Zoraida Ávalos: “No estoy supeditada a los calendarios del Congreso”

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien presentó esta semana una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry aclaró que los cargos presentados ante el Congreso de la República contra el fiscal supremo son nuevos hechos. En entrevista con El Comercio, la titular del Ministerio Público anunció que trabajan un proyecto para la compra de un local propio para el Equipo Especial Lava Jato.

-Su despacho presentó esta semana una denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por la irrupción a la oficina que fue lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori ¿Cuál es la conclusión a la que han arribado?

Luego de cuatro meses de investigación estamos presentando una denuncia ante el Congreso por delito de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, tipificado en el artículo 404 Código Penal, (sobre) el que sustrae a una persona de la investigación. Por encubrimiento real, previsto y penado en el artículo 405, (sobre) el que dificulta o procura desaparecer pruebas o evidencias; y el último delito es el de atentado a la conservación y de identidad de objeto. Hemos presentado una denuncia que tiene más de 2 mil folios.

-¿Qué presuntos actos delictivos habría realizado Pedro Chávarry?

Nosotros creemos que ha obstaculizado la investigación (contra Keiko Fujimori). Por ejemplo, cuando permite que, de alguna manera, su asesora Rosa Venegas, ingrese (a la oficina lacrada). Esa señora no hubiera ingresado si no hubiera estado en una situación de dependencia. El doctor Chávarry era su jefe.

-Entonces, ¿se ha llegado a la conclusión de que el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, efectivamente dio al orden de que se ingresara a la oficina que estaba lacrada?

Creemos que hay elementos para pensarlo. Creemos que hay elementos para, de alguna manera, (creer que) ha obstaculizado la investigación del Equipo Especial. Cuando, la noche del 31 de diciembre (del 2018), saca del Equipo Especial al doctor José Domingo Pérez y al doctor Rafael Vela, o cuando cesa, injustificadamente, a la adjunta Ericka Delgado y no coloca a una persona en su reemplazo. O, cuando solicita que se le informe sobre los términos en que se estaba llevando el acuerdo con Odebrecht, de alguna manera, vulnerando el principio de reserva todas esas cosas las hemos investigado.

-Cuando usted me habla de que se pretendía “sustraer” de la investigación a quién específicamente se refiere?

A la señora Keiko Fujimori.

-¿Sustraerla de qué?

De la investigación. Porque lo que ellos (el Equipo Especial) querían era encontrar evidencias, pruebas en la oficina del asesor del doctor Chávarry, el señor (Juan Manuel) Duarte. Esa era la tesis que estaba manejando el Equipo Especial, en el caso concreto el doctor Pérez; y al haber sacado esas evidencias, esa línea de investigación se destruye.

-El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, dijo que la denuncia contra Pedro Chávarry será analizada por orden de llegada. Pero adelantó que, como este caso ya fue archivado cuando lo presentó Frente Amplio, no puede volver a verse hasta el siguiente período de anual de sesiones, en agosto...

En primer lugar, yo represento a un organismo constitucionalmente autónomo. Yo soy autónoma, yo hago una investigación y terminando esa investigación tengo dos caminos: o archivo o formulo la denuncia; y no estoy supeditada a los calendarios del Congreso. En segundo lugar, no son los mismos hechos, el tema que se archivó fue un hecho, nosotros estamos presentando otros hechos más.

-¿Esta decisión de no verlo con prioridad podría ser parte del blindaje mutuo, entre Fuerza Popular y Chávarry, y del que se habla en la denuncia constitucional?

Yo no voy a especular. Ya mandé mi investigación (al Congreso) y le digo que yo no me tengo que supeditar al calendario de ellos.

-¿Espera que el Congreso admita esa denuncia?

Yo espero que actúen con arreglo a Ley. Que la historia juzgue.

-Se ha rechazado el pedido para que la Corte Suprema sea quien decida si procede o no el levantamiento de la inmunidad de los congresistas. ¿Cuál es su opinión?

Particularmente, pienso que no deberíamos tener el tema de la inmunidad porque se presta a veces a impunidad. Preferiría que no tengamos inmunidad. No le encuentro razón al artículo 99 (de la Constitución), que, de alguna manera, privilegia a congresistas y a magistrados.

-Usted solicitó al presidente del Poder Judicial un pleno casatorio para equiparar criterios jurisdiccionales con respecto a la prisión preventiva ¿Ya le respondieron?

