La ONU aprueba primer tratado contra la cibercriminalidad, pese a preocupaciones por vigilancia

Los estados miembros de la ONU aprobaron el jueves el primer tratado para luchar contra la cibercriminalidad, pese a la oposición cerrada de defensores de derechos humanos que alertan del riesgo de esta herramienta de vigilancia mundial.

Luego de tres años de negociaciones y una última ronda de dos semanas, la “Convención de Naciones Unidas contra la cibercriminalidad” fue adoptada por consenso y deberá ser sometida al voto de la Asamblea General para su adopción formal.

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“Considero que los documentos (...) son adoptados. Muchas gracias. ¡Enhorabuena a todos!” dijo en medio de los aplausos Faouzia Boumaiza Mebarki, presidenta del comité intergubernamental creado en 2019 para redactar este tratado propuesto por Rusia.

El nuevo tratado, que podrá entrar en vigor una vez que haya sido ratificado por 40 países, pretende “combatir más eficazmente la cibercriminalidad” y reforzar la cooperación internacional en este campo, en particular en los ámbitos de la pederastia y el blanqueo de dinero.

Pero sus detractores, una alianza inhabitual entre defensores de derechos humanos y grandes empresas tecnológicas, denuncian un perímetro demasiado amplio que lo convertirá, según ellos, en un tratado para la “vigilancia” mundial.

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El texto prevé que un estado que investigue cualquier delito punible, con un mínimo de cuatro años de prisión con arreglo a su legislación nacional, podrá solicitar a las autoridades de otro estado cualquier prueba electrónica relacionada con ese delito, así como solicitar datos a un proveedor de acceso.

Los defensores de los derechos humanos temen que el texto pueda ser utilizado por Estados que criminalizan la homosexualidad o por gobiernos que persiguen a disidentes o periodistas.

“Pedimos a los estados que garanticen que los derechos humanos están en el centro de la Convención que se adoptará esta semana”, declaró la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en X esta semana.

“Los defensores de los derechos, los investigadores y los niños no deben temer la criminalización de actividades protegidas”, agregó