La decisión del Ejecutivo, de no permitir ampliaciones de cierre de minas en Ayacucho, ha encendido las alarmas del sector minero. Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), explica las implicancias de este accionar para la industria extractiva en la presente entrevista.
—¿Este embrollo por las minas en Ayacucho se debe a la ignorancia en minería de la primera ministra o hay un cálculo político?
Hagamos el análisis adecuado. La primera ministra, Mirtha Vásquez, es abogada. ¿Y no está dedicada a temas ambientales mineros?
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—Entiendo que ha sido directora de la ONG ambientalista Grufides.
Entonces, eso quiere decir que la legislación minera no tiene secretos para ella. Lo sabe perfectamente porque se ha dedicado a eso durante los últimos veinte años. Entonces, no es una casualidad. Eso es parte de un plan.
—¿Un plan del Gobierno o de las ONG ambientalistas?
Lo que pasa es que la ideología le ha ganado. Ella, como primera ministra, no sabe a qué rol pegarse: a la de una funcionaria que tiene que ser equilibrada o a la de una ambientalista antiminera, que tiene sus dogmas y pensamiento propios. Eso le ha ganado. Porque ella sabe perfectamente en qué consisten los planes de cierre de minas, cómo se hacen, qué lineamientos siguen y también que se actualizan cada cinco años. Y, además, ha adelantado que este es un plan piloto.
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—Ella habló de un plan piloto, pero no está claro si se refería a las cabeceras de cuenca o a los cierres de minas.
Se refería al cierre de estas cuatro minas en Ayacucho. De allí viene el temor de las empresas, porque si ese piloto se aplica y el Gobierno rehúsa ampliar los planes de cierre, nos quedaremos sin operaciones mineras muy pronto.
—La SNMPE hizo hincapié en ese plan. ¿Pero en qué consiste?
Lo que pasa es que todas las minas, para poder operar, presentan un plan de cierre. No hay ninguna que no lo haga. Y ese plan está hecho sobre la base de la vida útil de la mina, en función de sus reservas probadas de mineral, para lo cual presentan una carta fianza en garantía de cumplimiento. Es un plan que se actualiza cada cinco años. Es como una licencia de construcción.
—Que también puede ser ampliada muchas veces.
Claro. Cuando una persona solicita una licencia de construcción, presenta todos los requisitos y si su requerimiento está debidamente estructurado, la municipalidad le tiene que dar la licencia de construcción. Lo mismo pasa acá. Si la modificatoria del plan de cierre cumple con todas las condiciones, tiene que ser aprobada por los entes técnicos, en este caso, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros y el Senace.
—¿Es decir, que es un plan dinámico en el tiempo?
Porque se entiende que la situación va a ir evolucionado en la medida que las empresas realizan más exploración y desarrollo y explotan la mina. Entonces, si el Gobierno rehúsa ampliar los cierres de mina, eso significa que nos quedaremos sin operaciones mineras en cinco años. Imagínate, Antamina es candidato a que la cierren pronto.
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—Antamina ha informado que proyecta expandir sus operaciones hasta el 2040.
Ellos tenían, cuando iniciaron operaciones en el 2001, unas reservas y un plan de cierre para una vida útil de 20 años. Esos primeros 20 años ya pasaron, y por eso tienen el proyecto Antamina 20+, para ampliar sus operaciones,
—Visto de ese punto de vista, corren riesgo todas las minas del Perú.
Exacto. Con ese criterio, las minas de Buenaventura, que comenzaron operaciones hace 60 o 70 años, no seguirían funcionando. Julcani es una de ellas. Orcopampa y Uchucchachua también. Estas son minas subterráneas que hacen exploración y desarrollo todos los días, y van presentando sus planes de cierre actualizados.
—¿Este plan para prohibir las ampliaciones de cierres de mina, es una idea de la PCM o del Minem?
El ministro de Energía y Minas no conoce de minería. Y el viceministro de minería recién se está informando. No tiene conocimiento de la actividad minera. Es la PCM la que se ha mandado por la libre, porque no tiene las competencias para hacer eso. Este es un procedimiento administrativo que debe ser sustentado técnicamente. La PCM no tiene ninguna competencia legal. Por eso, esto no se soluciona con decir una disculpa en privado o señalar que se ha malinterpretado el tema.
—¿Se refiere a las conversaciones entre las empresas mineras y la PCM?
Sí. Esto tiene que venir con una disculpa en público. La primera ministra tiene que retractarse públicamente de lo que ha hecho, porque está dejando en el inconsciente de la población ayacuchana que estas cuatro minas se deben cerrar mañana.
—Si las comunidades no se enteran de que hubo un error, seguirán creyendo en la validez del acta firmada en Cora Cora.
Exactamente.
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—¿Entonces, no es cierto que la reunión entre las empresas mineras y la PCM ha sido fructífera?
Eso no es cierto. Esta conversación está a mitad de camino. No ha terminado, porque los ministros tenían que estar el martes en el Congreso de la República para ver asuntos presupuestarios. Solo terminará cuando se retracten públicamente.
—¿A eso se debe, entonces, la reserva de las empresas sobre los tópicos de conversación? ¿Eso está aún en camino?
Así es. Todavía está en camino. Por eso es que nadie puede dar una respuesta, porque no hay decisiones finales tomadas.