Efectivamente, solicitamos un pleno casatorio, de conformidad con lo que establece el artículo 433, inciso 4, del Código Procesal Penal, que faculta que el Ministerio Público pueda presentarlo, cuando existe cierta discrepancia con respecto a la aplicación de una norma. Nos llegó un documento del secretario general de la Corte Suprema donde dice que están enviado esto a la Sala Permanente. Hemos pedido que nos citen a una audiencia antes de resolver su viabilidad o no.

-¿Previo a que lo admitan o no?

Antes de resolver ese pleno se va a tener que señalar día y hora de una audiencia para que el Ministerio Público exponga. Eso es previo a que lo admitan. La ley contempla que debemos ser escuchados.

-¿Por qué es importante para ustedes que el pleno casatorio se realice con carácter de urgencia?

Es importante porque, de alguna manera, queremos precisar ciertas discrepancias que hay con respecto al artículo 269 del Código Procesal (peligro de fuga). Lo que se busca es uniformizar jurisprudencia y darle a todos predictibilidad de la justicia.

-¿Como lo que ocurrió con el pleno casatorio de lavado de activos?

Sí, ese es el precedente.

-Pero este tema sobre el pleno casatorio causa interés porque la Corte Supremo está por resolver la casación de Keiko Fujimori, que pide la anulación de su prisión preventiva por el caso Odebrecht ¿Este pleno casatorio podría definir que ese caso sea resuelto con la mayor transparencia?

Podría ayudar, pero en ese caso corre por cuerda separada. Ese caso no impide que el Poder Judicial se pronuncie sobre la casación de la señora Keiko Fujimori. Yo me reafirmo en que lo que queremos es uniformizar criterios.

-Sobre la casación de Keiko Fujimori. Había un pedido del fiscal José Domingo Pérez, a través de la coordinación, para que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza se inhiba por los cuestionamientos referidos al caso de Los Cuellos Blancos del Puerto ¿Se llegó a tomar acciones?

Hemos trasladado ese pedido al doctor Rodríguez Monteza para que él lo exponga porque eso es una decisión personal. Todavía no hay respuesta.

-Incluso, desde el Congreso se ha comenzado a cuestionar los plazos y requisitos para aplicar la prisión preventiva. Se planteaba disminuir el plazo ¿Sería un debilitamiento a la lucha contra el crimen organizado?

Podría. Yo creo que no habría nada que modificar, porque como son casos complejos, a veces, el tiempo resulta corto. A veces, la otra parte tiene una defensa muy calificada, los mejores estudios (de abogado).

-Esta semana, el Ministerio de Economía les transfirió S/ 32 millones para el Ministerio Público como parte de un incremento presupuesta inicial ¿Cómo se va a distribuir este dinero? 

Hemos tenido que priorizar.

-¿Qué temas se ha priorizado para gestionar ese dinero?

Por ejemplo, hemos priorizado el tema de extinción de dominio, pues mientras el Poder Judicial lo había solicitado el año pasado y se le había dado 28 millones, el Ministerio Público no lo había solicitado. El doctor Chávarry (en su gestión) se olvidó y no se nos dio nada. Lo hemos pedido y se nos ha dado 18 fiscalías provinciales de extinción de dominio en primera instancia y una fiscalía superior.

-¿Se contempla al equipo especial Lava Jato?

Se nos ha dado también cinco despachos más para el Equipo Especial. Hemos pedido y se nos ha otorgado una fiscalía de lavado de activos para la zona Tacna, que es fronteriza con Chile y que no tenía una fiscal para eso, (igual) en Tumbes y Puno. Y más fiscales para Los Cuellos Blancos del Puerto.

-¿Qué tan importantes son las fiscales de extinción de dominio y cuántas tenemos?

Actualmente hay una sola fiscalía acá, en Lima. Ahora vamos a tener 18 que se van a repartir a nivel nacional. Son 21 porque nosotros vamos a convertir tres fiscalías civiles. Y es importante porque, en un proceso especial, todos esos bienes provenientes del delito se van a recuperar y van a pasar a dominio del Estado.

-Desde el Equipo Especial Lava Jato se afirmó que les faltaba personal y que muchos de los fiscales estaban renunciando porque trabajan mucho y cobran poco.

Estaban saturados y de verdad sí, el equipo era muy pequeño. Entonces, cinco despachos más nos van a dar holgura ¿no? Muchos se estaban yendo, el sueldo de los fiscales provisionales no es mucho y corrían rumores de que querían quitarle el bono a los fiscales provisionales y eso sí hubiera sido catastrófico porque habría habido un éxodo. Nadie iba a venir.

- ¿De cuántas personas estamos hablando en esos cinco despachos adicionales?

