Correos y nuevos testimonios en el Caso Gasoducto del Sur

La fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria a la ex primera dama Nadine Heredia y varios exfuncionarios –entre ellos, algunos ministros de la gestión del entonces presidente Ollanta Humala– por el Caso Gasoducto del Sur Peruano (GSP).

El Comercio accedió a la disposición fiscal que recoge nuevas evidencias sobre la presunta colusión en la que habrían incurrido funcionarios de la administración de Humala para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación del millonario proyecto.

Los correos

La decisión de la fiscal Mori se dio después de que el último 13 de febrero el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena resolvió que la investigación preliminar a Heredia por este caso culmine en un plazo máximo de diez días. En respuesta a ese pedido, en un documento de 292 páginas, Mori dispuso proseguir con la formalización de la pesquisa por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada contra la esposa de Humala, los exministros Jorge Merino (Energía y Minas), Eleodoro Mayorga (Energía y Minas), Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones), Luis Miguel Castilla (Economía y Finanzas), el ex primer ministro René Cornejo y una decena de exfuncionarios.

Según los documentos que formalizan la investigación preparatoria, el 17 de febrero del 2014, Rodney Carvalho –de la constructora Odebrecht, empresa que controlaba el consorcio– envió un correo electrónico a Daniel Hokama Kuwae, en ese entonces funcionario de la firma, con el asunto “Reunión en 30 minutos”. En esta comunicación, le preguntó si había “algún mensaje” para Jorge Merino, entonces titular de Energía y Minas. “Me avisas urgente”, concluyó.

Horas más tarde, ese mismo día, nuevamente Carvalho se dirigió a Hokama y le informó que Merino confirmó que había un acuerdo de todos los ministros respecto a que era “solo un contrato”, así como para aumentar las exigencias para los 200 kilómetros de operaciones, además de incluir el factor tiempo. “Esa es tu chamba”, le precisó.

Para la fiscalía, este correo evidencia que Odebrecht contaba con información privilegiada a través del entonces ministro de Energía y Minas. Según la página web de Perú-Petro, Daniel Hokama es actualmente gerente general de esa empresa estatal (adscrita al Ministerio de Energía y Minas).

Otro dos correos electrónicos incluidos por la fiscalía son los que fueron enviados también por Carvalho la mañana del 10 de abril del 2014.

Esta cadena de mensajes fue remitida a Jesús Saldaña Fernández y David San Frutos Tomé, ambos de la empresa española Enagás (que tenía el 25% del consorcio por el GSP), al exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, así como a Hernando Graña. “Sería interesante que ustedes hicieran la consulta a Pro Inversión acerca del operador estratégico de modo a estar seguro que ustedes podrán utilizar la empresa correcta tanto en la operación como en la concesión [sic]”, señaló.

Para la fiscalía, por el contenido de esta comunicación, el tema del operador de la concesión fue fundamental para el consorcio y fue tratado por los socios con funcionarios de Pro Inversión. “Me avisa para hacer seguimiento”, dijo Carvalho en uno de ellos. Según la fiscalía, los socios del consorcio fueron “beneficiados en la versión final del contrato de concesión que fue aprobado por acuerdo del Comité Pro Seguridad Energética [...] donde se aprecia el cambio de una cláusula fundamental, como es la de operador calificado”.

El comité

Otro elemento que incorpora la fiscalía es que, pese a que Pro Inversión tenía un comité encargado de los proyectos de hidrocarburos, se resolvió crear un grupo con el objetivo de que se abocara a nuevos proyectos por una solicitud expresa de Humala.

Para la fiscalía, este nuevo comité denominado Pro Seguridad Energética estuvo estrechamente vinculado al consorcio ganador del proyecto, que formó Odebrecht.

Un indicio de la injerencia de Palacio –de acuerdo con la disposición fiscal– apunta a que, previamente a la designación formal de los miembros del comité (que se iba a encargar de conducir el proceso de selección de la empresa que realizaría el GSP), Heredia “habría realizado actos ejecutivos en la designación de miembros del comité” .

Según Mori, para este fin, la ex primera dama habría recurrido a su prima Tania Quispe, en ese entonces superintendenta de la Sunat. Quispe –señala la fiscal– habría convocado en el 2013 al entonces asesor del Minem Mario Antonio Nicolini del Castillo, por su experiencia en temas de gas y petróleo, para que integrara el Comité Pro Seguridad Energética que se iba a constituir y que, efectivamente, se constituyó.

Quispe, quien tiene una investigación preliminar por los presuntos delitos de omisión de deberes funcionales y contra la administración pública-peculado en agravio del Estado (caso Club de la Construcción), ha señalado ante la fiscalía que recordaba haber recibido el CV de Nicolini y que al parecerle interesante, “lo envió al presidente Ollanta Humala”.

En tanto, Nicolini ha indicado a la fiscalía que acudió a Palacio de Gobierno el 22 de febrero del 2013 a pedido de Quispe. Manifestó que fue recibido por Heredia, quien le ofreció presidir el comité. Sin embargo, rechazó la propuesta al no estar interesado porque tenía trabajo y estaba haciendo una consultoría para una empresa en la India.

“Lo dicho por el testigo da cuenta de las injerencias de la imputada Nadine Heredia, en su calidad de primera dama, también en esta etapa de conformación del Comité Pro Seguridad Energética”, precisó la fiscal Mori en su resolución.

Colaboradores implican a Merino y Heredia

La formalización de la investigación incluye los testimonios de José Alejandro Graña y Hernando Graña Acuña, exdirectivos de la constructora Graña y Montero (GyM).

Graña Acuña relató que en una reunión con el exministro Jorge Merino conversó sobre cuál sería la mejor forma para que GyM participe en el proyecto. Afirmó que el entonces titular del MEM fue categórico en responderle que Odebrecht “era la empresa con mayores posibilidades y que debíamos ir con ellos”.

En su testimonio, Graña Acuña también hizo referencia a la injerencia de Heredia en la no ejecución de una carta-fianza, ya que habían decidido hacer una nueva licitación del proyecto. La ex primera dama le dijo que no se preocupara porque “el nuevo proyecto consideraba casi la misma ruta que Kuntur” con garantía del Estado.

Sobre este punto, José Graña detalló que Jorge Barata le señaló que Heredia se había comprometido a ayudarlos en la convocatoria debido al aporte de campaña que habían realizado.

Abogado de Heredia aún no fue notificado

Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, indicó a El Comercio que todavía no conoce la disposición de la fiscal Mori que formaliza la investigación preparatoria por el Caso Gasoducto del Sur. “Aún no nos han notificado, de modo que no podría dar ninguna opinión”, dijo.

En tanto, el exministro Luis Castilla expresó que recién ayer fue notificado y evalúa la disposición con su defensa.

Los abogados de los exministros Jorge Merino y Carlos Paredes se excusaron de dar una declaración.

Este Diario también llamó y dejó mensajes a los exministros René Cornejo y Eleodoro Mayorga, pero no obtuvo respuesta.

La exjefa de la Sunat Tania Quispe señaló que no tuvo nada que ver con el tema del gasoducto del sur. “La señora Nadine nunca me pidió que buscara a nadie para el comité. Yo derivé el CV de Mario Nicolini a Palacio a pedido de él, pues este buscaba colaborar con el gobierno”, acotó.