Debilitan fiscalía que investiga a presidenta Dina Boluarte y a prófugo Vladimir Cerrón por lavado de activos

El personal del despacho del fiscal Richard Rojas Gómez, que investiga por lavado de activos a la presidenta Dina Boluarte y al líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, ha reducido la cantidad de su personal de alrededor de 20 a 4 profesionales debido a que el área administrativa del Ministerio Público aún no autoriza la contratación correspondiente para que continúen con su labor.

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Según información a la que accedió El Comercio, los requerimientos para que 14 personas siguieran dedicadas a apoyar en las pesquisas de casos emblemáticos a cargo de la oficina del fiscal Rojas, se realizaron entre el 21 de agosto y el 9 de setiembre último.

No obstante, el trámite se encuentra suspendido hasta el momento en la Oficina de Programación de la institución que dirige la fiscal de la Nación Patricia Benavides.

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“Debe tenerse en cuenta que este despacho fiscal cuenta únicamente con 3 personales administrativos bajo el régimen CAS [contrato administrativo de servicios]”, consignó el magistrado Rojas Gómez en un escrito dirigido a la Fiscalía Superior de Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos.

De acuerdo con un oficio enviado a la titular del Ministerio Público, en la mencionada área administrativa señalaron que hay “falta de presupuesto” y que por ese supuesto motivo “no existe fecha cierta para emisión de las órdenes de servicio solicitadas”.

“[Se] sustenta el requerimiento en la necesidad de contar con dicho personal, dado que [se] tiene en trámite carpetas fiscales emblemáticas, que por su naturaleza y complejidad demandan la dedicación exclusiva de varios locadores de servicios para realizar una diversidad de diligencias”, se lee en el escrito remitido por la fiscal superior adjunta Elssie Garavito, el 28 de setiembre pasado.

En el documento se añade: “[El despacho del magistrado Rojas Gómez] está asumiendo carga procesal altamente compleja y grave, que requiera contar con el adecuado apoyo administrativo […]. El personal que se tiene es insuficiente para el cumplimiento de toda la actividad fiscal”.

Además, en el oficio se mencionan tres de esos casos considerados emblemáticos. Uno es la investigación preliminar contra la mandataria Boluarte, el expresidente Pedro Castillo y otras personas por lavado de activos, organización criminal y financiamiento prohibido de campañas políticas, en relación a fondos utilizados para candidaturas de Perú Libre en las elecciones generales del 2021.

Otro caso es la investigación preparatoria contra la presunta organización criminal dentro de Perú Libre, encabezada por Vladimir Cerrón, actualmente prófugo tras ser condenado a 3 años y 6 meses de prisión en el proceso judicial por el “Aeródromo Wanka”. Según las pesquisas, “con el accionar de sus integrantes nombrados como funcionarios habría recaudado sumas de dinero de actividades ilícitas ejecutadas por organizaciones criminales que estarían vinculadas [’Dinámicos del Centro’, ‘Tiranos del Centro’, entre otros]”.

Y el tercero está relacionado al caso “Panamá Papers”, en específico a las pesquisas contra la familia Barrera Macchiavello. De acuerdo con la indagación, los investigados obtuvieron dinero ilícito presuntamente del tráfico de drogas, el cual lo ingresaban al “circuito económico a través de transferencias bancarias entre empresas, a personas naturales, también mediante la adquisición de bienes (inmuebles, vehículos) apertura de cuentas bancarias en diversas entidades financieras”.

Proceso disciplinario

De otro lado, a fines de setiembre, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público abrió proceso disciplinario al fiscal Richard Rojas, titular del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra Lavado de Activos.

La indagación se debe a que, durante una visita de “control funcional – permanencia”, realizada el 18 de agosto último, “no se encontró [en su oficina] al fiscal provincial Richard Rojas Gómez, quien presentó su justificación [el 21 de agosto] argumentando que se encontraba efectuando diligencias de carácter urgente e inaplazable […], adjuntando una constancia de verificación suscrita por el suboficial PNP Kevin Suárez”.

La Oficina Desconcentrada de Control de Lima, órgano de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, considera que se trataría de una infracción calificada como falta leve. Según la resolución, del 26 de setiembre, el magistrado Rojas “habría brindado información falsa para justificar su no presencia en la visita de control”.

Este Diario buscó la versión oficial de la Fiscalía de la Nación respecto a la falta de personal para casos emblemáticos en el despacho del fiscal Rojas, pero hasta el cierre de edición no se recibió respuesta alguna.

[ACTUALIZACIÓN: 21 de octubre del 2023]

De forma oficial, el Ministerio Público contestó que la institución no ha dispuesto medidas que debiliten la labor y acciones de la oficina del fiscal Richard Rojas, a cargo de casos en los que se investiga a Dina Boluarte, Vladimir Cerrón y a otros dirigentes políticos o altos funcionarios.

“El requerimiento presupuestal para la continuidad de locadores de servicio en el citado despacho fiscal se está atendiendo en función a la disponibilidad presupuesta para atender la contratación de terceros a nivel nacional y en la importancia de la función fiscal que se realiza”, se indicó mediante el área de Prensa.

Se agregó que el Ministerio de Economía ha autorizado los recursos para la contratación de personas “en 1.393 plazas a nivel nacional”, luego de una gestión de la Fiscalía de la Nación, “a fin de cubrir el déficit presupuestal del personal CAS”.