Palacio de Gobierno rechaza financiar defensa legal de Pedro Castillo: los detalles de la solicitud

La resolución está fechada el 23 de agosto y lleva a firma de Antonio Mirril Ramos Bernaola, subsecretario general del Despacho Presidencial.

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Se trata de una de las múltiples pesquisas que afronta el ex jefe de Estado, quien cumple en el penal de Barbadillo (en Ate) con dos órdenes de prisión preventiva. Una es por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022 y la otra por supuestamente haber liderado una organización criminal.

Esta vez, el Despacho Presidencial rechazó financiar la defensa de Castillo en una investigación fiscal en la que se le atribuye presuntas coordinaciones para la contratación de locadores para el Despacho Presidencial y el Programa de Desarrollo Productivo Agro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

El Gobierno detalló, en su resolución del 23 de agosto, que se trata de la carpeta fiscal N°99-2022, que se abrió contra Pedro Castillo en el 2022.

La resolución, que declaró improcedente el pedido de Castillo, señala que los hechos que son materia de investigación no se encuentran vinculados al ejercicio regular de las funciones de un jefe de Estado.

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Según el texto, Castillo requirió el pasado 19 de agosto el apoyo económico del Estado por la pesquisa que le abrió el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público como supuesto instigador del delito de negociación incompatible.

Entre los documentos incluidos en la solicitud de Castillo figuran la disposición para ampliar el plazo de las diligencias preliminares en su contra, del 26 de abril del 2024; y el documento en el que se declara compleja la investigación preliminar en su contra, del 26 de junio último.

También se adjuntan los compromisos de reembolso y devolución del dinero, en el caso de ser hallado responsable del delito, y la propuesta de defensa.

“Que, de acuerdo a lo señalado precedentemente al haberse establecido que los hechos materia de investigación en contra del señor José Pedro Castillo Terrones, ex Presidente de la República, como presunto instigador de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, no se encuentran vinculados al ejercicio regular de sus funciones como Presidente de la República [...] la solicitud de defensa y asesoría legal deviene en improcedente”, dice la resolución.

La resolución disponía, además, que Castillo fuera notificado en el plazo de un día hábil después de emitido el fallo.

El documento lleva la firma de Antonio Mirril Ramos Bernaola, subsecretario general del Despacho Presidencial.

Revisa aquí la resolución:

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En diálogo con El Comercio, Walter Ayala y Wilfredo Robles, abogados de Pedro Castillo en diversas carpetas, cuestionaron la decisión del Poder Ejecutivo y anunciaron que evalúan apelar.

Asimismo, afirmaron que el Estado no financia la defensa del exmandatario en ninguno de los procesos que tiene abiertos.

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Ayala opinó que se trata de un “acto de mala fe” por parte del Ejecutivo contra Castillo. “A todos le han dado, menos a Castillo, hay un ensañamiento”, aseveró.

“Rechazan la solicitud porque dicen que no está enmarcada dentro de la función del presidente de la República, pero eso es depende del ojo con que lo miren [...] Él no reconoce esos cargos, pero como ha sido un funcionario público todos los actos que haga estaban vinculados a su cargo. Lo están investigando en su calidad de presidente de la república”, expresó.

Además, señaló que, hasta el momento, el “Estado no ha pagado ni un sol para la defensa del exmandatario, pese a que es un derecho por ley”.

En otro momento, criticó que no Castillo no reciba su pensión como exjefe de Estado. “Castillo le dicen no, pero a [Alberto] Fujimori le dicen sí [...] Vamos a presentar una denuncia por abuso de autoridad”, agregó.

Finalmente, anunció que evalúa apelar a la decisión.

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Una postura similar expresó Wilfredo Robles: “Se evaluará si se impugna [la decisión del gobierno], pues acá todos juegan en pared contra Pedro Castillo (jueces, fiscales, policías, congreso, poder ejecutivo, etc.”.

Para Robles no tiene sentido que se señale que las imputaciones ”no tienen nada que ver con su calidad de funcionario” y criticó que en el caso de otros exmandatarios “si les den el beneficio”.

En tanto, Palacio de Gobierno dijo a este Diario que la decisión no se puede apelar y reiteraron lo que señala la resolución: “Los hechos investigados por la fiscalía no se encuentran enmarcados dentro de las funciones del Presidente de la República”.

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El expresidente tiene múltiples carpetas fiscales abiertas por casos como “Ascensos irregulares”, “Puente Tarata”, el golpe de Estado, entre otras.

Además, enfrenta cuatro denuncias constitucionales en el Congreso, la última fue presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal. Esto por la designación del excandidato presidencial Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro en el 2022. La demanda comprende también al exministro de Energía y Minas Eduardo González Toro.

Las otras tres fueron por el caso de los ascensos irregulares en la Policía Nacional, Ejército y Fuerza Aérea; los casos Casos Puente Tarata (MTC), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el golpe de Estado.