La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que anule la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos, como parte del Caso Lava Jato, por presuntos aportes ilícitos a su campaña electoral del 2021.
Según el documento obtenido por El Comercio, la lideresa de Fuerza Popular (FP) y su abogada Giulliana Loza, sostienen que el Equipo Especial Lava Jato no estaba facultado para investigar los hechos comprendidos en ese caso.
A través de una demanda de amparo, requirió que el TC emita una sentencia de fondo y disponga que se declaren “nulas y se dejen sin efecto” la disposición emitida por el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, quien derivó su caso ante el despacho del fiscal provincial José Domingo Pérez; así como la disposición fiscal emitida por este último dando inicio a la investigación en contra de Fujimori Higuchi y otros.
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Además, que como consecuencia de declararse la nulidad de todo y carecer de efectos, el caso sea derivado a otras fiscalías competentes para que actúen de acuerdo a ley.
“Como consecuencia de lo anotado, se repongan las cosas al estado anterior de la violación de los derechos constitucionales de mi patrocinada; y, en consecuencia, al no subsistir los efectos de estas, se ordene la nulidad absoluta de las disposiciones y se remitan todos los actuados a la fiscalía competente. Por tratarse de decisiones fiscales manifiestamente inconstitucionales, dado que fueron emitidas con transgresión directa al derecho a no ser desviado del procedimiento preestablecido en la ley que conforma el derecho al debido proceso.”
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.
El amparo llegó al TC después de que la defensa de Fujimori Higuchi interpusiera un recurso de agravio constitucional, luego que su demanda fuera rechazada en doble instancia por el Sexto Juzgado Constitucional de Lima y la Tercera Sala Constitucional de Lima.
Este recurso, diferente al recurso de hábeas corpus que llegó al Tribunal Constitucional los primeros días de julio y del que este Diario dio cuenta, se encuentra pendiente de ser tramitado desde enero de este año ante el Pleno del TC.
¿Qué se investiga en este carpeta fiscal?
Según la disposición del 5 de julio del 2021, en la Carpeta Fiscal 43-2021, se inicia investigación contra Keiko Fujimori, el partido Fuerza Popular (FP) y los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos -en las modalidades de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia- y organización criminal, por los aportes a dicha agrupación política durante el proceso electoral del 2021.
Como se recuerda, Fujimori Higuchi y otras 41 personas afrontan actualmente un juicio oral por el presunto delito de lavado de activos y otros, por los aportes a las campañas electorales del 2006 y 2011, provenientes de la empresa brasileña Odebrecht y otras empresas peruanas.
Gran polémica han causado los audios de Vladimiro Montesino en medio de las Elecciones 2021. (Foto: Andina)
Sin embargo, en la investigación por presuntos aportes ilícitos en la campaña del 2021, se tiene como elementos indiciarios un audio de donde se desprenden supuestas conversaciones entre empresarios del gremio de constructoras, agencias consultoras y publicitarias, donde se señalarían presuntas entregas de dinero a favor del partido Fuerza Popular y otros.
Por ello, el fiscal José Domingo Pérez, quien asumió la investigación, determinó que la información estaba vinculada a FP, y que se trataría de la presunta captación de activos de procedencia ilícita, por lo que habría sospecha de que la actividad criminal de la presunta red enquistada en dicho partido político no había cesado en la campaña electoral del año 2021.
Por ello, dispuso abrir la investigación por el plazo de 36 meses, disponiendo diversas diligencias.
Para asumir la investigación, Pérez Gómez argumentó que su despacho ya tenía un conocimiento previo de información relevante vinculada con los hechos que se denuncian en dicha carpeta fiscal, por lo que su competencia evitaría la duplicidad y se optimizarían los recursos.
Defensa sostiene que el equipo especial no era competente para investigar a Keiko Fujimori y otros
En los argumentos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC), la abogada Giulliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, sostuvo que el Poder Judicial -en primer y segunda instancia- no analizaron adecuadamente su demanda de amparo y tampoco dieron respuesta a los cuestionamientos que presentaron y que consideraron lesivos al debido proceso.
En el sustento, llevado ahora ante el TC, Loza Ávalos refirió que el Equipo Especial fue creado con la única finalidad de que conozca aquellos casos relacionados a la empresa Odebrecht; sin embargo, los hechos que conformaban la cuestionada Carpeta Fiscal N°43-2021 no se vinculan a dicha empresa.
