Martín Vizcarra y PPK: los cuatro pedidos de vacancia presidencial en menos de tres años

Congresistas de Acción Popular, Fuerza Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Frente Amplio y Unión por el Perú (UPP) votaron mayoritariamente a favor de que se admita a trámite la moción. La última bancada, precisamente, promovió la medida, que se ha convertido en la segunda contra Vizcarra y la cuarta en menos de tres años, si contamos dos anteriores contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

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Si bien UPP ha encabezado la propuesta para destituir a Vizcarra, el documento presentado la noche del 20 de octubre llevó también la firma de congresistas de Podemos Perú, Frente Amplio, dos integrantes de Acción Popular (Orlando Arapa y Rosario Paredes Eyzaguirre, suspendida por su partido) y de un legislador no agrupado, César Gonzales Tuanama (exmiembro de Somos Perú).

La solicitud, además, se presenta a casi cinco meses de las elecciones generales, en las que participan los citados partidos políticos. Pero pedidos de tal índole han estado presentes en el actual quinquenio desde fines del 2017.

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El primer proceso contra PPK

Al mediodía del 15 de diciembre del 2017 se presentó una moción multipartidaria planteando declarar la “permanente incapacidad moral” de PPK y también su vacancia como presidente del país. La iniciativa fue de la bancada del Frente Amplio y recibió el apoyo de parlamentarios de Fuerza Popular, Apra, Alianza para el Progreso y el no agrupado Roberto Vieira (ex Peruanos por el Kambio). El resto de bancadas no se adhirió al requerimiento aduciendo que se estaba queriendo acelerar el trámite.

Lo cierto es que, por entonces, el Congreso se encontraba en sesión permanente. Fue así que, ese día, una primera sesión de solo seis minutos, entre la 1:32 p.m. y 1:38 p.m., sirvió para el trámite que consistía en dar cuenta de la moción. Ya entre la tarde y la noche, el pleno debatió el asunto y decidió —por 93 votos a favor y 17 en contra— admitir el pedido. Se citó a Kuczynski para el jueves 21 de diciembre a las 9 a.m.

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¿La razón del pedido? El vínculo de PPK con Odebrecht —pese a que él lo había negado reiteradamente— a partir de asesorías a través de la empresa First Capital, de su exsocio Gerardo Sepúlveda, y de su propia compañía Westfield Capital.

Esta, según reveló la otrora Comisión Lava Jato a partir de información recibida por Odebrecht, recibió pagos por consultorías entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007. Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alejandro Toledo entre febrero del 2004 y agosto del 2005.

Pero PPK pudo superar aquella turbulencia, aunque por poco. El jueves 21 de diciembre, luego de más de diez horas de debate, no se alcanzaron los 87 votos necesarios para aprobar la moción de vacancia. Hubo solo 79 adhesiones, 19 posiciones en contra y 21 abstenciones.

Previamente —con una aparente serenidad y flanqueado por sus entonces vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Araoz, a quienes había llamado sus “seguros”—, PPK se defendió de las imputaciones: “Hoy estoy aquí frente a ustedes para decirles, mirándoles a los ojos, que no soy corrupto y que no he mentido”.

Aseveró que no tuvo vínculo profesional con Odebrecht, pero sí la empresa Westfield, de su propiedad, aduciendo que fue su exsocio Gerardo Sepúlveda quien gestionó contratos que él desconocía. Sin embargo, además de ofrecer disculpas al país por no haber puesto mayor empeño en dar explicaciones, advirtió que Fuerza Popular “pretende tomar el poder”.

Entre las abstenciones, fueron determinantes los votos de 10 congresistas de Fuerza Popular, de un bloque encabezado entonces por Kenji Fujimori. Ello pese a que el resto de la bancada naranja (61) se expresó a favor de la destitución de Kuczynski. Al exlegislador se le vio en conversaciones tensas en el hemiciclo con sus colegas Héctor Becerril y Miguel Torres, y luego se le vio celebrar el resultado de la votación junto a miembros de su bloque. Este fue un hecho clave para lo que vino después.

Y es que, además, por la mañana de ese día, cuando Kuczynski se defendía en el Congreso, circuló por redes sociales un presunto reporte médico relacionado al expresidente Alberto Fujimori. En ese momento se sabía que él había pedido una conmutación de pena a la Dirección de Gracias Presidenciales. Incluso el Ministerio de Justicia se pronunció en Twitter a las 11:12 a.m. del 21 de diciembre afirmando que “el informe médico no está en el Minjus ni en la Comisión de Gracias Presidenciales. Por lo tanto, dicho documento no existe para el sector”.

Poco más de dos horas después, la entonces primera ministra Mercedes Araoz señaló, en base a información del Minjus, que durante ese año hubo 45 pedidos de indulto a favor de Alberto Fujimori, de los cuales 39 fueron rechazados. Precisó que el documento que circulaba en redes sociales iba a ser evaluado si llega y aseguró que “los indultos no se negocian”.

