Cuando el Congreso se aprestaba a debatir y votar la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo –y pese a que hasta el miércoles por la mañana no se alcanzaban los al menos 87 votos para tal propósito–, quien asumió la presidencia del Perú hace poco más de 16 meses decidió patear el tablero y convertirse en dictador dando un golpe de Estado.
Poco más de cuatro horas duró el afán de Castillo por establecer un régimen “de excepción” violatorio de la Constitución. Un intento por concretar coléricas e inconstitucionales promesas que incluso había adelantado en la campaña electoral, como “desactivar en el acto” organismos autónomos como el Tribunal Constitucional, restándole quizá sorpresa a lo ocurrido en la jornada.
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En esas cuatro horas, sin embargo, se desvaneció la efímera aventura dictatorial: el docente fue vacado por una amplia mayoría en el pleno y Dina Boluarte asumió la presidencia del país, con lo cual se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo. Es decir, el ahora exmandatario apresuró su propia caída y ejecutó lo que hasta ayer decía que se quería imponer en su contra: un golpe al orden democrático.
Intento de disolución
Hacia las 11:42 a.m., Castillo dio un mensaje a la nación no anunciado –como solía ocurrir– por Palacio de Gobierno. Previamente ocurrió un hecho sintomático: el comandante general del Ejército, Walter Córdova, presentó su renuncia al cargo por “razones estrictamente personales” y una solicitud de pase al retiro.
Trascendió que, antes de tomar esa decisión, Córdova habría recibido presiones. Además, sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, entre las 7:30 a.m. y 7:40 a.m.
Castillo, empero, no recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas. Consultado por El Comercio, el jefe del Comando Conjunto, Manuel Gómez de la Torre, quien acudió a la toma de juramento de Boluarte, manifestó que no habló con Castillo de cara al anuncio de este. “Directamente nunca nos ha pedido ningún respaldo”, comentó.
En los pasillos del Parlamento, Gómez de la Torre y otras autoridades militares recibieron el saludo y agradecimiento de distintos parlamentarios. Incluso el primero se fundió en un abrazo con María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, y estrechó las manos del legislador no agrupado Carlos Anderson.
Pese a todo, Castillo –visiblemente nervioso– anunció que iba a “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, una estructura discursiva similar a la del hoy encarcelado dictador Alberto Fujimori en abril de 1992.
“Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará mediante decretos ley” fue su intención. También lo fue declarar en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Tal medida ocasionó una ola de renuncias entre miembros del Gabinete Ministerial, entre ellos otrora voceros de Castillo como Alejandro Salas (Trabajo) y Félix Chero (Justicia). Benji Espinoza y José Palomino Manchego también desistieron de seguir ejerciendo como abogados del hoy detenido Pedro Castillo.
Rápida respuesta
El pleno del Congreso estaba previsto para las 3 p.m. del miércoles, en lo que iba a ser el debate y votación de la tercera moción de vacancia, con un resultado de pronóstico reservado, porque incluso la mayoría de Perú Libre no estaba a favor. La precipitada medida de Castillo hizo que la sesión se adelantara. Esta se inició pasada la 1 p.m. y en menos de una hora se aprobó la vacancia por permanente incapacidad moral con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones.
La respectiva resolución legislativa precisa que Castillo “ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política”.
Provenientes de bancadas del bloque de derecha, del centro y un sector de la izquierda.
Hamlet Echeverría Rodríguez (Perú Democrático); Margot Palacios Huamán, Janet Rivas Chacara y Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre); Elías Varas Meléndez (Perú Bicentenario); y Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial).
Alfredo Pariona Sinche, Silvana Robles Araujo y Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre); Francis Paredes Castro, Katy Ugarte Mamani, Lucinda Vásquez Vela y Germán Tacuri Valdivia (Bloque Magisterial); Guido Bellido Ugarte (no agrupado); Jorge Coayla Juárez (Perú Bicentenario); Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú).
En la oposición, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Integridad y Desarrollo, Alianza para el Progreso y Acción Popular votaron en bloque a favor. En esta última bancada, participaron los seis congresistas investigados por el Caso Los Niños.
Del lado oficialista, Perú Libre votó dividido, aunque la mayoría no respaldó la vacancia (Silvana Robles, renunciante ministra de Cultura, se abstuvo), al igual que el Bloque Magisterial. Cambio Democrático, Perú Bicentenario y Perú Democrático actuaron de manera similar, aunque en este último grupo solo votaron dos integrantes y entre los ausentes estuvieron Betssy Chávez y Guillermo Bermejo, quien había sumado presencia en el gobierno castillista.
Tampoco votaron José Balcázar (Perú Bicentenario), Isabel Cortez (Cambio Democrático), Pasión Dávila y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial, el segundo tiene licencia por enfermedad), Nieves Limachi (Perú Democrático), Segundo Montalvo, Wilson Quispe y Kelly Portalatino (Perú Libre, la última es renunciante ministra de Salud).
Vaivenes oficialistas
Cortez explicó a El Comercio que no pudo votar remotamente porque estuvo en Chosica cumpliendo actividades de representación y “no había señal”. Entre quienes se abstuvieron, el no agrupado Guido Bellido –ex primer ministro de Castillo– aseguró que marcó así porque “no estaba informado, no había escuchado al presidente, estaba en el avión retornando de San Martín”, pero apuntó que, de estar enterado, hubiera votado a favor de la vacancia.
Roberto Sánchez Palomino, congresista de Cambio Democrático y renunciante titular de Comercio Exterior y Turismo, también se abstuvo, aunque expresó: “Intentar dar solución a esta crisis, a través de un cierre del Congreso, era inviable, inconstitucional y no fue decidido en PCM”.
Consultada por el accionar de Sánchez, su colega de bancada Ruth Luque señaló a El Comercio: “Nosotros teníamos una reunión a las 12 del día, pero no vino. Luego nos enteramos de la decisión [de Castillo]. Así que no hemos tenido ninguna comunicación […] Solo hemos leído la posición de Sánchez, de renuncia, seguramente como ministro tendrá que responder”.
Desde Perú Libre, partido con el que Pedro Castillo ganó la presidencia en el 2021, María Agüero subrayó que debe investigarse quién o quiénes indujeron al expresidente a realizar el golpe. Consultada por El Comercio sobre qué responsabilidad asume su partido al respecto, prefirió no emitir opinión a falta de una reunión de bancada, pero recalcó: “El peor error de Pedro Castillo fue haberse separado del partido, haber permitido que esas lacras que lo rodearon lo separen del partido. Ese ha sido su error fundamental”.
Llamados a la tregua, expectativas por el nuevo Gabinete, críticas todavía firmes al Congreso y posturas aún vigentes por un adelanto de elecciones marcan el arranque de la renovada –aunque con futuro incierto– relación de poderes.