Explicó que, si bien se investiga la presunta comisión del delito de lavado de activos, el caso no tiene “la mínima vinculación con el marco de competencia otorgada al Equipo Especial Lava Jato”. Es decir, no concuerdan con hechos referidos a la empresa Odebrecht y otros relacionados.
Y, pese a que solicitaron la nulidad de esta investigación ante las instancias fiscales pertinentes, a la fecha, la situación se mantiene.
“Así las cosas, conforme a la Disposición N°01 de fecha 19 de julio de 2021, que inicia diligencias preliminares en contra de mi patrocinada y que engloba la noticia criminal que se puso en conocimiento de manera ilegal, se trata de unas supuestas comunicaciones telefónicas que habrían sostenido Vladimiro Montesinos, Pedro Rejas y Guillermo Serdón, personas que no tienen relación alguna con mi patrocinada ni con el partido Fuerza Popular; más aún los mencionados hechos tampoco se vinculan de forma directa o indirecta con la empresa Odebrecht o conexos y, que incluso configuran alguna sospecha de la supuesta comisión del delito de lavado de activos."
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.
Pleno del Tribunal Constitucional
Por ello, insistió en que las resoluciones de la Fiscalía de la Nación que crearon al Equipo Especial Lava Jato, delimitaron la competencia de forma exclusiva a fin de que dicho grupo especial conozca las investigaciones relacionadas a la empresa Odebrecht y de otros delitos, siempre que los hechos tengan vinculación con la referida empresa.
Es decir, agregó Loza, no tiene una competencia abierta para avocarse a conocer hechos o delitos fuera del marco establecido. Por lo que, la Carpeta N° 43-2021 al contener -conforme al fáctico fiscal- presuntos hechos que no comprenden a la empresa Odebrecht, es claro que la Fiscalía no está habilitada para conocer aquellos casos de lavado de activos fuera de ese contexto, puesto que, para ello existen Fiscalías Especializadas con plena capacidad.
En ese sentido, señaló, el Equipo Especial Lava Jato no debió asumir ilegalmente competencia ni iniciar diligencias preliminares a sabiendas de que los hechos no se ajustaban a su competencia claramente delimitada para los casos Odebrecht.
“Por lo que, podemos concluir que con el actuar del Fiscal Coordinador y el Fiscal Provincial, en el presente caso se han desconocido el derecho al procedimiento preestablecido por ley, el principio de interdicción de la arbitrariedad y el principio de objetividad, que fijan los parámetros de las actuaciones fiscales para poder determinar, la competencia de la Fiscalía. En atención a ello, corresponde que el Tribunal Constitucional conocer el presente recurso de agravio constitucional a fin de contrastar la validez constitucional de las disposiciones fiscales.”
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.
Por ello, solicitaron que el Tribunal Constitucional anule la investigación seguida en contra de Fujimori Higuchi ante el Equipo Especial Lava Jato; y el caso sea derivado a las fiscalías competentes para que defina de acuerdo a ley. Ello, sosteniendo que se vulneró el derecho a no ser desviado del procedimiento establecido por ley, la vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad y vulneración al principio de objetividad.
Keiko Fujimori y su defensa legal cuestionan la actuación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, por abrirle investigación debido a la campaña electoral del 2021.
La demanda, según documentos obtenidos por este Diario, fue notificada al Equipo Especial Lava Jato en febrero del 2024; y desde entonces se encuentra pendiente en el pleno del TC.
En diálogo con El Comercio, la abogada Giulliana Loza sostuvo que se encuentran a la espera de que el TC cite a la audiencia para sustentar la demanda presentada, requiriendo que se anule la investigación del EE Lava Jato por la campaña electoral del 2021.
“Sí, es por la campaña del 2021, lo que nosotros estamos cuestionando es que, en este caso, la investigación no debe estar dirigida por el Equipo Lava Jato, puesto que la campaña 2021 ya no es un caso Lava Jato. Entonces, esas fiscalías fueron creadas para ver en exclusividad esos casos, y los hechos del 2021 no tienen cada que ver con Lava Jato. Nosotros reclamamos ante la fiscalía coordinadora, pedimos la nulidad de todo y nos rechazaron, entonces ya nos fuimos en amparo”, explicó.
Indicó que lo último de lo que fueron notificados es que el caso había sido derivado al Pleno del TC, por lo que esperan la fecha de audiencia puesto que la investigación fiscal contra su patrocinada continúa ante el Equipo Especial Lava Jato.
“Sigue en curso el caso y lo que queda en este caso es que nos convoquen para la audiencia”, concluyó.
