IIMP sobre tragedia en Pataz: “Hay que perseguir a los autores del crimen y no castigar a los mineros en vías de formalización”

La suspensión de actividades mineras en Pataz, anunciada por la presidenta Dina Boluarte el pasado lunes, añadió incertidumbre a la percepción de desamparo del sector minero ante el embate de la delincuencia asociada a la minería ilegal.

Si bien el Ejecutivo ha ido aclarando su postura en los días posteriores, subsisten vacíos y equívocos, como el pedido de delegación de facultades para legislar en materia de terrorismo urbano, cuando la minería ilegal “no es una actividad urbana”, apunta Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

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— El Ministerio de Energía y Minas ha aclarado que la paralización de las operaciones mineras en Pataz no incluye a la minería formal. ¿Esta es una medida razonable?

Yo creo que es importantísimo que el ministro de Energía y Minas (Jorge Montero) haya aclarado este punto porque obligar a paralizar operaciones a una empresa, como Poderosa, que ya viene sufriendo el embate de la criminalidad y que, prácticamente, opera en condiciones heroicas, es un doble y desproporcionado castigo.

— ¿Pero a que operaciones se refiere el ministro? Si su objetivo es que se detengan las operaciones ilegales, se trata de un anuncio vacío porque estas no se van a detener.

Es cierto. El anuncio presidencial ha generado muchísima incertidumbre entre las mineras formales de Pataz. Pero también ocurre lo mismo con la aclaración del Ejecutivo, y es que la paralización será solo para las actividades mineras que no se han podido formalizar hasta la fecha.

— ¿La paralización aplicaría solamente para los mineros en vías de formalización?

Allí puede haber mineros artesanales y de pequeña escala que están en vías de formalización, y que se les obligaría a paralizar cuando ellos son tan víctimas de la minería ilegal como lo son la mediana minería y la gran minería. Todos los niveles de minería formal están siendo amenazados por la minería ilegal en Pataz.

— ¿Incluyendo a los mineros artesanales?

No solamente han muerto trabajadores de la gran y mediana minería en Pataz, sino, sobre todo, trabajadores que tienen pocos recursos para revestirse de seguridad.

— Se trata de trabajadores que explotan mineral para Poderosa. Si la medida del Gobierno se aplica, la empresa se quedaría sin una fuente de suministro.

Se trata, sobre todo, de la fuente de ingresos para esos hogares. Hablamos de personas que viven del día a día y que ya están formalizadas o que tienen una real intención de formalizarse. Entonces, hay que ver si la sanción hacia ellos está bien proporcionada porque, a quiénes hay que perseguir es a los autores del crimen. Por eso, hay que pensar bien este tipo de medidas porque pueden terminar convirtiéndose en una doble sanción para quien ya sufre el problema de la criminalidad.

DELEGACIÓN DE FACULTADES

— ¿Qué opina respecto de la delegación de facultades solicitada por el Gobierno para combatir la minería ilegal?

Nos parece muy acertada. Justamente, nosotros habíamos propuesto esa medida el lunes por la mañana en una entrevista en Canal N. Estamos convencidos de que esa es la ruta porque es uno de los mecanismos que el Estado tiene para defenderse y defendernos frente a este flagelo de la criminalidad vinculada a la minería ilegal. Pero también va a ser muy importante cómo se plantea el pedido de facultades. Es decir, que el Ejecutivo no puede pedir facultades para legislar sobre una materia y terminar legislando sobre otra.

— ¿La presidenta no ha aclarado para qué es el pedido de facultades?

Es muy importante el pedido de la presidenta, pero lo ha hecho muy rápido y mediando pocas horas desde el anuncio de la tragedia. Con mayor asesoría, nosotros creemos que el foco de la legislación tiene que estar en la minería ilegal. Todos los peruanos estamos esperando eso.

— ¿No fue eso lo que dijo la presidenta?

Ayer escuché el mensaje de la presidenta y entendí que el pedido era para legislar en materia de terrorismo urbano. Nos ha preocupado un poco ese anuncio porque la minería ilegal no se desarrolla en zonas urbanas. No es una actividad urbana. Por lo tanto, no entendemos a qué tipo de criminalidad se estaría combatiendo con esta legislación delegada. En ese sentido, el IIMP se pone a disposición de la presidenta de la República y los ministros para asesorar el Gobierno y lograr que esta delegación de facultades sea como todos los peruanos esperamos: para combatir la minería ilegal.

