El juez Richard Concepción Carhuancho, quien evalúa los pedidos de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros implicados en el caso “Waykis en la sombra”, rechazó la aplicación de la ley de crimen organizado que promulgó el Congreso para beneficiar a una de las investigadas que solicitó archivar su proceso.
Este miércoles, el magistrado a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó la defensa legal de Griselda Herrera Vásquez, exjefa del programa Qali Warma investigada por supuestamente ser mando medio entre Nicanor Boluarte y los prefectos y subprefectos designados en el gobierno de Dina Boluarte.
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La exfuncionaria pidió archivar la investigación en su contra por presunta organización criminal y tráfico de influencias amparándose en la Ley N°32108 promulgada por el Poder Legislativo en agosto, sin observaciones del Gobierno.
El juez Concepción Carhuancho declaró que esta norma es inaplicable para este caso concreto y, en su resolución, determinó que seguirá aplicando la norma que estaba vigente cuando el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria para el caso “Waykis en la sombra” antes de la promulgación de la norma de crimen organizado.
Según el magistrado, descarta la aplicación de la ley 32108 a pesar que es la más favorable para la procesada, a través del control difuso que le faculta el artículo 148 de la Constitución al advertir que se trata de una norma “con nombre propio” para favorecer a investigados por estos delitos.
“El juzgado tomó partido por la inaplicación de la Ley 32108 que modificó el delito de organización criminal, en el artículo 317 dl Código Penal al presente caso concreto, por tratarse de una norma con nombre propio que habría sido expedida, bajo criterios encubiertos (supresión del verbo promover, elevación de la penalidad y reducción a la búsqueda de una finalidad económica), para favorecer a investigados por el delito de organización criminal vinculados con delitos de corrupción, violentando derechos constitucionales”, señaló Concepción Carhuancho.
Cabe recordar que la ley 32108, actualmente en evaluación a nivel de la Comisión de Justicia y del Congreso de la República para su posible modificación o derogatoria, fue planteada originalmente con un proyecto del despacho de Waldemar Cerrón (Perú Libre), hermano de Vladimir Cerrón y segundo vicepresidente del Congreso.
Griselda Herrera, según las investigaciones fiscales del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), era uno de los tres mandos medios de la organización criminal destinada a copar de prefectos y subprfectos diversas regiones y así promover la recolección de firmas para inscribir el partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte.
