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El abogado Giovanni Priori, especializado en derecho civil, advierte que la crisis sanitaria podría ser una ocasión para realizar las reformas pendientes del sistema de justicia. Dos de las principales, a su juicio, son la digitalización de los procesos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados judiciales
Para él, sería excesivo culpar a esta crisis sanitaria de la lentitud con la que avanzan los procesos. Sí acentuará las condiciones existentes.
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¿Qué tan viable es el reinicio de las actividades en el Poder Judicial, luego que termine la declaratoria del estado de emergencia?
Debemos partir de un concepto clave: el servicio de justicia debe ser considerado esencial entre los servicios que presta el Estado. Porque allí está en juego la libertad, la propiedad, la salud, la tranquilidad, la protección y los derechos de las personas. Y creo que estos 50 días, en los que hemos tenido un Poder Judicial casi trabajando en su mínima expresión, no nos ha llevado a tener conciencia de la necesidad de contar con un mejor servicio del sistema de justicia para los ciudadanos. El segundo punto es que en situaciones de normalidad, sin pandemia de por medio, las instalaciones del PJ, en su gran mayoría, no están en condiciones de brindar un servicio adecuado. Ha habido un déficit de salubridad, sanidad y de infraestructura.
Uno de los grandes temas siempre ha sido el hacinamiento en el PJ, tanto para magistrados como para trabajadores.
Es correcto. No solo se trata de condiciones de salubridad y sanidad para prestar el servicio, sino de las mismas condiciones mínimas que deben tener los trabajadores del PJ. Son situaciones lamentables, que se vieron reflejadas en un informe que hizo El Comercio [Justicia de papel]. El tercer punto es que si bien en los últimos meses hubo un esfuerzo del PJ por avanzar en el expediente judicial electrónico y la informatización del sistema, estos esfuerzos han ido a un ritmo lento y no al que hubiésemos deseado. Han habido esfuerzos importantes, pero que de ninguna manera están en condiciones de brindar una justicia digital, que de alguna manera obligue a mejorar el acceso y ampliar el servicio. Hoy, lamentablente, nos vemos en esa situación que no tenemos un sistema de proceso digital ampliado.
El Consejo Ejecutivo del PJ aprobó un protocolo en el que, entre otras medidas, establece que solo se utilice el 50% del aforo establecido cuando se retomen labores. ¿Eso es suficiente?
Tenemos que ocuparnos de dos aspectos. De un lado proteger la salud de los magistrados y trabajadores del PJ; y de otro lado, permitir el acceso a la justicia de los ciudadanos para la defensa de sus derechos. Está muy bien reducir el aforo, pero no es suficiente. Se trata de mejorar las condiciones de salubridad y seguridad de los trabajadores y magistrados del PJ.
Algunos penalistas señalan que la digitalización sería útil, pero se debe garantizar que las plataformas digitales para el seguimiento de sus expedientes sean seguras.
El Perú no es el primer país que va a implementar el sistema de justicia digital; ya en varios países existe esto y los protocolos existen. Es probable que no exista un sistema perfecto, pero creo que a veces incorporamos muchos temores, entramos en una discusión que a veces desconocemos y que ya la propia tecnología ha sabido hacerle frente.
En lo concreto, esto significaría que el PJ implemente un sistema que no existe.
La justicia digital existe hace mucho en muchos países. El PJ ha ido avanzando muy lentamente en esto y lo que tiene que hacer es afinar protocolos, mejorar plataformas y garantizar el acceso más ampliado. En estos días se han dictado algunas disposiciones para esto. O tal vez nos toca ir sobre la marcha, cuando esto es algo que hace algunos años debimos haber comenzado a incorporar paulatinamente.
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En el protocolo también se establece que trabajadores y magistrados que sean mayores de 60 años o estén en el grupo de riesgo harán trabajo remoto, y se les dará las herramientas necesarias. ¿Eso es viable?
El gran problema en los procesos civiles es que los expedientes no están digitalizados. Vamos a tener un teletrabajo con el expediente físico al lado del juez, vamos a trasladar los miles de expedientes que están en los despachos judiciales a sus casas. Tenemos que dar un paso de avanzada en eso. Evidentemente estamos en una situación de paralización y hay que tomar medidas, la justicia no puede seguir postergándose. También es importante no solo preocuparse por los jueces y funcionarios, sino por los abogados litigantes que también están en grupo de riesgo.
