Álvaro Correa

Semanas atrás pasé delante de la sede de la Corte Suprema de Justicia de Nueva York y me llamó la atención la frase que coronaba el frontis del espléndido edificio neoclásico: “The true administration of justice is the firmest pillar of good government”. En poco más de dos clicks descubrí que la frase fue extraída de una carta que le envió George Washington a Edmund Randolph en 1789, en la cual le pedía que sea el primer fiscal general de un país que empezaba a formarse.

Washington también le decía que necesitaba al más idóneo y le rogaba considerar seriamente el encargo: quería un futuro mejor para los norteamericanos recién independizados y eso lo llevó a buscar a las mejores personas, gente con principios y dispuesta a sacrificarse por el bien común.

Todos tenemos diferentes opiniones de lo que ha representado Estados Unidos desde que se formó hasta hoy, pero no podemos dejar de reconocer que es un país increíblemente fuerte y que mantiene el liderazgo mundial gracias, en gran medida, a la fortaleza de sus instituciones.

Lo cierto es que no bastó con crearlas en el papel, sino que mucho más importante fue trabajar para que cumplan su rol y subsistan en el tiempo, y eso lo hicieron las personas que las dirigieron, aquellos líderes –como Washington y Randolph– con visión, con un propósito claro, que buscaron llegar a sus descendientes una gran nación.

El Perú pasó por un proceso similar de independencia hace unos 200 años, momento en el cual nuestros padres de la patria querían construir un país soberano y con un mejor futuro. Entonces se concebía un “poder judiciario” independiente, como señalaba nuestra primera constitución política. Tomó mucho tiempo, y no menos esfuerzo, echar a andar nuestro sistema judicial, el cual fue sufriendo sucesivas transformaciones e interrupciones hasta llegar a lo que hoy tenemos.

Debemos analizar si el actual sistema judicial peruano es verdaderamente independiente, objetivo, imparcial, como fue concebido, y si ha servido como “pilar para el buen gobierno”, como reza la frase que inspiró este artículo.

Una reciente encuesta de opinión de Datum sobre el Poder Judicial, la Corte Suprema y la Fiscalía de nuestro país muestra resultados alarmantes. El sistema no está funcionando.

Es imposible pensar que podemos construir un país sin un sistema de justicia que le dé a los peruanos las condiciones mínimas de seguridad, equidad, defensa de derechos y, sobre todo, la base necesaria para construir una democracia sólida. No creo que la solución sea rediseñar (una vez más) las instituciones. Se trata de personas. Son los magistrados y fiscales en sus distintos niveles, los llamados a cambiar esta realidad y hacerlo con el máximo sentido de urgencia.

Quienes ocupamos posiciones de liderazgo tenemos la responsabilidad de exigir que el Estado cuente con instituciones judiciales que funcionen, para lo cual se necesita no sólo gente idónea técnica y moralmente sino, sobre todo, que tenga clara su verdadera responsabilidad con el país, actuando con desprendimiento y patriotismo.