En los primeros meses de gobierno, los principales cuestionamientos a la gestión del presidente Pedro Castillo surgieron tras la designación de altos funcionarios o ministros de Estado, de quienes se conoció, una vez nombrados, sobre investigaciones fiscales en su contra, denuncias o conflictos de intereses.
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El caso más reciente de una designación que le ha traído críticas al jefe de Estado, ha sido la Bruno Pacheco, quien anunció la mañana del viernes, via su cuenta de Twitter, su renuncia al cargo tras las denuncias en su contra de presiones en las Fuerzas Armadas y en la Sunat.
Días antes la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez había señalado que el presidente Castillo evaluaba las denuncias contra Pacheco.
Renuncio al cargo de SG con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar q el Pdte. sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando x el Perú!
— Bruno Pacheco🇵🇪 (@BrunoPachecoC) November 19, 2021
Bruno Pacheco es investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, junto al exministro de Defensa, Walter Ayala, por las presuntas presiones de ambos para influir en ascensos en las Fuerzas Armadas. Según la fiscalía, se presume la comisión de los delitos de patrocinio ilegal y abuso de autoridad.
Un segundo hecho que se atribuye a Pacheco son los mensajes que envió al superintendente de la Sunat, Luis Vera Castillo, con el presunto fin de favorecer a empresas con deudas pendientes.
El secretario general es el hombre de confianza del presidente y, la máxima autoridad ejecutiva del Despacho Presidencial. Es el órgano de la Alta Dirección responsable de brindar asistencia técnica y administrativa al presidente y a los vicepresidentes.
Desde su designación, el ministro de Transportes, Juan Silva, recibió críticas por su perfil. Aún continúa en el cargo y está próximo a responder ante el Congreso mediante una interpelación. El próximo jueves tendrá que contestar sobre la reforma del transportes y por nombramientos como el de la exjefa de la Sutran de Doris Alzamora Chamorro, quien fue intervenida en los años 2013, 2016, 2019 por supuestos casos de hurto simple y falta contra el patrimonio.
Walter Ayala renunció esta semana al cargo de ministro de Defensa después de las acusaciones de los ex comandantes generales José Vizcarra Álvarez (Ejército) y Jorge Chaparro Pinto (Fuerza Aérea del Perú) de recibir presiones por parte de Ayala para favorecer a una lista de oficiales “recomendados” por Pedro Castillo.
Ayala es abogado de profesión y tuvo notoriedad semanas antes del inicio del gobierno al presentar una acción de amparo con la que el Poder Judicial ordenó detener la elección de magistrados del Tribunal Constitucional durante el anterior Congreso.
En tanto, la designación de Luis Barranzuela, como ministro del Interior, tambien levantó polémica y rechazo no solo porque había sido abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre, sino porque tenía una investigación abierta en la fiscalía. Renunció al cargo tras conocerse que realizó a fines de octubre una reunión en su casa a pesar de que su propio sector había recordado días atrás que esto no estaba permitido.
Otro caso del que surgieron críticas fue el del expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a quien el Ministerio Público investiga por presunta apología al terrorismo. Su designación como primer ministro se conoció tan solo pocos minutos antes de que jure al cargo.
Durante el ejercicio de su cargo, la fiscalía dispuso iniciar una indagación al también parlamentario por presunto lavado de activos por el caso del financiamiento a las campañas de Perú Libre. Permaneció más de dos meses en el cargo.
El primer gabinete ministerial, que lideró Bellido, también estuvo conformado por Iber Maraví, quien asumió el Ministerio de Trabajo. Dejó el puesto tras afrontar una interpelación en el Congreso y después de muchos cuestionamientos por un presunto vínculo con el terrorismo.
Ante el Parlamento, el entonces ministro tuvo que responder por su cercanía con el Sutep-Conare, relacionado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y por su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho.
¿Dónde queda la idoneidad del cargo?
Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, indicó a este Diario que, al hacer una designación inadecuada el Estado se puede ver afectado de dos formas, con el riesgo del abuso de poder, y por el aletargamiento de la gestión pública.
Rotta se refirió al caso de Bruno Pacheco y recordó que el pasado 26 de julio, poco antes de que Francisco Sagasti deje Palacio de Gobierno, se hizo una modificación a las exigencias requeridas para ocupar el cargo de secretario general.
Los estudios de posgrado o la trayectoria profesional fueron eliminados como requisitos. A la fecha, solo basta con que la persona designada para este cargo clave, cuente con la confianza del presidente.
