Unidad de Investigación
En los próximos días, la Corte Suprema de Justicia deberá programar una audiencia para analizar la casación presentada por el fiscal superior anticorrupción de Junín, Ramón Vallejos Odría. Este recurso fue planteado contra la decisión de la Sala Penal de Apelaciones (SPA) de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Junín, que le rebajó la condena al exgobernador regional Vladimir Cerrón Rojas –de prisión efectiva a suspendida– en la sentencia por el delito de negociación incompatible.
El Ministerio Público ingresó el documento hace un mes ante la Corte Suprema y la Primera Sala Suprema Penal Transitoria (SSPT), presidida por el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, debe programar fecha para escuchar los argumentos legales del fiscal Vallejos y del abogado de la defensa de Cerrón Rojas, Josué Gutiérrez.
Según explicó el abogado penalista Carlos Caro, el expediente tiene que pasar por dos evaluaciones: la admisibilidad y el análisis de fondo. Sin embargo, señaló que esos dos procesos pueden acortarse. Consideró que si hay “voluntad judicial” de los vocales supremos, esta causa podría resolverse en setiembre. “Primero tendría que admitir la casación en agosto y llamar a audiencia al siguiente mes y ahí resolver. Los plazos procesales son así”, dijo.
Uno de los miembros de la sala es el juez supremo Iván Salomón Guerrero López, quien estuvo antes en la CSJ de Junín y se pronunció como parte del colegiado que ratificó una sentencia absolutoria a Cerrón en una querella interpuesta por el periodista Héctor Mayhuire.
Este Diario revisó el camino que ha seguido este expediente judicial que tiene dos años sin resolverse. En agosto del 2019 se inició cuando el Quinto Juzgado Penal de Huancayo sentenció a Cerrón a cuatro años con ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible y lo inhabilitó por un año para ejercer cargos en el Estado. Un expediente que aún no tiene una sentencia firme.
Cerrón apeló esta decisión y la carpeta pasó a la SPA de la CSJ de Junín, la que rebajó la condena a 4 años de prisión suspendida y permitió que el exgobernador dejara la cárcel. Ante ello, empezaron las casaciones.
El primer recurso ante la Corte Suprema fue presentado por el líder de Perú Libre, pero fue declarado inadmisible. En paralelo, la fiscalía también hizo lo mismo. Sin embargo, la SPA de Junín le negó el pedido. Por este motivo, la fiscalía interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema. Tanto la casación como la queja recayeron en la Primera SSPT que declaró fundada la queja en agosto del 2020.
Sin embargo, la Corte Suprema se demoró ocho meses en devolver el expediente a la CSJ. Esto generó que la sala de Junín recién elevara la casación a la máxima instancia judicial en junio de este año. Por esa razón, hasta la fecha no hay sentencia consentida.
–En el TC–
El último recurso presentado por la defensa de Cerrón es un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que la Sala de Apelaciones de Huancavelica declaró infundado el recurso que un juez de esa región había emitido para anular la sentencia.
Caro explicó que hay un detalle importante: para que el TC lo resuelva, tiene que haber sentencia firme. “Si hay una casación pendiente, la sentencia no es firme”, indicó. En el caso de que el TC decida pronunciarse y darle la razón a Cerrón, el abogado dijo que implicaría la anulación de las sentencias y, por lo tanto, de la casación pendiente.
En tanto, el abogado de Cerrón Josué Gutiérrez dijo sobre la casación de la fiscalía: “No va tener ningún efecto en términos de condena ni nada parecido”. Añadió que espera alcanzar en el TC la absolución de su patrocinado.
Al cierre de la presente edición, se obtuvo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró improcedente el recurso de agravio constitucional presentado por el abogado del exgobernador regional Vladimir Cerrón Josué Gutiérrez, en vista que está pendiente de resolver la Casación en la Primera Sala Suprema Penal Transitoria que presentó la Fiscalía Superior Anticorrupción de Junín.