Los cinco ejes que se deberían abordar en el Mensaje Presidencial

La crisis política y la persistente corrupción han generado un grave deterioro en la confianza en las instituciones públicas. En 2023, solo el 13% está satisfecho con el desempeño del Gobierno Nacional, la mitad que en 2022. Asimismo, la confianza en el funcionamiento de la democracia se redujo a la mitad desde el 2012. Se necesita un liderazgo claro del Ejecutivo que encause la agenda del Congreso y permita avanzar en el cierre de las brechas pendientes.

El déficit fiscal alcanzó en un máximo en más de 30 años (3,9%), excluyendo la pandemia. Si bien se espera que este se reduzca a 2,8% al cierre de 2024, las continuas presiones de gasto – especialmente de gasto corriente – y la persistente contracción de los ingresos públicos han deteriorado la institucionalidad fiscal. La reciente decisión del MEF de trasladar la consolidación fiscal al siguiente gobierno agrava la situación, poniendo en riesgo el grado de inversión del país. Urge evitar nuevas medidas que comprometan indebidamente al gasto público Esta es una tarea del Ejecutivo, el Congreso y las autoridades subnacionales.

Las expectativas empresariales y del consumidor se mantuvieron en terreno pesimista durante más de 20 meses consecutivos. Ello generó un clima poco favorable para la inversión privada. Es urgente impulsar las condiciones para que esta se recupere con creces, con miras a retomar una senda de mayor crecimiento, empleo y reducción de la pobreza. El avance en la adjudicación de Asociaciones Público Privada - APP es positivo. Sin embargo, ser eficientes en la gestión (por ejemplo, en la entrega de predios) y mantener las reglas claras -por ejemplo, evitando la discrecionalidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima- es clave para que la ejecución de estos proyectos se concrete.

En el último año, las tasas de victimización y percepción de inseguridad han alcanzado niveles no vistos en los últimos cuatro años. Además, la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la ciudadanía se ha deteriorado gravemente. Recuperar la confianza de la población mediante un combate efectivo contra el crimen y las economías ilegales debe ser una prioridad para el Estado.

Los niveles de empleo se han recuperado a costa de un aumento significativo del subempleo. Sumado a los elevados niveles de inflación de los últimos dos años, los salarios reales aún están por debajo de los niveles prepandemia. Su recuperación requiere de más inversión privada y una política integral enfocada en promover el empleo formal, en lugar de políticas que resten competitividad como el aumento de la Remuneración Mínima Vital, que beneficia solo al 2% de los trabajadores.