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El problema de cerrar el Congreso, la columna de Fernando Tuesta

Los que ayer apoyaron el golpe, hoy acusan cínicamente a los manifestantes de golpistas, pero los que acusan a Alberto Fujimori no pueden querer hacer lo mismo al exigir el cierre del Congreso

Congreso de la República

“Por algo, la tasa de reelección de congresistas (uno de cada cuatro) es la más baja de la región”. (Foto: Archivo El Comercio)

Hugo Pérez

Cerrar el Congreso parece ser una consigna que va haciéndose popular y, en todo caso, ha sido la que ha encabezado dos manifestaciones en las últimas semanas. El inacabable desprestigio de los partidos colabora decididamente en esta dinámica, en la que se afirma que este es el peor Congreso que hemos tenido. Más allá de las comparaciones, lo cierto es que de esta mala reputación se salva solo un puñado de parlamentarios, que los hay en varias bancadas.

Pero un sistema con partidos debilitados e incapaces de cumplir sus funciones mínimas de representación permite que muchos advenedizos y aventureros –residentes fugaces del Parlamento– ingresen al Congreso con agendas propias. Por algo, la tasa de reelección parlamentaria (uno de cada cuatro) es la más baja de la región.

Pero lo que hace distinto a este Congreso de los anteriores es el control político, con una mayoría absoluta de escaños que inauguró Fuerza Popular en este quinquenio. Un control que se extendió al ámbito administrativo. Las denuncias sobre este cuestionado manejo han sido ampliamente documentadas en las últimas semanas. A ello se suman las diferencias y disputas entre los hermanos Fujimori, que han terminado en acusaciones mutuas de corrupción. Por eso, el que cierren el Congreso se convierte en una consigna potente, pero también peligrosa.

¿Pero se puede cerrar el Congreso? No, no se puede. Cerrarlo quiere decir clausurarlo, poner fin a sus actividades. Lo que sí existe como regla de juego institucional es la disolución constitucional del Congreso. Quien lo puede hacer es el presidente de la República y es una prerrogativa exclusiva de él. Pero para que esto ocurra se tiene que cumplir una condición necesaria y suficiente: que el Parlamento censure o no otorgue un voto de confianza a dos gabinetes. Por lo demás, en el mismo decreto de disolución debe necesariamente convocar a elecciones parlamentarias. Nada de esto ha ocurrido.

Es más, se acusa acertadamente a Alberto Fujimori de haber encabezado un golpe de Estado en 1992 al disolver el Congreso. Él sí cerró el Congreso, pues al amparo de la entonces vigente Constitución de 1979 solo se podía disolver la Cámara de Diputados –no la de Senadores– siempre y cuando el Congreso hubiera censurado o negado el voto de confianza no de dos, sino de tres gabinetes. Ninguno de estos requisitos se cumplía, quebrándose las reglas institucionales que articulan el Estado de derecho.

Denunciar malos manejos, develar los actos corruptos o poner en evidencia privilegios de congresistas o la Mesa Directiva, acompañados de movilizaciones (no vandalismo) y actos públicos de rechazo al Congreso, es entendible y legítimo. Pero gritar su cierre es no entender la naturaleza democrática del respeto de las reglas de juego institucionales. Los que ayer apoyaron el golpe, hoy acusan cínicamente a los manifestantes de golpistas, pero los que acusan a Alberto Fujimori no pueden querer hacer lo mismo al exigir el cierre del Congreso. Lo peor es parecerse a aquellos a quienes se ataca con tanto encono. Y esto es lo que irónicamente está ocurriendo.

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