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Sin embargo, El Comercio reveló al día siguiente que uno de los pedidos de indulto fue preparado directamente por Alberto Fujimori y se encontraba en trámite desde el 18 de diciembre; es decir, días antes de la votación sobre el primer proceso de vacancia contra PPK.

Así, la primera y larga jornada que afrontó Kuczynski para definir su continuidad en la presidencia se dio en paralelo a las informaciones sobre el pedido de indulto realizado por Fujimori. Superado el pedido en su contra, a las 11:43 p.m. de ese 21 de diciembre, el entonces mandatario tuiteó: “Peruanos. Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú”.

Fue un mensaje que, en cierta medida, contextualizó y advirtió lo que ocurrió días después: el 24 de diciembre, horas antes de celebrar la Navidad, PPK otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Dos días después, el entonces ministro de Justicia, Enrique Mendoza, descartó que la gracia presidencial haya sido fruto de una negociación política para evitar la vacancia presidencial. Finalmente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, anuló la medida en octubre del 2018, lo que fue ratificado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en febrero del 2019.

Segundo intento de vacancia y renuncia

Un personaje clave para iniciar este proceso fue César Villanueva, excongresista de Alianza para el Progreso (APP) que hoy cumple prisión domiciliaria por la presunta recepción de dinero ilícito de Odebrecht cuando fue gobernador regional de San Martín.

La madrugada del jueves 8 de marzo del 2018, el entonces legislador acudió al local de Fuerza Popular a fin de completar las firmas necesarias para presentar la segunda moción de vacancia contra PPK, que él estaba promoviendo.

El documento fue ingresado a mesa de partes del Congreso horas después, ya por la mañana. Además, llevó las firmas de parlamentarios de Nuevo Perú, Frente Amplio, APP, Apra y los no agrupados Yeni Vilcatoma y Julio Rosas. En una conferencia de prensa para anunciar la medida, Villanueva descartó tener el interés de un próximo cargo o prebenda, y aseguró que se iba a respetar el debido proceso.

A diferencia del rápido trámite del primer proceso de vacancia, el segundo pedido fue notificado ese mismo 8 de marzo ante el pleno y, luego, ante Kuczynski. El 16 de marzo, la moción se admitió con 87 votos a favor, 15 en contra y el mismo número en abstenciones.

En este caso, la moción arguyó contradicciones de PPK respecto de su relación con Odebrecht y resaltó que “nuevas evidencias han sido develadas esclareciendo y profundizando las serias inconductas” del mandatario, entre ellas visitas que le realizó Jorge Barata, exrepresentante de la empresa brasileña en el Perú, cuando fue ministro de Economía y primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo.

Además, se le acusó de haber emitido argumentos falsos en su defensa del 21 de diciembre y se aseguró que sí existía un conflicto de interés, debido a las relaciones de empresas vinculadas a él con la constructora brasileña.

El entonces mandatario fue convocado para el 22 de marzo a las 10 a.m., pero hubo un hecho que cambió el panorama. Cuando parecía que la oposición no iba a conseguir los 87 votos necesarios para aprobar la destitución de PPK, la bancada de Fuerza Popular denunció dos días antes en una conferencia de prensa —encabezada por su entonces vocero Daniel Salaverry y el fallecido exlegislador Moisés Mamani— que el bloque de Kenji Fujimori buscaba comprar votos contra la moción.

Los fujimoristas presentaron distintos extractos de videos protagonizados por Mamani, en los que se le ve conversando con los exparlamentarios Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

De acuerdo a los videos, los miembros de la facción de Fujimori le ofrecieron a Mamani la gestión de obras —a través de los ministerios de Economía y Transportes— a cambio de votar contra la vacancia.

Kenji Fujimori se defendió, acusó “actitudes delincuenciales” de Fuerza Popular y su hermana Keiko, y sostuvo que las imágenes solo mostraban gestiones “que hace cualquier autoridad”. “El gobierno no compra congresistas, esto quiero que quede claro”, dijo por su parte en conferencia de prensa la primera ministra Mercedes Araoz. A su turno, Bruno Giuffra, ministro de Transportes, refirió que hubo una “emboscada” y dijo que no le sorprendería que se difunda una grabación de él.

Y así pasó. En otra grabación, se escuchó a Bruno Giuffra decirle a Mamani: “Tranquilo, compadre. Tú ya sabes cómo es la nuez [...]. Ya qué más seguro. ¿Con quién acabas de estar? Tú asegura lo otro más bien”.

Todo ello terminó por inclinar la balanza en el Legislativo respecto a la vacancia. Es así que forzado ante un panorama que se presentaba como adverso, PPK anunció su renuncia la tarde del 21 de marzo, un día después de la inicial difusión de los videos y un día antes del debate sobre su destitución.

Acompañado por sus 19 ministros, aseveró: “Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República”.

Kuczynski duró menos de 20 meses en Palacio de Gobierno. Dos días después, recientemente llegado de Canadá, donde había sido designado embajador, el hasta ese día primer vicepresidente Martín Vizcarra juró como nuevo jefe de Estado. Su primer gabinete fue encabezado por César Villanueva, el promotor del segundo proceso de vacancia contra PPK.

