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El pedido del presidente Pedro Castillo de retirar al fiscal adjunto Luis Medina de la investigación por el caso de Petroperú no tiene sustento, señalaron los exprocuradores anticorrupción Luis Vargas Valdivia y Joel Segura y el penalista Luis Lama Puccio.
A través de su abogado Eduardo Pachas, el mandatario pidió la exclusión de Medina a la fiscal provincial anticorrupción Norah Córdova. Señaló que la diligencia que realizó Medina el lunes pasado en Palacio de Gobierno fue abusiva.
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Ese día, Medina pidió ingresar a distintos ambientes de Palacio para acceder a información vinculada al caso Petroperú. De acuerdo con el acta fiscal, Castillo no autorizó que accediera a la oficina de la Secretaría de la Presidencia, aunque el mandatario aseguró un día después que en ningún momento obstaculizó la diligencia.
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La defensa del presidente señaló que el fiscal Medina buscó información para incriminarlo, a pesar que como mandatario en funciones –señaló– solo lo puede investigar la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
El exprocurador Luis Vargas Valdivia dijo a El Comercio que la defensa del mandatario debe acreditar, para sustentar su pedido contra el fiscal, que este se encuentra en alguno de los supuestos que el Código Procesal Penal prevé específicamente para pedir la recusación de un juez: estar vinculado o tener un interés directo con algunas de las partes o demostrar con su conducta que no cuenta con suficiente objetividad.
“El cuestionamiento de la defensa del presidente no me parece atendible porque lo que hizo el fiscal adjunto fue cumplir una indicación de la fiscalía: constituirse en Palacio para llevar a cabo una diligencia. Eso es parte de las funciones del Ministerio Público”, añadió.
El exprocurador recordó que el fiscal solicitaba autorización para ingresar a una dependencia pública, como lo es Palacio de Gobierno. Aseguró que incluso si un fiscal solicitara permiso para acceder a un inmueble privado, esto no podría ser calificado como una conducta indebida, ya que los propietarios tendrían la facultad de negárselo.
“Cuestionar la diligencia me parece que no tiene mayor sustento. [...] Decir que se está buscando pruebas para incriminar al presidente tampoco lo tiene. La diligencia fue para esclarecer los hechos de personas comprendidas en la investigación. [...] Me parece que el pedido no debe ser admitido”, dijo.
La diligencia que realizó Medina en Palacio es por investigaciones preliminares contra el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez; el gerente general de Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh; la empresaria Karelim López y otros funcionarios de Petroperú.
Contra Castillo tendría que abrirse otra investigación a cargo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Ello debido a su alto cargo, que le da la protección del antejuicio.
El penalista Lamas Puccio consideró que Medina actuó de acuerdo a sus atribuciones. “Es más, se le ha recortado su labor por la ausencia de colaboración del presidente”, dijo.
En opinión de Lamas, el pedido de separar al fiscal “evidentemente se trata de un acto que lo que persigue es presionar [al Ministerio Público]”.
El exprocurador Segura discrepó con Lamas y señaló: “Si cualquier petición del abogado del presidente fuera tomada como presión, todo lo sería”.
Sin embargo, añadió: “Las partes pueden pedir cualquier cosa, pero tienen que hacerlo al amparo de la ley. Y sobre las razones: no me parece que se le excluya porque habría actos abusivos. Esa no es razón para hacerlo. Lo es cuando hay vinculación o algún tipo de interés que no permita cierta objetividad”.
Discrepancias por visita a la fiscal de la Nación
Lamas consideró que Pedro Castillo “materializó” un interés por presionar al Ministerio Público con la visita que realizó a la fiscal de la Nación el martes pasado sin previo aviso, en compañía de su abogado.
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El presidente Pedro Castillo acudió el martes a la sede del Ministerio Público junto a su abogado para reunirse con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)
“Lo concreto es que hubo un acto de presencia y presión para darle orientación política al manejo de la investigación. [...] Fue totalmente inapropiada, impertinente e inoportuna. Denota presión política e injerencia flagrante en la labor que está haciendo el Ministerio Público”.
Pero a diferencia de Lamas, los exprocuradores Vargas Valdivia y Segura consideraron que se trató de un hecho regular y destacaron que fue público.
Vargas señaló que cualquier persona comprendida en una investigación preliminar o incluso en una investigación preparatoria puede reunirse con el fiscal.
“Es parte del derecho de defensa. Tanto la fiscalía de la Nación como el Poder Judicial han regulado y reglamentado este tipo de reuniones. Me parece bien, sobre todo, que se haya hecho público. Espero que, a partir de esto, el presidente haya entendido que todas sus actividades deben ser publicitadas, salvo aquellas comprendidas en aspectos de intimidad”, dijo.
Castillo fue recibido en la fiscalía por Ávalos, con quien sostuvo una reunión “improvisada”, señaló el Ministerio Público mediante un comunicado.
La misma institución informó que el abogado de Castillo reclamó a Ávalos por la diligencia en Palacio, pero ella recordó que los fiscales son autónomos y tienen plena facultad para diseñar su estrategia de investigación.
Castillo tiene “techo de cristal”
La penalista Romy Chang señaló a El Comercio que las actuaciones de Castillo evidencian que tiene “techo de cristal”.
Sobre el pedido de excluir al fiscal adjunto, dijo: “Lo que está haciendo es defenderse. [...] Es lógico que su abogado trate de cubrir todos los frentes. Pedro Castillo se está considerando y comportando como investigado, él mismo sabe que tiene rabo de paja. Sabe que su techo es de cristal”.
Castillo, como ya señalamos, solo puede ser investigado por la fiscal de la Nación, quien, en opinión de Chang, “no está tomando acciones”.
“¿Si [Castillo] tiene tiempo para ir a pie al Ministerio Público, por qué no tiene tiempo para responder por los ascensos militares? Esto deja mal a la fiscal de la Nación”, añadió la penalista, en referencia a otra acusación que pesa contra el mandatario, por presunta interferencia en los procesos de ascensos en las Fuerzas Armadas.
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