¿Cuál era el plan de Pedro Castillo luego de dar su golpe de Estado?

No es necesario adivinar qué habría pasado si el golpe hubiera recibido respaldo militar. Los perpetradores adelantaron la agenda con sus propias palabras. El discurso del ‘putsch’, por ejemplo, anunció algunas medidas radicales. Y también ratificó lo dicho por una testigo presencial y una periodista de TV Perú al Ministerio Público, como bien documentó “Panorama”. Al cruzar las versiones con el texto, quedan claras las intenciones de instaurar un gobierno de excepción para “reestructurar el Estado” y no seguir gobernando “con esa clase política”, en palabras de la entonces presidenta del Consejo de Ministros. Además de disolver el Congreso, se pretendía la “reorganización del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”. Adiós a las 51 carpetas fiscales.

La noche del 7 de diciembre, se habría instaurado el anunciado toque de queda. Nadie hubiera podido salir de sus casas desde las 10 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente. Además, todo el que no le entregase su armamento ilegal a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas hubiese incurrido en un delito sancionado con pena privativa de la libertad. Todo esto habría sido estipulado en el mentado “decreto supremo” de Betssy Chávez. A partir de entonces, y hasta la instauración del nuevo Congreso, el dictador gobernaría mediante decretos ley. Así funcionaría temporalmente el “gobierno de emergencia nacional”.

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Es de prever que el toque de queda se hubiera prolongado. Cada movilización llamaría a la insurgencia, lo que a su vez provocaría un nuevo toque, como sucedió el 5 de abril del 2022. Habría marchas pacíficas, no por ello exentas de picos de violencia. Pero la autocracia se sentiría respaldada por la Policía Nacional. La explicación estaría en una frase del discurso golpista: “la Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerza Armadas, dedicarían todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios”. A buen entendedor, pocas palabras.

Paralelamente, las rondas campesinas y los frentes de defensa tendrían un rol protagónico en el respaldo de los intereses de la nueva patria indoamericana, tal y como se lee en la proclama del 7 de diciembre.

Como adelantó la ex primera ministra, se convocaría a elecciones en el más breve plazo. Y no cabe duda para cualquiera que haya escuchado el discurso: habrían sido elecciones para “un nuevo Congreso con facultades constitucionales para elaborar una nueva Constitución”. Esto podría ser ratificado a través de un referéndum, como dice el citado texto.

Una batería de proyectos de ley presentados por el Ejecutivo distraerían la atención de las masas. Estos ya habían sido presentados antes del golpe, pero el Congreso los había enviado a la congeladora. La masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la reforma tributaria, la segunda reforma agraria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios y un largo etcétera que cae en lo reiterativo.

Sorprendentemente, se respetaría “escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado”, al menos en lo declarativo. Considerando que el gobierno se enorgullece de su crecimiento económico, es imaginable que la tendencia a la baja continuaría y se agudizaría. Se prevé cambios a futuro en el sistema laboral, en los tratados de libre comercio y en los sistemas de pensiones.

La prensa “mercenaria, corrupta y cínica que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje” tendría las horas contadas. En la práctica, se volvería al plan de gobierno de Perú Libre y el control de contenidos bajo argumentos morales y educativos.

Una reforma buscaría ampliar los alcances de la cuestión de confianza. Paralelamente, otra reforma acotaría la figura de la incapacidad moral. Se acabaría la necesidad de pedir permiso al Congreso para viajes internacionales. Eso coincidiría con un hito diplomático: el Perú asumiría la presidencia ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico. Y, quizás, contaríamos con la ilustre visita de nuestros vecinos AMLO, Petro y Boric. Bien haría el gobierno en recordar esta agenda golpista contrafáctica si quiere desmarcarse de su pecado original. Y si quiere recordarle a los peruanos que siempre se puede estar peor.

Betssy Chávez Chino, por su lado, se mantiene en su versión original. Ello a pesar de las evidentes contradicciones con elementos objetivos que la Fiscalía de la Nación ha sumado a la batería de testimonios. Por ejemplo, que tras el golpe se dio la orden de que Chávez y Torres reciban protección especial en sus casas. Y que Chávez Chino fue la última del Gabinete en renunciar, sin ninguna mención de repudio al acto. Todo eso será considerado en la acusación entablada contra la ex primera ministra por el delito de rebelión. //