Vizcarra supera el primer proceso de vacancia

Dos años y medio después de asumir el cargo y ante un nuevo Parlamento tras la disolución del anterior, Vizcarra fue sometido al mismo proceso que su antecesor. ¿El motivo? La difusión de grabaciones de conversaciones del presidente con hoy exfuncionarios de su entorno, en donde hablan de una estrategia de defensa frente a la información de visitas realizadas a Palacio de Gobierno por el cantante Richard Cisneros o Richard Swing, actualmente investigado por el Ministerio Público junto a otras personas por sus cuestionados contratos con el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020.

Los audios fueron presentados ante el pleno del Congreso la mañana del 10 de setiembre por el congresista Edgar Alarcón (UPP). Por la noche, Vizcarra emitió un mensaje a la nación acompañado del primer ministro Walter Martos y de la titular de Justicia, Ana Neyra, aseverando: “No hay nada ilegal, lo único ilegal es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”.

Después de ese mensaje, a las 9:38 p.m., se presentó la moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra Vizcarra, con las firmas de congresistas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú. Se afirmó que “sí tuvo injerencia en el caso ‘Richard Swing’ y que incluso instruye a sus asesoras para obstruir las investigaciones al respecto”, por lo que se le acusó también de una “falsedad reiterada” al haber negado en reiteradas oportunidades su vinculación a los hechos.

Un día después, el 11 de setiembre, el pleno del Congreso admitió a trámite la moción con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Asimismo, convocó a Vizcarra para el viernes 18. Ese día, luego de una sesión de casi 12 horas, no se alcanzaron los 87 votos requeridos para destituir al mandatario.

Hubo 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones. Para entonces, la moción había perdido fuerza. Vizcarra acusó previamente a Manuel Merino, titular del Congreso, de “conspiración” al informar que el acciopopulista se comunicó con el comandante general de la Marina e intentó hacer lo mismo con altos mandos de las fuerzas armadas.

También cuestionó reiteradamente a Alarcón por las denuncias constitucionales realizadas en su contra por la Fiscalía de la Nación, y lo vinculó a un “complot”. Asimismo, el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial arguyendo un “uso indebido” de la facultad para declarar la vacancia por incapacidad moral. Además, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, reveló que dos militantes de Acción Popular se comunicaron con él y le señalaron su presencia en un “gabinete de transición”.

Ante el pleno, al hacer uso de su defensa, Vizcarra reconoció que es su voz la de las grabaciones, aunque ofreció disculpas por lo que consideró un acto motivado por una persona cercana a su entorno, en referencia a su exasistenta Karem Roca. “Pregunto yo ¿Cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse, por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información, y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine”, explicó.

La segunda moción contra Vizcarra

Este segundo requerimiento de destitución llegó a poco más de un mes del anterior. La moción es promovida por UPP y también plantea se declare la permanente incapacidad moral del jefe de Estado.

Esta vez, el pedido se centra en los testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces del equipo Lava Jato del Ministerio Público que han señalado que Vizcarra recibió pagos ilícitos por un monto total de S/ 2′300.000 a fin de beneficiar a los consorcios Obrainsa-Astaldi e ICCGSA-Incot con dos obras cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Esta moción fue admitida a trámite el lunes último por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones y se convocó para el próximo 9 de noviembre a una sesión plenaria a fin de debatir y decidir sobre el tema de fondo: si Martín Vizcarra es destituido o no de la Presidencia de la República. Para ello se requiere 87 votos.

Tres presidentes destituidos

En la historia republicana del Perú, solo tres presidentes han sido destituidos por el Congreso.

La figura de la incapacidad moral se formalizó en la Constitución de 1839, mientras que en 1823 José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primero en llevar el título de presidente de la República, fue destituido bajo dijo recurso, según Abraham García Chávarry, abogado y magíster en derecho constitucional por la PUCP.

“En realidad, como señaló después la historia, dicha declaratoria de vacancia respondió a las pugnas políticas entre Riva Agüero y el Congreso de la República, en medio de un escenario todavía turbulento por la consolidación de la independencia”, indica en su artículo “La incapacidad moral como causal de vacancia presidencial en el sistema constitucional peruano” (Pensamiento constitucional N°18, 2013).

“…Riva-Agüero fue exonerado del mando, en vista de que, según entonces se dijo, había manifestado verbalmente ‘que estaba llano a dimitir’. Quedó ordenado entonces se le expidiera pasaporte para salir del país, y se autorizó interinamente para el despacho de los asuntos administrativos en las regiones del norte del Perú, al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Francisco Valdivieso”, cuenta también el historiador Jorge Basadre en su libro “Historia de la República del Perú”.

Luego, en 1914, ya con la citada figura implementada, Guillermo E. Billinghurst fue vacado en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo, que lo llevó a intentar disolver el Parlamento, recuerda García. Finalmente, en el 2000, si bien Alberto Fujimori envió su renuncia desde Japón, el Parlamento no la acogió y procedió a dar término a su mandato tras la difusión de los denominados ‘vladivideos’ que evidenciaron actos de corrupción del régimen.

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