En el sistema de justicia, por costumbre o por acceso a recursos, los abogados han sido muy reacios a tener expedientes digitales. Siempre solicitan copias en físico. Esto va a ser una barrera en el proceso de digitalización.
Sí. Quizás uno de los problemas de hacer cambios radicales en el sistema de justicia es que nos enfrentamos a un grupo de resistencia muy fuerte por parte de los abogados, por una u otra razón. Parte de las exigencias de un profesional es tener que adecuarse a los nuevos recursos y nuevas circunstancias. No debería ser un obstáculo, debería ser visto como un desafío que un profesional responsable debería estar en capacidad de asumir.
Otra medida que ha tomado el PJ es la suspensión de los plazos procesales y administrativos. ¿Eso vulnera el derecho de los procesados y de los que demandan justicia de exigir que sus procesos no se retrasen más?
En situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Se justifica en atención a las circunstancias del caso. Imagínese la cantidad de demandas que están pendientes de ser presentadas desde hace 50 días. O la cantidad de actuaciones que las partes pueden haber hecho estos días. Creo que la medida de suspensión se adecua a las necesidades de una situación como la que estamos viviendo. En todo caso, no creo que la demora de los procesos en esta crisis sea la causa de la demora de los procesos [en general]. Los procesos ya vienen demorados por otras razones, tampoco lo atribuyamos a esta crisis. Por supuesto, acentuará el problema de demora que ya tenemos. Pero es una situación imprevisible, excepcional y extraordinaria.
Una vez que se levante el estado de emergencia, se va a generar una sobrecarga del PJ porque se presentarán las demandas de diferentes tipos que se han acumulado en estos 50 días. ¿Cómo puede hacer el PJ para canalizar eso?
Lo primero que tiene que hacer es preparase para esta primera avalancha de demandas que van a llegar apenas se reabra el sistema de justicia. Hay países en los cuales se está adoptando que la primera semana se considere como si fuera el primer día hábil para atender las cantidades de demandas que podrían llegar. Si bien es cierto que el PJ está pensando en cómo hacerle frente a la situación de cómo prestar el servicio, también hay que ponerse en la hipótesis de los litigantes que van a acudir por montones al PJ apenas se abra. Tiene que haber un tema de cuidado de salud para que no se formen larguísimas colas en la puerta de los juzgados.
¿Se debería realizar alguna reforma en los recursos humanos en estas circunstancias? ¿Contratar más jueces provisionales para atender la demanda?
Recuerde que cargamos un problema de hace años que es la provisionalidad. A eso súmale que apenas tenemos Junta Nacional de Justicia (JNJ) que va a tener que designar magistrados. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la incorporación de jueces, porque tenemos que asegurar la independencia en sus cargos.
La JNJ ya tenía problemas por la cantidad de casos que tienen acumulados. ¿Qué papel debe tener en esta crisis?
Son ellos los que elaboran los perfiles que deben cumplir aquellos que deben ser elegidos como magistrados, y hoy es fundamental que se piense en el uso de recursos tecnológicos como un requisito indispensable para poder ser designado juez.
Por lo que veo para Ud. lo prioritario es la digitalización de la justicia.
Yo siempre he dicho que en materia de sistema de justicia es muy difícil decir que se tiene que empezar por una sola cosa. Los tres ejes en los que trabajaría prioritariamente son: la implementación de la justicia digital, la mejora de las condiciones laborales y el aseguramiento de una atención del servicio de justicia que atienda a los ciudadanos con dignidad y con condiciones buenas de seguridad para su salud. Esto es un reto porque en los últimos años las reformas penal, laboral y ahora civil apostaban mucho por la oralidad. El gran desafío es remplazar la oralidad por la justicia digital.
¿Es viable realizar audiencias virtuales para tantos casos una vez culmine la cuarentena?
Hay que crear los protocolos para que las audiencias virtuales sean realizadas con el respeto y las garantías procesales de las partes. En algunas circunstancias, el Ministerio de Justicia debería preocuparse por crear herramientas para que las personas de escasos recursos puedan tener acceso para las audiencias que se requieran.
¿La crisis puede ser tomada como una oportunidad para realizar estas reformas?
Yo creo que es una oportunidad para digitalizar el servicio. Es fundamental.
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