13 de mayo por el Sétimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia, a cargo de la juez Malbina Saldaña Villavicencio.

Soldevilla fue fundador del disuelto partido de Antauro Humala e integrante del Comité Ejecutivo Nacional.

Barboza, en tanto, ha sido abogado del partido ANTAURO y es un personaje muy cercano a Humala, según confirmaron fuentes de la desaparecida agrupación a El Comercio.

Además, videos y fotos compartidos recientemente en redes sociales muestran que es parte del círculo cercano del condenado por el ‘Andahuaylazo’, en el que fueron asesinados cuatro policías.

Por ejemplo, participó junto a Humala y el excandidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, en una actividad el último 1 de mayo. Atencio ha expresado su respaldo a la candidatura de Sánchez Palomino.

“Cursese oficio al 33° Juzgado de investigación Preparatoria de Lima, para que informe sobre el estado actual del proceso penal seguido contra el beneficiario en el proceso penal signado con el número 02326-2-1826-jr-pe 17, seguido contra el beneficiario SÁNCHEZ PALOMINO ROBERT HELBERT, por el delito de FALSA DECLARACION EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales", resuelve la resolución judicial.

En el recurso, los antauristas solicitan que se declare la “nulidad absoluta” de la acusación fiscal contra Sánchez por la supuesta “vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la presunción de inocencia, a la no autoincriminación, a la libertad de trabajo, al debido ejercicio de la representación política y a la participación ciudadana”.

También piden que se suspenda la audiencia programada para este miércoles 27 de mayo en la que el juez decidirá si el caso pasa a juicio oral.

Buscan, además, que el Sétimo Juzgado Constitucional ordene a la fiscalía y el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima que “cesen inmediatamente todo acto que amenace la libertad personal, integridad física, psicológica y los derechos políticos” de Sánchez Palomino.

Para los antauristas, se debe declarar inaplicable las leyes invocadas en la acusación fiscal, por “atipicidad total” de los hechos atribuidos a Sánchez.

En ese sentido, que se disponga el “sobreseimiento penal” y “archivo” definitivos del candidato presidencial y actual congresista de Juntos por el Perú.

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Asimismo, demandan que se ordene al Ministerio Público que “se abstenga de emitir cualquier acto de persecución penal ulterior” contra Sánchez sobre la investigación de falseamiento.

Por otro lado, señalan que se debe declarar “inconstitucional, ilegal y nula” el pedido de inhabilitación para cargos públicos contra Sánchez solicitado por la fiscalía en su acusación.

Para los antauristas, el fiscal y el juzgado han litigado “de mala fe procesal, abuso de derecho y vulneración sistemática de derechos fundamentales”.

Soldevilla y Barboza afirman que, conforme a los resultados oficiales, Sánchez ha sido elegido “por voluntad soberana del pueblo peruano” como “futuro presidente” del Perú por lo que cualquier acto de “persecución penal” que lo prive de su liberad o capacidad para asumir el cargo “constituye” una “vulneración indirecta” y “gravísima” del derecho del pueblo a ser gobernado “por quien libremente eligió”.

Como ha informado El Comercio, por este caso, el Ministerio Público solicita contra el líder de JP una condena de 5 años y 4 meses de cárcel.

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Fuentes de El Comercio, señalaron que adicionalmente al recurso, interpusieron una medida cautelar para suspender todo el proceso y audiencia de este miércoles, pero el juzgado lo rechazó y habrían apelado.

Redacción EC,

La fiscalía lo acusa por los presuntos delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria citó a las partes para que participen de la audiencia virtual convocada para las 8:00 horas de la mañana.

Sánchez Palomino y sus coacusados afrontan este proceso bajo la medida de comparecencia simple, situación que no fue variada tras la nueva acusación que presentó la fiscalía.

Desde hace dos semanas, un nuevo juez asumió el despacho que tendrá a su cargo decidir si Sánchez Palomino y otros acusados, pasan o no a juicio oral. Se trata del juez supernumerario Juan Vidal Mercado Cahuana, quien ingresó en reemplazo de la magistrada Marianela Romero Barzola.

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Respuesta

En diálogo con El Comercio, Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú, intentó nuevamente marcar distancia del líder etnocacerista al responder que su agrupación “no ha autorizado la interposición de algún recurso”, que “desconocen las intenciones” de los antauristas.

Además, subrayó que “cualquier ciudadano puede interponer un hábeas corpus en favor de terceros porque la ley lo permite” y eso escapa de su control.

No obstante, aseveró que Roberto Sánchez “es muy respetuoso de los procedimientos legales y se somete a ellos”.

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista y exviceministro de Justicia Gilmar Andía señaló que el recurso presentado por los antauristas no procedería pues no cumple con los supuestos que la jurisprudencia establece.

“Los hábeas corpus no pueden ser utilizados a diestra y siniestra para defender cualquier derecho que se nos ocurra [...] Esta figura ha sido pensada para poner en libertad a un sujeto que ha sido detenido de manera ilegal o arbitraria”, dijo.

“Lo que piden es que se declare nulo el auto que llama a audiencia de control de acusación porque esto afectaría los derechos políticos de Sánchez, el hábeas corpus no ha sido pensado para eso, para eso existe la acción de amparo, que está vinculada a cualquier otro derecho que no sea la libertad personal”, remarcó.

Andía señaló que ni siquiera podría darse un hábeas corpus preventivo, pues no hay una eminente privación de la libertad. Precisó que lo que se verá este miércoles es la fase del control de acusación, que es para ver si el caso pasa a juicio oral. “La lectura de una posible privación de la libertad está muy lejana”, puntualizó.