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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la decisión tomada por el Poder Judicial al anular la apertura del proceso por el caso esterilizaciones forzadas contra Alberto Fujimori y exfuncionarios de su gobierno.
A través de redes sociales, informaron que la comisión había tomado nota de la decisión que se conoció por parte del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada al rechazar ampliar el juicio y señalar que se había anulado el auto de apertura del proceso.
“Preocupa los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y acceso a la justicia de las víctimas”, advirtieron.
En esa línea, la CIDH exhortó al estado peruano que adopte “medidas urgentes” para garantizar el acceso a la justicia y reparación de las víctimas de estos casos de esterilizaciones forzadas.
El 7 de diciembre, se conoció la resolución del Poder Judicial que detallaba la anulación del auto de apertura luego que se aprobara una demanda de amparo presentada por el congresista Alejandro Aguinaga, implicado en estas denuncias por su gestión como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fujimori.
Debido a esta disposición, se rechazó la ampliación de la carpeta fiscal y se determinó que todo el caso retorne al Ministerio Público para la subsanación de errores.
La acusación por lesiones graves seguidas con muerte es por considerar a todos los funcionarios como autores mediatos por dominio de aparatos organizados.
Este delito alcanza a Alberto Fujimori y a exfuncionarios de su gobierno como Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, Marino Luis Costa Bauer y Ulises Jorge Aguilar. Segundo Aliaga Pinedo, Enrique Marroquín Osorio y Magda Isabel Gonzáles son sindicados como autores mediatos.
