La masificación del gas y la producción de energía térmica peligran en Piura

Dicho fallo, emitido en primera instancia por el ente judicial, arrebata a Gasnorp el derecho a distribuir el gas en Pariñas, distrito neurálgico para el proceso de masificación por cuanto alberga a las dos industrias más intensivas en el uso de este hidrocarburo en todo Piura: Malacas y la refinería de Talara (Petro-Perú).

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Y, lo que es peor, ordena expropiar los dos gasoductos que Enel y Gasnorp operan en Pariñas.

Todo en favor de Gastalsa, antiguo distribuidor de gas para Pariñas, que lleva once años litigando la restitución de esta concesión con el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Para Jorge Pérez-Taiman, asesor legar de Gasnorp (Grupo Promigas), la decisión que favorece a Gastalsa es “manifiestamente ilegal” por cuanto recorta el contrato firmado por Gasnorp en 2019, el cual garantiza a esta empresa “la concesión de gas natural exclusiva para Piura, incluyendo a Pariñas”.

“Y lo peor es que la sentencia viene acompañada de una medida cautelar de pronta ejecución, lo cual significa que puede ir más rápido que la decisión que pueda tomar la sala civil en una segunda instancia”, señala Rigoberto Novoa, gerente general de Enel Generación Piura.

De hecho, Osinergmin ya cumplió con el fallo judicial que le ordenaba valorizar ambos ductos como paso previo para su transferencia a Gastalsa, empresa que en su momento (1998-2009) no pudo cumplir con su contrato de concesión.

¿Qué consecuencias acarreará todo esto para Piura?

MASIFICACIÓN DEL GAS

La consecuencia más visible es el perjuicio al proceso de masificación del gas natural.

En efecto, el fallo judicial ocurre en momentos en que Gasnorp lleva tendidos 200 kilómetros de redes de polietileno y 243 kilómetros del ducto principal de acero, faenas en las que ha comprometido US$130 millones de un total de US$235 millones.

Esto le ha permitido conectar hasta la fecha 7 mil viviendas en cinco ciudades piuranas: Piura, Sullana, Talara, Paita y Sechura, a las que seguirían otras más en los poblados de Tortuga, La Brea, Negrtios y El Alto.

Todo este avance, sin embargo, caerá en saco roto si Gasnorp se queda sin Pariñas, pues no sólo perderá a su cliente industrial más grande: la refinería de Talara, sino que no podrá incorporar el subsidio cruzado resultante de la conexión de esta industria a su red de distribución.

“Como consecuencia, la tarifa de gas natural subirá en 78%, convirtiéndola en la más cara del Perú (hoy es la más barata). Es decir, que se estaría destruyendo la concesión de Piura”, anota Pérez-Taiman.

El jurista confía, no obstante, en que Gasnorp y el Estado ganarán el litigio porque no hay manera de que un juez dictamine la paralización de un servicio público, como es el caso del suministro de gas natural, luz o agua.

CIERRE DE MALACAS

Otro es, sin embargo, el caso de Enel, empresa de generación que sí teme perder el ducto que opera en Pariñas y que emplea para suministrar gas a la central térmica de Malacas.

Y es que este activo no está calificado como de servicio público sino “de uso propio”. Esto significa que la medida cautelar puede apresurar su transferencia a Gastalsa antes de que la Sala Civil de Talara evalúe el tema en una segunda instancia.

“Si ello ocurre, Malacas dejará de ser competitiva y tendrá que cerrar sus operaciones, con el consecuente perjuicio económico para toda la provincia de Talara y la región”, señala Luis Chiok, jefe de la planta Malacas.

Para Enel queda claro que si Gastalsa adquiere el ducto de Malacas, valorizado por Osinergmin en US$5,23 millones, va a querer recuperar su inversión cobrando un peaje por el transporte de gas.

Si ello ocurre, explica Rigoberto Novoa, la central encarecerá sus costos y se alejará del ranking de despacho de energía, tras lo cual “claramente tendríamos que dejar de operar”, advierte.

Las consecuencias de esto para Pariñas serían muy graves. En primer lugar, señala el funcionario, la empresa cesaría a 400 trabajadores directos e indirectos y dejaría de contratar servicios por S/20 millones/año a empresas de la zona.

También se vería impedida de seguir desarrollando una serie de obras sociales que actualmente benefician a 15 mil pobladores.

E, igualmente perjudicial, Enel cesaría de comprar gas natural para Malacas, circunstancia que obligaría a las empresas petroleras de Talara “a ventear el gas o quemarlo”, pues el 90% de su producción es adquirida por la generadora eléctrica.

OPCIONES LEGALES

Consultada al respecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que señales como estas sientan un mal precedente que “mella la confianza de los inversionistas”.

En ese sentido, instó a respetar los contratos suscritos por el Estado peruano, pues, de no hacerlo, se estaría “afectando la estabilidad jurídica y la competitividad del país, poniendo en riesgo la inversión y con ello el empleo e ingresos de miles de peruanos”.

“Además, recordamos que los servicios públicos de electricidad y gas natural son un derecho de la población que debe preservarse a todo nivel, y cualquier medida que impacte el acceso a estos debe ser revisada”, señaló Angela Grossheim, directora ejecutiva del gremio minero-energético.

Por todas estas razones, Pérez-Taimán enfatiza que Gasnorp no entregará el ducto que opera en Pariñas y que permite suministrar gas a la refinería de Talara.

“En el hipotético negado de que no pudiéramos hacer valer nuestro derecho, tenemos a nuestra disposición otras opciones internacionales, así que el tema no termina allí”, asevera el abogado.

El caso judicial se ventilará en una segunda instancia en la Sala Civil de Talara. La vista de la causa está programada para el próximo 18 de julio.

Cabe señalar que Gastalsa operó la concesión de gas natural para Pariñas entre 1998 y 2009, fecha en la que el Minem canceló su contrato por no cumplir con el compromiso mínimo de conexiones.

La empresa se había comprometido a conectar 10 mil viviendas, con una inversión de US$4,5 millones que nunca desembolsó.

Por el contrario, Gasnorp ha conectado 7.000 viviendas en dos años y medio de operaciones y se alista a conectar 5.500 más al cierre del 2022. Su objetivo es conectar 64 mil viviendas en ocho años.