Testigo afirma que el ‘club de la construcción’ existe desde los 90

Raymundo Trindade Serra, ex apoderado de Odebrecht, declaró ayer ante fiscales peruanos que en el país existe el ‘club de la construcción’ desde la segunda mitad de la década de 1990.

Este grupo de empresas constructoras –de acuerdo con su versión– se formó a raíz de un cambio de legislación que se dio en el segundo gobierno de Alberto Fujimori.

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Fuentes de El Comercio informaron que, durante la diligencia, Trindade Serra indicó que este cambio normativo facilitó el direccionamiento de licitaciones a cambio de sobornos de las constructoras.

También manifestó que a partir del 2011 las empresas se unieron para “concertar” quién ganaría las licitaciones a cambio de un porcentaje del valor de la obra.

Tras 11 horas de interrogatorio, el fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo de la investigación del caso del ‘club de la construcción’, señaló que el ex ejecutivo “ha corroborado que existe el club desde el año 1996, 1997, cuando llegó al Perú”.

Además, expresó que en el período 2011-2014 Trindade Serra tuvo conocimiento de las coordinaciones irregulares que habrían hecho las empresas para ganar millonarios proyectos con el Estado.

“Lo que él ha mencionado es que se hacía un pago, ese pago se canalizaba a través de Rodolfo Prialé de la Peña y este a su vez le hacía llegar [el soborno a] Carlos García Alcázar”, indicó el fiscal.

—Contacto—
Trindade Serra no dio montos ni porcentajes de los sobornos que habría pagado el ‘club de la construcción’, porque –explicó– su función era generar el contacto. “Quienes saben de los montos y los sobornos son Jorge Barata y Renato Ribeiro Bartoletti, ex director de contratos de Odebrecht”, declaró el testigo, según fuentes de este Diario.

El ‘club de la construcción’ es una organización formada por al menos veinte constructoras que se habrían coludido con Carlos García Alcázar, ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para ganar licitaciones de Provías Nacional.

Según un colaborador eficaz, Prialé de la Peña actuó como representante de las empresas ante García Alcázar, a quien le indicaba qué firmas debían ganar los concursos públicos. A cambio, los ganadores entregaban un porcentaje del monto total de la obra como soborno.

Durante la diligencia, Trindade Serra mencionó que las empresas que supuestamente formaban el llamado ‘club’ eran: Obrainsa, Graña y Montero, ICCGSA, Málaga, Cosapi, JJ Camet, Casa Contratistas, San Martín, Mota Engil, OHL, Conalvias, entre otras, así como las brasileñas Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez y OAS.

Respecto a las declaraciones de Serra, la firma Odebrecht señaló que, “en virtud del proceso de colaboración en curso con la fiscalía y el compromiso de confidencialidad asumido, la empresa no hará comentarios al respecto”.

En un comunicado enviado a este Diario, el grupo Graña y Montero dijo que su “actual administración” tiene intención de colaborar con “toda investigación sobre actos ilícitos”.

“De encontrar algún tipo de información que permita validar o descartar esta declaración, la misma será puesta a disposición de la justicia. […] Ratificamos la intención de afrontar cualquier potencial responsabilidad civil si se encontrase alguna evidencia de participación de las personas investigadas en actos de corrupción”, detalla el documento.

En tanto, Queiroz Galvao y Camargo Correa indicaron que no se pronunciarían sobre el tema.

El Comercio buscó las versiones de Mota-Engil Perú, Andrade Gutierrez, OHL, Aramayo S.A.C., Constructores y Mineros Contratistas, Superconcreto y Casa Contratistas, pero no obtuvo respuesta.