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El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fue sancionado por el Poder Judicial el jueves último por incumplir las reglas de conducta que se le impuso en la investigación en su contra por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita, por el Caso Obrainsa.
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, señaló que “es claro, evidente, comprobable y objetivamente demostrable” que Oscorima no obedeció la orden de pasar por control biométrico y presentar informes sobre sus actividades mensualmente.
Por ello, lo sancionó con un apercibimiento, que funciona como un llamado de atención, tal como solicitó la fiscalía.
En audiencia, el juez precisó que Oscorima no pasó por control biométrico en febrero, marzo, mayo, junio y julio del 2023 y enero del 2024. Tampoco presentó informes sobre sus actividades en febrero, marzo y junio del 2023.
Por el Caso Obrainsa, Oscorima cuenta con comparecencia con restricciones desde octubre del 2022. Aunque aquella vez la fiscalía había solicitado que se le imponga prisión preventiva, el Poder Judicial le dictó una medida menos gravosa.
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El gobernador regional de Ayacucho es cuestionado actualmente por entregar relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte. Por ese caso, a la mandataria se le investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.
Admite la falta
Durante la audiencia, el abogado Humberto Abanto, defensor legal de Oscorima, admitió que este incumplió las reglas de conducta. “Aceptamos que hubo un incumplimiento, que no tiene que ver con la falta de voluntad de cumplir con las restricciones impuestas”, dijo.
Abanto cuestionó que Oscorima deba pasar por control biométrico en Lima una vez al mes, pese a que reside y trabaja en Ayacucho.
El abogado le dijo al juez Chávez: “Es un error de la defensa no pedirle a usted que se autorizara que el control biométrico se ejecute en Ayacucho. Las semanas en que se hace el control son semanas laborables y no siempre le ha sido posible asistir”.
Sobre los informes de actividades, dijo: “Hubo meses en los que las personas que llevan la agenda al señor Oscorima no nos hicieron llegar la información para presentarla”.
En tanto, la fiscal Mirian Cuenca Tucta, integrante del equipo especial Lava Jato, destacó que quedó “en evidencia que el procesado Oscorima no tiene la voluntad para dar cumplimiento a lo ordenado” por el Poder Judicial.
El caso
Según la hipótesis fiscal, Oscorima habría concertado con funcionarios de la empresa Obrainsa para favorecerla en el proceso de licitación del proyecto Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, tramo Condorcocha – Vilcashuamán, entre junio y julio del 2014, a cambio de una coima.
El acuerdo se habría realizado mediante Alejandro Tello Palacios, gerente general de la empresa Altesa -consorciada de Obrainsa-. Supuestamente, Tello fue el encargado de solicitar y recepcionar más de S/ 856 mil de Obrainsa para sobornar a Oscorima.
Se atribuye a Oscorima haber apoyado a Tello a cambio del pago de una coima equivalente al 3% de la obra, cuyo valor referencial fue de más de S/ 129 millones. Presuntamente concertó la entrega de la buena pro y además firmó adendas irregulares.
El supuesto soborno de S/ 856 mil le habría sido entregado en un maletín, en su departamento en San Isidro, en enero del 2015, según el relato de un colaborador eficaz identificado con el código N.°10-2018.
El mismo colaborador aseguró al Ministerio Público que un trabajador de Obrainsa fue el encargado de retirar los S/ 856 mil del banco BBVA Continental. Luego, le entregó el dinero a Elard Tejeda Moscoso, entonces gerente general de Obrainsa, quien habría sido el encargado de dárselo personalmente a Oscorima.
Por último, señaló que ese fue el único pago ilícito que Obrainsa realizó a Oscorima debido a que, por sus problemas judiciales, dejó el cargo de gobernador regional de Ayacucho.
La fiscalía imputa a Oscorima, Tejada, Tello y otros formar parte de una organización ilícita dedicada a cometer delitos de corrupción de funcionarios.
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Esta semana, Oscorima se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por el Caso Rolex. Allí, cuando fue consultado sobre las sentencias condenatorias en su contra, respondió que no tiene ninguna “hasta el momento”.
En el 2015 se le condenó a cinco años de cárcel y tres años de inhabilitación por presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. La sentencia fue confirmada en segunda instancia. No obstante, la Corte Suprema la anuló en el 2017 y Oscorima fue repuesto en el cargo de gobernador regional de Ayacucho, que ahora ostenta por tercera vez.
Oscorima continúa como testigo en el Caso Rolex. No obstante, se prevé que pase a la condición de investigado luego de que la presidenta reconociera que este le entregó tres relojes de alta gama.
Según la mandataria, recibió los Rolex en condición de préstamo, y ya los devolvió. El miércoles último, la Fiscalía de la Nación incautó los relojes y una pulsera presuntamente utilizada por Boluarte y comprada por Oscorima.
