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El secretario de Organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, y Guido Bellido, congresista electo de Perú Libre, fueron los que coordinaron el pago de la reparación civil por S/850.000 que debía pagar el ex gobernador regional Vladimir Cerrón al Estado tras haber sido sentenciado en agosto del 2019 por el delito de negociación incompatible, según conoció este Diario.
El pago total de esta reparación civil vence el 30 de junio, así lo informó a El Comercio la Procuradora Anticorrupción de Junín Nora Flores Peñaloza.
“Si dentro de ese plazo, no paga, nosotros [Procuraduría] vamos a solicitar la revocatoria de la condena [comparecencia por prisión efectiva] y la ejecución del embargo [de los bienes de los sentenciados] que en este momento están con medidas de inscripción preventiva, para cautelar la reparación civil”, sostuvo la abogada del Estado.
El también fundador de Perú Libre junto con otros exfuncionarios debían pagar este monto a favor del Estado en un plazo máximo de seis meses, además de acatar normas de conducta que, en caso de ser incumplidas, conllevarían a la variación de las medidas de comparecencia por la prisión efectiva.
Para apoyar a Cerrón, Arturo Cárdenas sostuvo diálogos con Guido Bellido para coordinar una reunión para el 20 de noviembre del 2020 en la que se acordara recaudar el dinero. Según indicó el dirigente en una de las escuchas legales interceptadas por la Diviac, se podría recaudar S/35.000 “dividiendo entre cada región”.
GUIDO BELLIDO: Ya, ehh. Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche
ARTURO CÁRDENAS: Ya. ¿La agenda?
GUIDO BELLIDO: La agenda es el asunto pe. Pucha, los 850 mil (soles) de caución que hay que pagar
ARTURO CÁRDENAS: Ya
GUIDO BELLIDO: Sí, entonces lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo entre cada región más o menos un promedio de 35 mil (soles) habría que recaudar en cada región
ARTURO CÁRDENAS: 35 mil soles
GUIDO BELLIDO: Ajá, en cada región
ARTURO CÁRDENAS: Ya, claro
GUIDO BELLIDO: Ya, eso. Y hemos estado viendo que la recaudación lo haga la secretaría de Economía de cada región.
ARTURO CÁRDENAS: Claro, secretarios regionales
Acuerdo judicial incumplido
Hasta el 13 de mayo, según un informe de la Procuraduría al que accedió este Diario, la abogada del Estado Flores Peñaloza le indicó al procurador Javier Pacheco que, hasta el 13 de mayo, su despacho cobró por concepto de la reparación civil un total S/520.074, quedando un saldo pendiente de S/329.926. El monto debía ser abonado de forma solidaria por Vladimir Cerrón, Henry López, Carlos Mayta y Juan Carlos Sulca.
La cifra recaudada por la PAJ se incrementó al 12 de junio a S/645.075, quedando un saldo pendiente de S/204.925 que deberán abonar los sentenciados antes del 30 de junio, fecha que vence el plazo que le otorgó la magistrada del Quinto juzgado investigación preparatoria (JIP) luego que Cerrón y sus co-sentenciados se negaban a pagar la reparación civil.
Según el informe, el fundador de Perú Libre entregó al juzgado un certificado de depósito realizado el 16 de noviembre del 2020 por el monto de S/284.000 pocos días después que la Procuraduría solicitó la revocatoria de la condena. La jueza en audiencia del 12 de enero acordó con los sentenciados que deben pagar el saldo en seis cuotas de S/77.500. Los sentenciados pagaron la primera cuota y para la segunda cuota depositaron S/57.574.
Los otros sentenciados remitieron los certificados de depósitos al juzgado. Según la relación de la Procuraduría, Henry López Cantorín hizo dos depósitos por S/120.000, Carlos Mayta Valdez depositó en siete oportunidades haciendo un total S/ 168.074 y Juan Carlos Sulca hizo cinco aportes por S/73.000.
Luego, los condenados por corrupción suspendieron los pagos y han ido amortizando el saldo pendiente de pago de la reparación civil, según se informó a este Diario.
Sin embargo, en marzo se conoció que trabajadores del GORE Junín hicieron público sus reclamos al ser acosados por partidarios de Perú Libre, partido que lidera Vladimir Cerrón para que depositen parte de sus haberes en dos cuentas de ahorros cuyo fondo serviría para pagar la reparación civil del exgobernador y de sus tres cómplices.
Dos fuentes del Ministerio Público confirmaron a este Diario que la fiscalía anticorrupción de Junín abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables, luego de conocerse las denuncias de los servidores del GORE Junín. Precisaron que no se ha podido determinar hasta el momento el destino de los fondos fue para pagar la reparación civil del exgobernador.
Según Infocorp, en el reporte de Carlos Mayta, el máximo endeudamiento se registró en noviembre del 2016 en dos bancos por concepto: préstamos inmobiliarios y consumo por S/ 234.069. Finalmente, Carlos Sulca registra deudas de consumo por S/ 15.410 y está calificado en el sistema financiero como cliente de riesgo.
Según el abogado penalista Carlos Caro consultado por este Diario sostuvo que las autoridades deben cobrar el saldo pendiente e identificar la procedencia de los fondos que utilizó para pagar la reparación civil. “El procurador debe requerir al juez que le cobren el saldo de la reparación bajo apercibimiento de variar la condena condicional […] sobre la procedencia del dinero depositado, puede dar lugar a una investigación por lavado de activos, al estar manejando mucho efectivo, que no se conoce el origen”.
Añadió que Cerrón tiene que pedir autorización al juez para salir de la ciudad donde vive y hacer campaña política en otras ciudades. “Tendría que haber pedido permiso al juez para salir de la localidad, como lo hizo Keiko Fujimori. Si no lo hizo, el juez lo puede amonestar o revocar la sentencia al infractor”.
