Fiscalía suspendió diligencia en IDL-Reporteros por audios de CNM y PJ

El Ministerio Público realizó este mediodía una diligencia en las oficinas de IDL-Reporteros en el marco de las investigaciones que realiza por los audios que fueron difundidos por este portal periodístico y que revelan presuntas negociaciones entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Esta acción se concreta dos días después que la fiscalía anunciara, el domingo 8 de julio, el inicio de una investigación para determinar si hubo delitos en las conversaciones que involucran al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, al juez supremo César Hinostroza y tres miembros del CNM.

Al confirmar la apertura de las investigaciones, el Ministerio Público también había detallado que procedería a solicitar los audios que fueron dados a conocer por IDL-Reporteros en el transcurso del fin de semana.

El periodista Gustavo Gorriti, que encabeza el equipo de IDL-Reporteros, cuestionó la diligencia fiscal por considerar que vulneraba las leyes peruanas e internacionales que protegen la libertad de prensa y la labor periodística.

"Si cada vez que se produce una investigación viene un fiscal e incauta todo el material, esa es la manera más segura de terminar una investigación, de sabotearla", manifestó Gorriti al llegar a la redacción mientras se llevaba a cabo la diligencia.

Pese a los cuestionamientos, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, que estuvo presente en el lugar, señaló que la fiscalía estaba llevando a cabo una diligencia "estrictamente formal".

Aproximadamente una hora después de iniciada la diligencia, esta fue suspendida. Según Gorriti, eso sucedió por la falta de documentación pertinente para proceder con algún tipo de incautación de material. El periodista aseguró que le reiteró al fiscal que contribuirían con todo lo que requiera la investigación fiscal sin vulnerar el principio de protección de fuentes periodísticas.

Carlos Rivera, luego, comentó que evaluarán presentar una queja a la Fiscalía de la Nación debido a la realización de una diligencia sin contar con una aprobación judicial que la sustente.