Luciana León y los chats de Whatsapp: ¿Qué delitos configurarían sus conversaciones?

León Romero, expulsada el mes pasado del Apra, tiene actualmente impedimento de salida del país a raíz de una investigación en su contra por los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo propio, peculado doloso y organización criminal en agravio del Estado.

Para el Ministerio Público, ella es considerada el ‘brazo político-legal’ de Los Intocables Ediles, grupo para el que habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en dicho distrito para obtener ingresos ilícitos. Para dicha banda, con la que habría iniciado su relación en el 2016, realizó presuntas gestiones en tres ministerios a cambio de pagos mensuales de entre S/15 mil y S/20 mil en efectivo.

Pero las conversaciones de Whastapp reveladas el domingo por “Cuarto Poder” evidenciarían otras malas prácticas de León a través del uso indebido de su cargo como parlamentaria. Especialistas consultados por El Comercio comentaron que serían al menos cuatro los delitos en los que, en torno a esos diálogos, habría incurrido Luciana León.

Los favores realizados

Chats de Whastapp que datan de marzo y abril del 2019 dan cuenta de que León hizo gestiones para que su hermano Rómulo León Romero, vinculado también al Caso Los Intocables Ediles, pueda reunirse con los ministros de Vivienda y Energía y Minas, a fin de obtener presuntos beneficios para la empresa en la que este trabajaba, y que estaba interesada en un “último empujoncito” con el proyecto minero Quyellaveco. Ello con el fin de “ser considerados proveedores”.

El penalista y exprocurador anticorrupción Iván Meini explicó que, a raíz de los favores a su hermano, Luciana León podría haber incurrido en el delito de tráfico de influencias agravado por ser una funcionaria pública. Este, acotó, se configura cuando quien tiene influencia la trafica y negocia no necesariamente a cambio de dinero, pero se vale de ella para favorecer a terceras personas.

“Si ella, además de organizar reuniones o favorecer a familiares o allegados con estas reuniones o gestiones públicas habría formado parte de una asociación u organización criminal, o desviado fondos para lograr alguna concertación para algunos familiares o amigos, o habría recibido alguna contraprestación económica a cambio de estas influencias, estaríamos hablando también del delito de organización criminal y de tráfico de influencias agravado”, comentó.

Para el exprocurador anticorrupción Yván Montoya, el delito se configuraría incluso si no se llegaron a concretar las reuniones, como señalaron a este Diario los entonces ministros de Vivienda y de Energía y Minas, respectivamente Carlos Bruce y Francisco Ísmodes. Por su parte, Meini consideró que estos dos funcionarios debieron de haber puesto en conocimiento de las autoridades las pretensiones de Luciana León.

“Es perfectamente construible un tráfico de influencias en cadena, en donde estarían involucrados desde la empresa, el hermano y ella”, apuntó Montoya.

Los favores pedidos

En octubre del 2019, Luciana León le pidió al director de la Policía Nacional del Perú (PNP), general José Luis Lavalle, que le hiciera el favor de hacer una excepción en el ingreso a la escuela de suboficiales de la institución con una joven a la que le faltaban dos centímetros de altura. Esta persona finalmente cumplió los requisitos de peso y talla, pero no pasó otras pruebas.

Meini consideró que no habría responsabilidad penal en el caso de Lavalle, considerando que la persona no ingresó finalmente por aprobar todas las pruebas. Lo contrario hubiera sido, añadió, si la llamada hubiera sido para que el general PNP flexibilice o intente favorecer a alguien que no cumplía con los requisitos.

Montoya sostuvo que, además, está la sospecha del patrocinio ilegal. “Respecto de ella en su función de congresista y avalando o intercediendo por un particular ante la administración pública, ante la escuela de suboficiales de la PNP para su acceso”, indicó.

Los mandados a su escolta policial

Otro de los diálogos de Whastapp muestran también cómo Luciana León enviaba a su escolta policial, asignada para el resguardo de su seguridad, a realizar compras domésticas. Asimismo, un trabajador de su despacho, realizó gestiones para sus familiares.

El exprocurador anticorrupción Yván Montoya refirió que estaría justificado realizar una investigación por peculado de uso en caso sea un vehículo oficial el utilizado para realizar otras actividades ajenas a su función, como el traslado de familiares. “Si no lo es, pero se está usando a un funcionario del Estado que tiene otros fines, sería peculado normal por utilización, porque se está usando un recurso humano para fines diferentes, lo estaría utilizando”, indicó en base a los artículos 388 y 387 del Código Penal.

Aunque la tipificación penal señala que “no están comprendidos” los “vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo”, Meini coincide en que ello no impide el análisis del presunto delito.

“La señora tiene protección por razón de su cargo y la protección es por razones de seguridad. Y mandar a comprar o hacer trámites para familiares de la congresista no tiene absolutamente nada que ver con seguridad. Se desatiende la seguridad por realizar tareas domésticas”, manifestó. En el caso del agente, agregó que tendría que evaluarse alguna responsabilidad administrativa.

La recomendación a Mijael Garrido Lecca

La exmilitante aprista también hizo recomendaciones al excandidato al Congreso por el Apra, Mijael Garrido Lecca, respecto de cómo reportar los aportes de su campaña. "Ni se te ocurra poner al detalle de tus aportantes, tienes que poner pequeñas cantidades de tus amigos del cole...", dijo León. En otro momento, añadió: "Mueve efectivo, que no te depositen nada".

El experto en derecho electoral, José Tello, aseveró que Luciana León habría incurrido en el delito de instigación de un acto tipificado también como delito desde el año pasado, a raíz de las normas de reforma política y electoral: falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

“Es una instigación, pero a su vez también puede configurar la pregunta de cómo manejó León su campaña en el 2016 […] Si [Garrico Lecca] siguió el consejo de la amiga es un problema de él, tendría que responder penalmente”, acotó.

Por su parte, el también especialista en temas electorales, Alejandro Rospigliosi, consideró que Luciana León le estaba enseñando a Garrido Lecca “a pitufear” y a “cómo burlar la ley de prevención de lavado de activos”.

“Lo que debe hacer la fiscal de la Nación es abrir una investigación preliminar y citar a todos los involucrados”, sentenció. Cabe recordar que a la integrante de la Comisión Permanente le correspondería por dicho cargo y por haber sido parte del Congreso disuelto el derecho de antejuicio político.

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