Manuel Merino asumió la presidencia: ¿Cómo queda el balance de poderes?

El cambio en el Gobierno es un hecho consumado con la notificación recibida por Vizcarra, la decisión de este de no tomar alguna medida contraria, la renuncia de los ministros de todos los sectores y la toma de mando de Merino ante un Parlamento con partidos que están en plena campaña rumbo a las elecciones generales del 2021.

En el contexto, por un lado, está no solo el proceso electoral, sino también la pandemia del coronavirus y su impacto económico y social. De otro lado, a nivel jurídico, está pendiente que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la demanda competencial que la gestión de Vizcarra presentó contra lo que consideró un uso indebido de la citada causal de vacancia, un pronunciamiento al que el Parlamento —que no ha respondido la demanda— se adelantó con su medida.

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Durante su discurso de asunción de cargo, Merino de Lama reconoció que “es un momento muy difícil para el país” y expresó su respeto a la institucionalidad y a una transición democrática. Aunque no hizo mayor referencia a la conformación de su Gabinete y al rol que tendrá el Parlamento en su gestión, sí defendió la decisión del Legislativo y afirmó que este ha actuado en base a los votos de una confianza depositada “por decisión del pueblo”. Este poder del estado es ahora encabezado por Luis Valdez, quien ha pasado de primer vicepresidente a presidente de la Mesa Directiva.

Precisamente, la Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento considerando que “la actual situación nos confronta ante dos graves riesgos: la concentración del poder y la seria afectación de los servicios públicos que debe garantizar el Estado”. Por tanto, insta: “El Poder Ejecutivo debe dar señales inmediatas y concretas de que garantizará la separación de poderes, y evitará que las decisiones y acciones de gobierno se confundan con las del Poder Legislativo [...] Evitar la concentración del poder y garantizar los derechos fundamentales de las personas no solo es tarea del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso”.

A la espera de ver el desempeño del Congreso en los próximos meses y de conocer la conformación del nuevo Consejo de Ministros, la abogada constitucionalista Violeta Bermúdez; el politólogo de la PUCP Fernando Tuesta; y el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, analizan las implicancias de lo acontecido y de lo que viene respecto del necesario balance de poderes.

1. ¿Será prácticamente un gobierno del Congreso, por más que Merino sea el presidente y APP asuma el Congreso?

Violeta Bermúdez (VM):

En principio, no le llamaría un gobierno de transición, sino interino. No es una crisis como la que se desató el 2000, que era una crisis institucional amplia y con todas las connotaciones que sabemos. Esta crisis la ha generado el propio Congreso al plantear la vacancia. El señor Merino tendrá que ser muy cuidadoso en ver a quién nombra en su Gabinete para que demuestre que hay separación de poderes. Si bajo el pretexto de hacer un Gabinete de ancha base van a tener representación los grupos políticos que están en el Congreso, ahí sí podríamos decir que el balance de poderes puede verse en riesgo.

Fernando Tuesta (FT):

Es un gobierno del Congreso. Se ha tratado de ver esta suerte de un gobierno de transición a lo [Valentín] Paniagua (2000-2001). En realidad, hay una primera diferencia: lo de Paniagua era el cambio de régimen, de uno autoritario a uno democrático. En segundo lugar, ante una crisis generalizada de corrupción. Acá se trata de un presidente vacado en ejercicio. En tercer lugar, porque las fuerzas políticas dejaron a Paniagua, que era una persona intachable y de gran reputación, organizar el Gobierno, garantizar las elecciones e iniciar el combate contra la corrupción. E hizo las tres cosas. Por lo tanto, no era un gobierno de las fuerzas políticas que, por decisión del Congreso llegaban al Gobierno, sino por la fuga de [Alberto] Fujimori. En este caso, es decisión de una coalición de partidos encabezados por el más interesado, Manuel Merino de Lama. No van a dejar solo a Merino. Merino está lejos de ser Paniagua y esta vacancia es distinta a la de Fujimori.

