Finalmente, el proyecto minero Tía María comienza a ver la luz después de una larga espera. Algunos profesionales que conocen bien el sector estimaban que la licencia debía darse entre octubre y finales de diciembre del 2018, el plazo que mediaba entre las elecciones regionales y el cambio de mando en los gobiernos subnacionales.
La gestión del ministro Francisco Ísmodes al frente del Minem –una de las dos más longevas en el Gabinete–, sin embargo, se tomó algo más de tiempo. Además, el proyecto parece haber estado fuera del radar del Ejecutivo en conjunto, con el presidente Martín Vizcarra centrado en las reformas judicial y política.
El camino no ha estado exento de complicaciones y ha mostrado algunas fisuras en el interior del Ejecutivo. Aunque el primer ministro Salvador del Solar ha mostrado en días recientes una posición unificada, que tiene como eje la forja del diálogo, no es lo que se ha visto en los últimos meses.
En mayo, el ministro Ísmodes declaró a la prensa extranjera sobre el proyecto, con una mezcla de exigencia y optimismo: “Es un proyecto importante para el Perú, pero para ser viable tiene que realizarse con las mejores condiciones, y eso incluye el aspecto social. La misma empresa está comprometida en esa línea” (“Gestión”, 2/5/2019).
No hace muchas semanas, el impaciente ministro de Economía, Carlos Oliva, decía que existían las condiciones para entregar la licencia de construcción para Tía María (RPP, 1/7/2019).
Con el anuncio dado, hay dos desenlaces posibles. El escenario optimista implica que el gobierno y la empresa minera aprovechen el plazo para asegurar la viabilidad política y social del proyecto, frente a las resistencias que se han manifestado. La posibilidad pesimista plantea que, ante una eventual apatía gubernamental y una probable falta de sensibilidad de parte de la empresa, los opositores al proyecto se fortalezcan y terminen haciendo naufragar la iniciativa.
Ha sido un camino largo y, en el trayecto que viene, tendrá que superar serios escollos. Ante ellos, se requerirá no solo mostrar el innegable bienestar material que el proyecto traerá al país y a la zona de influencia, sino dotar a la iniciativa del músculo político del que hasta ahora ha carecido.
El diálogo que todos los sectores propician debe partir por admitir el conflicto dado y no forzar un consenso engañoso. La unanimidad, aspiración loable sin duda, es también un deseo ingenuo. Al final de cuentas, como bien decía hace unos días el periodista chileno Agustín Squella: “Los conflictos […] no amenazan la democracia; al revés, activan sus instituciones, que están ahí para procesar los desacuerdos entre adversarios y no entre enemigos” (“The Clinic”, 11/7/2019).
Tía María seguramente esperará algún tiempo más para lograr “un contexto social más favorable”, como el que plantea Southern en su comunicado. Lo favorable, sin embargo, no debe confundirse con el beneplácito generalizado.