— ¿La delegación de facultades debe referirse específicamente a la minería ilegal?

Ese es el foco. Es la fuente de ingresos y recursos que está obteniendo la criminalidad asociada a esta actividad. Si no cortamos esta cadena de abastecimiento de dinero sucio, luchar contra las manifestaciones más periféricas es una tarea imposible. Creemos que hay que ir al foco del problema, el cual es la minería ilegal que viene operando con absoluta impunidad al cobijo del Reinfo desde hace 9 años.

— ¿Cuáles son las medidas que debería incluirse en este pedido de facultades?

Nosotros lo venimos repitiendo desde hace un tiempo. Creemos que la minería ilegal ha desbordado al Minem. Antes era un problema de una dirección de formalización minera, pero se ha convertido en un real problema y amenaza para el Estado peruano y el estado de derecho. Descubrimos, todos los días, que hay zonas liberadas donde no existe el Estado y lo que rige es la ley de la jungla y el que tiene más armas gobierna. Esto es inaceptable.

“Lo que la presidenta ha dicho es que los Reinfo en condición de suspendidos ya no van a poder operar. Es un avance, pero lo que queremos es que el Reinfo sea eliminado. Porque esto y el mayor precio del oro son las causas principales de la que la minería ilegal se haya desarrollado de gran manera en el país".

— ¿Qué propone el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú?

Creemos que esto debe ser afrontado por el Estado de otra manera. Por lo tanto, la delegación de facultades debería servir, entre otras cosas, para crear una institución muy similar a Devida. Devida es la comisión para la vida sin drogas, que sienta a todos los sectores del Estado alrededor de una misma mesa. Nosotros creemos que el principal error en la lucha contra la minería ilegal es que el Estado no está actuando de manera articulada. En eso, a la presidenta Baluarte no le falta razón.

— ¿En qué sentido no le falta razón?

Ocurre que la Policía captura a un minero ilegal y el Ministerio Público lo libera porque están amenazados. Porque hay corrupción. Por la causa que sea. Si el Estado no articula los esfuerzos de todos sus actores y no elabora un plan de lucha contra la minería ilegal, no vamos a tener éxito en este esfuerzo. El modelo de Devida, con las décadas que ya tiene luchando contra las drogas, puede ser duplicado y mejorado para la lucha contra la minería ilegal.

— ¿Qué se requeriría para eso?

Esto requeriría de un decreto legislativo. Y para eso debería servir la delegación de facultades: para que el Estado se revista de un mejor marco jurídico y de una mejor organización interna que le permita hacer frente a esta gran amenaza.

— ¿Esto reforzaría la labor del Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal?

Lo que pasa es que el comisionado, si bien tiene toda la buena intención de luchar contra este problema, no puede dar órdenes a los ministerios ni disponer del presupuesto del Ministerio Público o del Poder Judicial porque no es su función. Su función es la de ser un coordinador que despacha con el premier, pero no tiene autoridad.

— ¿Qué otras medidas serían importantes?

La elaboración de la Ley de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE) parecería ser algo imposible de alcanzar en un Congreso tan fragmentado y con diversos intereses. Por lo tanto, yo creo que la delegación de facultades es una oportunidad para que tengamos una verdadera ley de promoción de la MAPE. La idea es sacar un decreto legislativo que regule a la MAPE, y con esto se pondría fin al Reinfo, que tanto daño ha causado al país en estos nueve años que tiene de funcionamiento. Y que tan pocos resultados ha mostrado.

— La presidenta también habló de la exclusión de todos los Reinfo suspendidos en Pataz. ¿Esa es una medida útil?

Sí. Esa es una buena medida. Lo que la presidenta ha dicho es que los Reinfo en condición de suspendidos ya no van a poder operar. Eso es un avance, pero lo que queremos es que el Reinfo sea eliminado. Porque esto y el mayor precio del oro son las causas principales de la que la minería ilegal se haya desarrollado de gran manera en el país.