Óscar Urviola (OU):

Espero que se puedan respetar los mandatos constitucionales para garantizar la división de poderes. No es una autarquía, debe haber colaboración de poderes. Si esa colaboración entre Ejecutivo y Legislativo apunta a gobernar en bien de país, en buena hora que haya entendimiento entre los poderes del Estado, no tienen que estar enfrentados. Ojalá esa colaboración sea sobre cosas que beneficien al país y no a partidos políticos.

2. ¿Se puede hablar de balance de poderes?

Violeta Bermúdez:

Un Gabinete de ancha base no significa que estén representados los partidos políticos que están en el Congreso. Significa que estén representadas en general también las fuerzas sociales y democráticas. En este contexto se tiene que llamar a las mejores personas, que ojalá acepten, y sean personas con experiencia de gestión pública. No es un momento de aprendizajes, estamos en una crisis sanitaria. Ojalá que no suceda una suerte de repartija entre los partidos políticos que han votado a favor de la vacancia, porque ahí sí se rompería con el equilibrio de poderes. Si el Congreso quiere demostrar que lo que quiere es restablecer el equilibrio democrático en el país, no debería elegir a los seis magistrados del Tribunal Constitucional. Si no, se rompe el balance.

Fernando Tuesta:

Formalmente, existe. Pero, obviamente, este es un gobierno del Congreso. ¿Qué van a controlar el Congreso cuando están los mismos partidos en el Ejecutivo? Es más, casi la oposición queda reducida a nada, salvo el Partido Morado, que es el único que ha expresado su rechazo. Antes era una voz simplemente disonante, pero sin poder. Ahora seguirá siendo lo mismo, pero con menos poder.

Óscar Urviola:

Claro que el equilibrio de poderes se ve afectado. Sobre todo, porque hemos visto en la práctica que la forma cómo está establecida la causal de vacancia por permanente incapacidad moral, en el artículo 113, inciso 2, es muy abierta y se presta a una interpretación bastante libre a tal extremo de poder tomar decisiones como la que se han tomado. Está en el cauce constitucional, porque es el sistema que tenemos. Lamentablemente, todavía no tenemos pronunciamiento del Tribunal Constitucional para acotar esa interpretación.

3. ¿Está garantizado que el Congreso fiscalice al gobierno de Merino?

Violeta Bermúdez:

La tarea de fiscalización o vigilancia va a tener que venir desde la ciudadanía. Después de que hace unos días muchas bancadas que han votado a favor de la vacancia decían que estaban en contra, ya no podemos confiar. Cómo confiar en representantes que tuvieron un discurso hace menos de una semana y, sin embargo, con más de cien votos han votado a favor de una vacancia presidencial, más allá de que el expresidente de la República tiene cuentas con la justicia. Entonces, hay un hilo muy débil entre lo que significaría el cumplimiento de su función de fiscalización, más aun si es que en el nuevo Gabinete vemos que hay una representación de las organizaciones políticas que están en el Parlamento. Ahí sí ese hilo débil estaría quebrado.

Fernando Tuesta:

Bajo ningún punto de vista. Para empezar, si la vacancia en el Perú, en las cuatro situaciones donde se presentó [en el actual quinquenio], se debió a que el gobierno tenía bancada chica o carecía de ella, hoy día Merino podrá llegar tranquilamente al 28 de julio sin ningún contratiempo. Es más, si la lucha contra la corrupción era el objetivo de limpieza de estos grupos parlamentarios, eso no va a proceder bajo ningún punto de vista, salvo que sea un hecho de un escándalo imposible de manejar. El señor Alarcón estará sentado en su escaño con tranquilidad, y otros de las distintas bancadas. Es el peor quinquenio del Perú en términos políticos.

Óscar Urviola:

No podría decir que está garantizada. Pero todos los peruanos esperamos que ambas instituciones cumplan a cabalidad las facultades que les asigna la Constitución. Y al Congreso le da una facultad fiscalizadora que la tiene que cumplir a cabalidad, en los causes de la Constitución. Esta decisión del Congreso, si bien está dentro del orden constitucional, no era oportuna por la crisis que vive el país, por los antecedentes que ha demostrado el Congreso. No había forma de evitar la decisión del Congreso, aún estando en una actitud inoportuna por la crisis sanitaria y económica, salvo que el Tribunal hubiese dictado una medida cautelar. Pero no lo hizo.

