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Dentro de los primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo, hubo múltiples designaciones fallidas en diversos sectores. Una de ellas fue la de Natalia Jiménez, exmilitante de Perú Libre a quien el ministro de Transportes, Juan Silva, nombró como directora de una oficina adscrita. Aunque Jiménez fue retirada del cargo a los dos días, luego de que la Contraloría alertara por su falta de perfil, ella retornó al Estado bajo la aprobación del ahora ex primer ministro Guido Bellido.
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De acuerdo con el portal de transparencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, la joven abogada fue contratada como consultora para el despacho de Bellido el 17 de setiembre, con una retribución de 3,966 soles. El Comercio intentó comunicarse con el congresista Bellido a fin de conocer de qué trató aquella consultoría, pero no respondió a nuestros mensajes ni tampoco atendió las llamadas.
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Como se informó en su momento, Jiménez Velásquez había sido nombrada el 2 de agosto como directora del proyecto especial de infraestructura de transporte descentralizado de Provías del MTC. Su designación no llegó a ser publicada en El Peruano, pero tuvo resolución ministerial firmada y estuvo en vías de salir en el diario oficial. No obstante, la Contraloría General de la República emitió un informe alertando que la abogada no cumplía con ninguno de los requisitos básicos para tal plaza, como tener un mínimo de diez años trabajando en el Estado o en el ámbito privado, posgrados afines a las funciones encomendadas o una carrera relacionada al tema.
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La resolución ministerial con el nombramiento de Jiménez no se llegó a publicar en el diario oficial El Peruano y fue dejada sin efecto a las pocas horas de publicado el informe de Contraloría.
Jiménez, de 27 años y con título de abogada emitido apenas en el 2019 por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (denegada de licenciamiento por la Sunedu en el 2021), iba a asumir funciones en una unidad dependiente del MTC con un manejo presupuestal millonario. Luego de que se dejara sin efecto su designación por el control preventivo de la Contraloría, continuó laborando en esa oficina Carlos Revilla Loayza, funcionario de larga carrera en el sector a quien el ministerio pretendía retirar previamente. El 28 de octubre, finalmente se designó en el cargo a Víctor Valdivia Malpartida. Según las planillas del MTC, el puesto que habría sido para Jiménez es remunerado con S/ 25,000.
“El caso de Natalia Jiménez fue, sin duda, uno de los más emblemáticos de este gobierno en el sentido de que se percibió cierta tendencia de copar las entidades con personas —además en altos cargos— sin aplicar ningún criterio responsable. La señora Jiménez, sencillamente, desafiaba todos los requerimientos del puesto”, comentó Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, a este Diario.
Cuota partidaria
En otro informe de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, identificamos que, de los 764 nombramientos en los 100 días de gestión del presidente Castillo, 24 correspondieron a personas vinculadas a Perú Libre. Natalia Jiménez compone esa lista, pues estuvo afiliada al partido desde octubre del 2015 hasta su renuncia, en junio del 2020, por motivos laborales. En ese período, fue miembro del comité partidario en la provincia de Tumbes.
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Natalia Jiménez es cercana al partido y sigue en actividad como secretaria de Juventudes de la región macronorte. (Foto: Facebook Natalia Jiménez)
Aunque no guarda nexo formal con la organización política en los registros del JNE, Natalia Jiménez cumple actualmente el rol de secretaria de Juventudes Macronorte de Perú Libre. En un video compartido en Facebook el 12 de octubre, Jiménez declara para la página “El Ágora Popular”, consultada por la entonces reciente salida de Guido Bellido de la PCM.
“No solamente la juventud de Perú Libre, sino el Perú profundo está desconcertado con la salida de nuestro premier [Guido Bellido], un hombre representante de los Andes. Pero ha sido la decisión del presidente y se va a evaluar algunas acciones respecto al Gabinete. Eso ya corresponde a nuestra bancada, quien coordinará seguramente con el presidente. Entendemos que debe ser por razones estratégicas; esperemos que así sea. De lo contrario, siempre estará ahí el partido para alinear al Gobierno”, dice Jiménez en el video.
La abogada también mantiene una cuenta personal activa en Facebook, donde comparte contenido de la bancada de Perú Libre y, más concretamente, de la facción cerronista. Intentamos contactarla por esa red social con preguntas sobre la contratación que le hiciera el despacho de la PCM, pero no obtuvimos respuesta hasta la publicación de esta nota.
Aunque Jiménez Velásquez nunca postuló a cargos de elección popular, su padre, Manuel Godofredo Jiménez Castillo, es conocido por sus dos intentos de llegar al Congreso con el lápiz. Jiménez Castillo es militante activo por Tumbes desde el 2015 y fue candidato en el proceso electoral de este año y en los comicios extraordinarios del 2020. En ambas oportunidades, apenas superó los 1,100 votos y no obtuvo curul.
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En la foto de tiempos de campaña: el militante y excandidato Manuel Jiménez (con mascarilla abajo, al lado del ahora presidente Castillo). De gorra y utilizando mascarilla negra, está el ahora ministro de Transportes Juan Villegas. Al otro lado de la mesa, se distingue también a Richard Rojas, cuya posterior designación como embajador en Panamá sería rechazada y en Venezuela quedaría trunca. (Facebook: Manuel Jiménez Castillo)
El 19 de julio, Jiménez Castillo publicó una fotografía (visible arriba) en su cuenta de Facebook, donde se lo observa compartiendo mesa con el entonces virtual presidente electo Pedro Castillo, el militante y luego fallido embajador Richard Rojas y el propio Juan Silva Villegas, ahora ministro de Transportes.
El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, destacó que las designaciones donde únicamente prima la cuota política son, definitivamente, nocivas para la administración pública. Sin embargo, comentó que, en las encuestas nacionales sobre corrupción que su organización publica cada dos años, la mayoría de personas suele tolerar este tipo de conductas al interior del Estado.
“Que una autoridad elegida o designada en puestos de alta confianza coloque a personas en puestos públicos por razones políticas recibe relativa tolerancia en los estudios que hemos realizado. Es casi como si no se advirtiera corrupción o se normalizara este tipo de actos. Pero lo que conocemos como ‘tarjetazo’ o ‘argolla’ es realmente peligroso cuando hablamos de puestos clave, donde lo técnico es una exigencia y se moviliza alto presupuesto”, dijo Rotta.
En el caso de Natalia Jiménez, la propia Contraloría enfatizó en su momento que, de haberse publicado formalmente su designación, se habría configurado el delito de nombramiento o aceptación ilegal, regulado por el artículo 381 del Código Penal y contenido en el capítulo sobre delitos cometidos por funcionarios públicos. Este ilícito tiene una pena leve de 60 a 120 días-multa.
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