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Sanciones sin efecto: la gran deuda electoral (Informe)

La ONPE no ha podido ejecutar ninguna sanción impuesta desde el 2010. Partidos con multas vigentes por S/2,5 millones participarán en elecciones

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Las seis multas impuestas por la ONPE desde el 2010 superan los S/3,7 millones. (Difusión)

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El jueves pasado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) impuso su vigésima sanción a un partido político. Mediante una resolución, la jefatura del ente electoral decidió multar a Restauración Nacional con S/96.487,5 por no presentar su información financiera del 2016 en el plazo fijado.

Con ese monto, las seis multas impuestas por la ONPE desde el 2010 superan los S/3,7 millones. Las sanciones restantes están vinculadas a la pérdida del financiamiento público para las organizaciones políticas.

Hasta hoy, sin embargo, ni unas ni otras han podido ser ejecutadas.

—Revés económico—
Desde las elecciones municipales y regionales del 2010, la ONPE enfrenta un camino accidentado para el cobro de las sanciones económicas.

El último revés lo experimentó en la campaña electoral del 2016. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó tres multas impuestas a Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio y Alianza para el Progreso por entrega de dádivas. En total, ascendían a casi S/1,2 millones.

Las multas hoy vigentes alcanzan los S/2,5 millones, y están distribuidas entre Alianza para el Progreso, Perú Posible (hoy sin inscripción) y Restauración Nacional. Esos partidos no han cancelado siquiera una parte de las deudas.

“Perseguir el pago se vuelve más difícil por una razón: no tenemos facultades coactivas. Solo podemos acudir a la vía judicial a través de nuestra procuraduría”, argumenta el gerente de supervisión de fondos partidarios, Julberth Medina.

A diferencia del JNE, la ONPE no está facultada para realizar embargos. Y, aun cuando tuviese dicha potestad, enfrentaría un mismo obstáculo: las agrupaciones no poseen bienes embargables.
“Es fácil decir que la ONPE no cobra, pero el JNE tampoco ha cobrado deuda alguna impuesta por los jurados especiales. Si no se establece la obligatoriedad de que los partidos acrediten solvencia, no habrá qué embargar”, advierte el ex secretario general del JNE Roque Bravo.

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(Infografía: El Comercio)

Archivo El Comercio

—Pérdida ficticia—
Ejecutar sanciones de financiamiento público directo tampoco ha sido una vía de escape para la ONPE.

Entre el 2010 y el 2015, el ente electoral dictó 14 sanciones de este tipo. Durante ese plazo, el Estado no otorgó el financiamiento público establecido en la ley.

“Los funcionarios probablemente se sonrojaban al firmar una sanción que –sabían– no iba a tener ningún efecto. No tenían otra opción”, comenta el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara.
El financiamiento público directo empezó a entregarse a mediados del año pasado. Apenas meses después, en octubre, el Congreso aprobó eliminar la pérdida del mismo como una de las posibles sanciones impuestas por la ONPE. Con ello, 12 sanciones pendientes de este tipo quedaron automáticamente sin efecto.

“El Congreso limita las facultades de control de la ONPE y flexibiliza las responsabilidades de los partidos. No establecen hasta ahora una forma efectiva de cobro. Saben que no pagarán y no les pasará nada”, agrega Távara.

Alianza para el Progreso y Restauración Nacional, por ejemplo, participarán en las próximas elecciones municipales y regionales. Lo harán sin ningún impedimento legal de por medio, pese a tener multas impagas.

“Así el JNE sepa que la situación existe, no puede crear una ley. Le corresponde al Congreso”, dice Bravo.

Esa norma, en el marco de la reforma electoral, es por ahora una deuda pendiente.

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