4. Manuel Merino tendrá facultad de observar normas del Congreso, ¿se puede esperar esa independencia?

Violeta Bermúdez:

Es bastante difícil, sobre todo con las normas en cuya aprobación él ha sido partícipe. Por eso, el balance lo va a dar quienes conformen el Gabinete Ministerial. Por ejemplo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos es una suerte de asesor legal del Ejecutivo. El informe de la constitucionalidad o pertinencia de determinadas normas lo tiene que hacer el Ministerio de Justicia. Todo dependerá de quiénes conformen el Gabinete, cuán fuerte y capaz sea el presidente o presidenta del Consejo de Ministros, que sea capaz de decir: señor Merino, no podemos aprobar esta norma.

Fernando Tuesta:

Formalmente, sí. Realmente, no va a ocurrir. Lo peor de todo es que el Ejecutivo deja de ser el foco de atención, a partir que la campaña electoral empieza a tener mayor vigor sobre todo a partir de fin de año. Las leyes que han sido aprobadas y que tenían dirección al Ejecutivo para que la promulguen, no van a ser observadas. Vamos a ver cómo este gobierno del Congreso va a meter las manos en el presupuesto general de la República, sobre todo en el anexo 5, donde está el tema de obras. Sobre todo porque los partidos no son coherentes ni unificados, es una suma de intereses sectoriales y mercantilistas muchos de ellos.

Óscar Urviola:

Ojalá. Ojalá que el señor Merino, ahora que está sentado en el sillón presidencial, sepa que ya no es presidente del Congreso y no es militante de Acción Popular, sino presidente del Perú. La sentencia del Tribunal Constitucional tendrá que establecer qué es permanente incapacidad moral, pero esa interpretación solo se podrá aplicar a futuro. Las sentencias no tienen efecto retroactivo.

5. ¿Cuánto peso tendrán el primer ministro y el Congreso frente a la gestión de Merino?

Violeta Bermúdez:

Por eso no puede ser un Gabinete multipartidario. Más que nunca necesitamos un Gabinete de gestores públicos, de gente con experiencia, pero también con credibilidad. Que a la ciudadanía le dé confianza respecto a que exactamente van a cumplir el rol que le corresponde, que en este momento es gerenciar la situación crítica que vivimos básicamente en salud, economía y apoyar que las elecciones sean libres y competitivas. Y que el 28 de julio se dé una transferencia de autoridades que tengan legitimidad política, pero también social. [La vacancia] ha sido una decisión legal, pero no necesariamente legítima.

Fernando Tuesta:

Parece risible. El señor Merino pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo será un Gabinete de coalición. Este Gabinete se presentará al Congreso, que son sus pares, y no pasará nada, salvo que por ambiciones y apetitos mezquinos —y en vez de bien común el bien de ellos— empiecen las rencillas y se quiebre esta alianza. No hay mayor contrapeso, salvo esa situación. Lo segundo es cómo responde la opinión pública, no solo en las encuestas, sino movilizada. El expresidente Martín Vizcarra los dejó sin piso al allanarse. Hay un espacio de la opinión pública y la gente movilizada en las calles que está pidiendo un liderazgo. Pero es una probabilidad que se diluya y, al diluirse, el gobierno del Congreso ya no tendrá control social siquiera.

Óscar Urviola:

Espero que el presidente del Consejo de Ministros que escoja el señor Merino sea una persona que ejerza autoridad, sobre todo por su independencia. Y si es una persona independiente, con autoridad y reconocimiento ciudadano sería lo más adecuado para un gobierno de transición. La legitimidad está vinculada al reconocimiento ciudadano de una autoridad. La legalidad está dada por la concordancia con dispositivos legales. La legitimidad es el nivel de respeto y aceptación de una autoridad para ejercer la misma. En este caso, es constitucional la decisión del Congreso, puede que alguien le reste legitimidad sobre el hecho de que es inoportuna, pero es una decisión Constitucional.

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