Caso Aeródromo Wanka: Vladimir Cerrón permanece prófugo y no da la cara a la justicia

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se mantiene prófugo luego de que la Corte Superior de Justicia de Junín confirmara el viernes una sentencia de cárcel efectiva en su contra por el Caso Aeródromo Wanka, en el que fue procesado en su condición de ex gobernador regional.

Por la mañana, Luis Mayhua, abogado de Cerrón, reiteró ayer que su patrocinado se encontraba en Lima y que “probablemente, en las próximas horas, va a comunicarse con la prensa y, como se ha indicado, tenemos que acatar la orden judicial”. Sin embargo, al cierre de esta edición, no hubo ningún tipo de pronunciamiento ni se había entregado.

Tampoco se dio cuenta de alguna operación policial para su captura, como ocurrió en anteriores casos de relevancia. Solo algunos efectivos de la PNP llegaron por la mañana y se colocaron en los exteriores del edificio de apartamentos ubicado en la cuadra 14 de la Av. Arequipa en el distrito de Lince (Lima), en donde residiría el fundador de Perú Libre, pero solo para hacer control de identidad.

El abogado Luis Mayhua mencionó que se venía estudiando la estrategia legal que se seguirá tras la sentencia que confirma la culpabilidad de Cerrón por corrupción, la misma que dispone una pena efectiva de tres años y seis meses en su contra.

Mencionó, por ejemplo, la posibilidad de presentar un recurso casatorio (que tendría que elevarse a la Corte Suprema) o presentar un hábeas corpus debido a que el juzgado rechazó un recurso de prescripción en aplicación de la Ley 31751, aprobado en mayo pasado por el Congreso.

Cerrón, a través de su cuenta de X y desde la clandestinidad, destacó el apoyo que recibió de los Delegados al Seminario Internacional de México, “quienes han denunciado una persecución política contra mi persona y la no existencia de garantías judiciales en el país”.

En diálogo con El Comercio, el fiscal superior anticorrupción de Junín, Ramón Vallejo, explicó que “la casación es algo excepcional” y que, por tanto, “no puede impedir la ejecución” de la sentencia que dispone la captura e internamiento en un penal contra Cerrón.

“La sala está ordenando la ejecución inmediata porque es lo que corresponde; ya es una resolución de segunda instancia. La casación ya es un recurso extraordinario y no tiene efecto suspensivo de este fallo, se tiene que ejecutar. Si es que es capturado, ya tiene que ser internado en un penal”, señaló Vallejo.

El fiscal remarcó que corresponde a la Policía Nacional, tras la notificación del juzgado de la orden de captura, efectuar la aprehensión del sentenciado y su puesta a disposición de las autoridades penitenciarias.

Vallejo destacó que la Fiscalía Anticorrupción expuso con pruebas el caso (cuyos hechos datan del 2013), y los estableció de forma ordenada. “Y las pruebas han sido valoradas por la sala, no dando lugar a las apelaciones porque no tenían fundamento”, agregó.

La fiscalía sostiene que Cerrón habría “concertado”, junto con otros implicados, con los representantes del consorcio Wanka para la “admisión, evaluación, adjudicación directa y suscripción del contrato” para la construcción del aeródromo.

En su resolución, la sala superior de Junín señala que se evidenciaron de forma objetiva las irregularidades en la suscripción del contrato entre el Gobierno Regional de Junín, encabezado por Cerrón, y el consorcio Wanka, en junio del 2014. “Soslayando y omitiendo una serie de exigencias procedimentales y normativas destinadas a favorecer a la empresa contratista, además estipulándose concertadamente cláusulas contractuales perjudiciales para la entidad”, se indica.

Se suscribió el contrato en el último año de su período como gobernador, advirtió la fiscalía, sin considerar opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas ni contar con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil ni del organismo supervisor Ositrán.

Además, pese a su relevancia, ninguna de las dos empresas que conformaban el consorcio tenían experiencia en la ejecución de obras similares. El proyecto no era económica ni socialmente muy rentable al no haber demanda y ya haber un aeropuerto en Jauja, entre otras irregulares alertadas.

Para el exconsejero regional Ginés Barrios, se trata de “otra emblemática sentencia de lucha contra la corrupción en Junín” que, de alguna manera, “contribuye a atenuar los niveles de corrupción” que se percibe en la región, cuyo gobierno regional se ubica en el cuarto lugar en el índice de corrupción elaborado por la Contraloría.

Mencionó que con la decisión en segunda instancia si bien se cierra un capítulo en la vía judicial ordinaria, recién se empieza en la extraordinaria al hacer referencia que podrían presentarse casaciones y/o recurrir a la vía constitucional para “traerse abajo la sentencia”.

La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín notificó oficialmente su sentencia pasadas las 5 p.m. del viernes.

Además de la cárcel efectiva, se impuso una inhabilitación a Cerrón por el mismo período, así como el pago de una reparación solidaria de S/800.000.