Partidos políticos se quedan sin opciones viables de financiamiento

Los partidos políticos se han quedado con pocas alternativas para financiar sus proyectos electorales. Las empresas privadas son consideradas fuentes prohibidas desde el 2017 y el dinero que el Estado entrega a las agrupaciones con presencia en el Congreso no puede ser usado, en ningún caso, para actividades de campaña.

Esto deja a las personas naturales como la única fuente de ingresos directos potencialmente significativa. Los ciudadanos pueden aportar hasta S/504.000 por partido y hasta S/252.000 por candidato al Parlamento. Sin embargo, el 90% no está dispuesto a donar dinero para una campaña, según la última encuesta de Ipsos para El Comercio.

En la misma encuesta solo el 9% dice que está dispuesto a aportar a una campaña.

“En un país en el que se odia a los partidos como el Perú, esa cifra no es rara”, explica Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP). Se constituiría así un vacío: ¿cómo podrán financiar sus campañas los partidos?

“Esa es la incógnita. Sin aportes de empresas va a ser difícil. Las cuotas de afiliados son ínfimas y los aportes reales de personas naturales casi no existen”, responde José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

El problema es que, para ambos especialistas, la salida más probable es el ya conocido sistema de ‘pitufeo’. Este consiste en fraccionar aportes irregulares en pequeños montos a nombre de personas a las que no les pertenecen. “Los partidos van a terminar buscando recursos privados, muchos al margen de la ley”, dice Tuesta.

La probabilidad de que esto ocurra es mayor porque, como analizó El Comercio en diciembre, un vacío importante en las normas de financiamiento político es que permiten ingresar hasta S/1 millón por actividad proselitista.

“‘Pitufearán’ mejor. Ahora tienen que identificar a los que pagan por asistir a la cena o compran la rifa”, dice Villalobos. Para ello, sin embargo, asegura que la mayoría de partidos utiliza simpatizantes “fidelizados”.

De cara a las elecciones generales, agrega, otra opción es que se cargue parte del financiamiento a los candidatos parlamentarios. “El artículo 30-A de la Ley de Organizaciones Políticas independiza la contabilidad de la campaña de cada candidato al Congreso. Así, el partido se puede lavar las manos sobre cómo obtuvo fondos ese aspirante”, dice.

—La opción pública—

Según Tuesta, la salida a esta encrucijada es que el Estado también pueda financiar directamente las campañas electorales (hoy el dinero público solo puede ser usado para capacitación, investigación y gastos de funcionamiento ordinario).

“En ningún país del mundo el financiamiento se sostiene sin recursos públicos. Nosotros [en la CANRP] propusimos que el dinero del Estado pueda ser usado en campaña”, asegura.

Señaló que ya se ha avanzado en recortar el gasto mediante financiamiento indirecto: los partidos ya no pueden anunciar en medios, sino solo mediante la franja electoral.

“Con eso, la campaña será definitivamente más austera”, coincide Villalobos.

Lo que no parece haber es fuentes viables para cubrir el resto de gastos.

—Cruces—

En el sondeo, Ipsos preguntó a los encuestados por quién habían votado en la elección del 2016.

Entre quienes creen que se deben permitir aportes de empresas sin límites (pero siempre que sean declarados), los que votaron por Keiko Fujimori duplican a los que lo hicieron por Pedro Pablo Kuczysnki (ver infografía).

“Refleja lo que hemos visto: [los fujimoristas] son los que más se han beneficiado de aportes de empresas”, explica Tuesta.