“El perfil para el puesto del despacho de secretario general exigía maestrías, años de experiencia, y esto se cambió con esta resolución del 26 de julio, básicamente se eliminaron las exigencias”, sostuvo.
Consideró que el cambio de requisitos para altos puestos debería corregirse a la brevedad y, mencionó que desde Proética recomiendan la revisión de los perfiles en el Ejecutivo.
“Los perfiles son una herramienta relativamente nueva y ayudan a hacer coincidir las cualidades profesionales técnicas con las exigencias de un cargo, tienen una razón de ser, andarlas cambiando o eliminarlos nos parece que es una situación que debe corregirse a la brevedad, por esto también recomendamos que debe revisarse todos los perfiles de alta dirección del Ejecutivo y que donde haya habido cambios de este tipo que se corrijan o en todo caso que se mejoren”, apuntó.
También planteó la reactivación de la Unidad de Integridad del Despacho Presidencial, un órgano encargado de advertir de riesgos de infracción a las disposiciones éticas por parte de los funcionarios. Esta unidad fue desactivada, precisamente, por Bruno Pacheco, en agosto pasado.
“La presidencia había creado su unidad en marzo de este año pero entra la nueva gestión y el secretario general dispone la desactivación de esta oficina y que se encargue Recursos Humanos”, dijo.
Para Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, la idoneidad es el estándar mínimo para un cargo. “Idóneo es alguien que tiene las competencias para cumplir un cargo, si eres ministro de Estado la idoneidad incluye evaluación política”, sostuvo.
“No cumplir con la idoneidad es afectar dos cosas, primero la ley, el código de ética, que establece que la idoneidad es un elemento obligatorio y desde luego, una persona que no es idónea para un puesto lo que va a originar es un ejercicio inadecuado de la gestión, lo que tienes que asegurar mínimamente es la idoneidad”, agregó.
Sobre los nombramientos de altos funcionarios en el gobierno de Castillo, afirmó que los cuestionamientos y denuncias conocidos revelan que existen grupos con diferentes intereses en medio de la gestión y no se prioriza a una propuesta de gobierno para designaciones.
“La información que se ha ido manejando del gobierno revela más bien que el gobierno se ha ido formando por una suma de intereses de grupos diferentes y que la selección de personas ha dependido de qué tanto estaban alineados con esos intereses de conformar el gobierno, tú eliges al ministro de Transportes no por una idea de políticas de transportes, que está articulada a una propuesta general de gobierno, sino que puede ser que haya un grupo de interés alrededor del ministro, y ese grupo de interés eventualmente se puede ver favorecido”, manifestó.
Lanegra consideró que esto originó desorden en el Ejecutivo. “No hay coherencia entre un sector y otro, no tienes una estructura de propuesta de gobierno, sino una segmentación de muchos grupos, la idoneidad cuando la combinas con un plan de gobierno, eliges a la persona que esté más alienada con ese plan, pero ¿si no hay plan?”, mencionó.
Zegarra: “le agrega debilidad política”
La politóloga Katherine Zegarra sostuvo que las críticas a la gestión por una serie de nombramientos no le quitarían legitimidad al presidente Castillo, sino más bien “le agrega debilidad política”, además que pierde apoyo ciudadano.
“Algunos como Pacheco tienen intereses particularistas, se pierde el sentido, el activo que tenía (Castillo) respecto a su historia y lo que significa él como persona que ha venido desde abajo”, afirmó.
Sobre la respuesta del mandatario al conocer las denuncias periodísticas de sus altos funcionarios, la especialista indicó que “uno pensaría que hubo una mala elección o no se sabía por completo los cuestionamientos, pero incluso cuando son descubiertos no hay esa reacción, incluso al punto de que es forzado a modificar esas malas decisiones, va más allá de la torpeza política, da luces sobre la debilidad o una mala concepción, una mala visión respecto a lo que es ser presidente”.
Respecto a los motivos que llevarían al mandatario a designar a funcionarios con perfiles cuestionables, Zegarra identificó dos hipótesis: la primera es mantener cerca a personas que gocen de su confianza, y la segunda es la poca capacidad para atraer buenos cuadros a su gabinete.
“No solo está en un partido débil sino que dentro de su partido no encuentra aliados, muchas veces oponentes, entonces hay una decisión de mantener personas de su entorno cercano en lugar de priorizar la meritocracia, otro puede ser que tiene dificultad para lograr convencer a buenos cuadros a que se sumen al gabinete, políticos o técnicos pueden tener dudas de subirse al barco”, dijo.