Serían 15 personas más.

-¿Qué tan cierto es que el Equipo Especial iba a ser desalojado del lugar donde estaba? ¿Se podría contemplar que tenga un local propio?

Ese es un tema que preocupa mucho, nosotros hemos crecido en número de fiscales, pero no hemos crecido en número de locales y en este momento uno de los problemas que todo el mundo se queja son los espacios. El equipo especial no va a poder seguir trabajando así.

-¿Entonces, se otorgará un local propio al Equipo Especial?

Yo había solicitado en la demanda adicional que se nos permite la compra de un edificio que habíamos conseguido por acá, pero nos han dicho que tenemos que trabajar un expediente para un proyecto de inversión pública. Lo estamos trabajando y espero que pronto Economía pueda darnos el presupuesto para poder comprar ese edificio.

-¿Cómo se viene trabajando la implementación del Nuevo Código Procesal Penal?

Hemos solicitado que se postergue el tema de la implementación del Código en Lima Este. No tenemos los locales, ese es un motivo. Comprar significa acondicionar los materiales, es todo un proceso. El otro problema es la carga que tiene Lima Este. Hemos pedido tres meses de ‘vacatio’ para hacer la descarga (de expedientes) y poder empezar el nuevo modelo con una carga super manejable.

-¿Cuál es la carga procesal actualmente?

La carga procesal nos agobia, en muchos años el presupuesto no ha ido acorde a la demanda de nuestro trabajo. Nosotros no tenemos la logística del caso, personal administrativo y eso ha hecho que la carga se acumule. Lo dije hace unos días, yo quiero implantar en esta gestión dos líneas: orden y descarga. Pero decir que voy a comenzar a realizar la descarga en los 34 distritos fiscales, es mentirles, porque tengo que hacerlo de acuerdo con mis recursos y mis posibilidades.

-¿Cuánto ha crecido en carga procesal o con cuánto se prevé que cierre el año el Ministerio Público?

Este año estamos alarmados por lo que está pasando. Desde el 2014 a la fecha el incremento era de 200 mil denuncias año a año. Pero este año, en lo que va del primer trimestre ya estamos en una carga que 1 millón 221 denuncias, lo cual nos hace presagiar que a fin de año tranquilamente podríamos estar llegando a los cuatro millones y eso nunca nos ha pasado. Es decir, vamos a duplicar la carga porque en el 2018 acabamos con 2 millones 167 denuncias.

-¿Y a qué se debe ese incremento?

Una de las razones es que, con la Ley 30664 sobre la violencia contra la mujer y del entorno familiar, ahora toda agresión es susceptible de ser vista en la vía penal. Entonces se ha desbordado nuestra capacidad de respuesta. Arequipa tiene en este momento casi 35 mil, Lima Este 20 mil. En igual situación están La Libertad y Cusco. El incremento viene por ahí, y para eso no hemos recibido presupuesto.

-¿Cómo se puede frenar el incremento de la carga procesal sobre ese tipo de delitos?

En el tema de violencia contra la mujer nosotros hemos creado una política institucional de un abordaje especializado. Hemos creado a manera de piloto en Lima, cuatro fiscalías de prevención en materia de violencia contra la mujer y personas en condición de vulnerabilidad. Y entre uno de los tantos objetivos que ellos van a ver es el tema de conciliaciones extrajudiciales, temas de tenencia, alimentos, en régimen de visitas; para poder de alguna manera paliar la situación de muchas personas que no están en capacidad de pagar un abogado.

-Todo gira en torno al presupuesto…

Es que la lucha contra la criminalidad organizada, la lucha contra la corrupción requiere inversión. Yo siempre digo, no veamos esto como un gasto, veámoslo como una inversión que a la larga va a redundar en el crecimiento socioeconómico de nuestro país.

-Esta semana la Justicia de España admitió la extradición contra el ex juez supremo César Hinostroza; sin embargo no accedió a extraditarlo por el delito de crimen organizado. ¿Cómo incide en las investigaciones en el Perú, donde sí se está estructurando una hipótesis en base a una organización criminal liderada por el ex juez supremo?

En principio hay que verlo como que es bueno lo que ha pasado porque se ha declarado procedente por otros delitos. Hasta donde sé la sentencia de España dice que no puede haber organización criminal con solo dos personas, pero eso no es óbice para que nosotros podamos seguir investigando y de encontrarse nuevos hechos, que se pueda pedir una ampliación.

-¿Cuál es el estado de la investigación contra el congresista Roberto Vieira?

Ya está culminado. Próximamente vamos a resolver.